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Política

Javier Milei echó al secretario de Trabajo, Omar Yasin, por el aumento de sueldo para el Gabinete

En medio del escándalo, Milei decidió echar a Omar Yasin, a quien hizo responsable por el decreto que dispuso un sueldazo para funcionarios. Curiosamente, la firma del saliente secretario no figura en el decreto que dispuso la suba, y sí la del jefe de Estado.

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En medio del escándalo por el aumento de sueldo para los jerárquicos del Poder Ejecutivo, incluido el propio Presidente, Javier Milei decidió echar al secretario de Trabajo, Omar Yasin, a quien hizo responsable por el decreto que dispuso un incremento de casi 50%. Curiosamente, la firma del funcionario no figura en el decreto que dispuso la suba, y sí la del jefe de Estado.

“Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo en una entrevista televisiva.

En respuesta a la polémica que generó durante el fin de semana el aumento salarial para la cúpula del Ejecutivo nacional autorizada por el presidente Javier Milei de 48%, a través del Boletín Oficial y bajo el Decreto 235/2024, el Gobierno oficializó la marcha atrás con el incremento y el congelamiento de los salarios del Poder Ejecutivo.

Pese a que el decreto que dispuso el aumento llevaba su firma, la del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; el Presidente apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado un decreto que estipuló que los cargos políticos debían cobrar más que los empleados de la administración pública. Y ahora, además, responsabilizó a Yasin y lo echó.

«Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno», expresó el mandatario nacional en redes sociales.

En esa línea, el Presidente aseguró: «Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos».

«Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido», sostuvo el jefe de Estado.

Por otra parte, Milei consideró que en «un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política».

Una hora más tarde, Cristina Kirchner publicó una replica a la acusación del mandatario. «Lo hacía más valiente Presidente.

Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48 por ciento ¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?», interrogó CFK.

«Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue», criticó la ex presidenta.

En tanto, ante la respuesta de la ex mandataria, Milei replicó: «Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter».

«Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección», escribió Milei.

Pero el debate en redes no terminó ahí, ya que la ex vicepresidenta lanzó un nuevo mensaje contra el libertario en el que mostró los decretos firmados por el propio mandatario, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, donde se aprueba el ajuste en los sueldos del Ejecutivo.

«Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron», chicaneó Cristina.

En este sentido, agregó: «Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver».

El cruce entre Presidente y CFK se produjo después de que la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz denunció que Milei decretó un incremento del 48 por ciento para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

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Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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