El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches, el saliente secretario de Discapacidad, presentaron ante la Justicia una serie de documentos de los que se desprendería que la entidad abonó insumos a valores hasta 1.972% más caros que los que abonaban otras reparticiones públicas como el PAMI, además de pagos duplicados, productos importados que tenían mayor costo y menor durabilidad que otros similares de origen nacional y casos en los que hubo supuestos errores de categorización.
En el escrito, consideraron que existieron “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. La investigación, realizada por La Nación, reveló una serie de informes técnicos sobre compras realizadas por la ex ANDIS que habrían sido firmados el 15 de octubre de 2025 —menos de dos meses después de que comenzara el escándalo por los audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo— y el pasado 10 de abril.
El primer documento presentado hace referencia a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. Un segundo escrito incluye además insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.
Ya en octubre, Vilches había señalado que su intervención afrontaba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos «orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades». En ese momento, el ex interventor también incluyó múltiples observaciones que «podrían configurar apartamientos a las normas».
El informe comienza con un pago correspondiente a Farma Salud de $ 425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter realizado el 8 de julio de 2025. El informe comparó ese gasto con otro, realizado por el PAMI, que «a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $ 124.200.000«. Es decir, a menos de un tercio de su valor.
En otra comparación, también se apuntó contra Farma Salud por los precios de la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, en el que la diferencia entre lo facturado a la ex Andis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711%.
El informe detectó además «una diferencia sustancial» en el valor de los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta, en el que el precio promedio abonado por unidad «resultó de US$ 62.613». En contraste, se estableció que una adjudicación similar realizada en septiembre, «estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen». En esa línea, el informe explica también que la referencia de mercado para ese mismo insumo se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. «El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado«, afirma Vilches en su escrito.
Las diferencias entre los valores de mercado y los abonados por la ANDIS continúan a lo largo del documento, que apunta también contra la proveedora Indecomm, pero por otro motivo: en noviembre, concentró seis facturas emitidas a la ex ANDIS y una de ellas, la B 00001-00000958, por $ 28,7 millones, habría sido abonada en dos oportunidades.
Entre las múltiples irregularidades, el informe suma la compra de un neuroestimulador cuyo valor abonado tuvo una diferencia del 219 por ciento con los montos de mercado. Según los técnicos, Neurosalud recibió por ese dispositivo un pago de $ 132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido el mismo neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $ 41,5 millones por unidad.
Un segundo informe no mejora el panorama
El segundo informe que cita La Nación, firmado en abril de este año, consigna «errores de categorización técnica». Se trata de la facturación de «unidades C01 a precios de entre $ 11 y $ 14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $ 1,3 y $ 2,3 millones», según sostiene el documento.
En esa línea, la denuncia sostiene que los requerimientos terapéuticos del paciente podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece «superior durabilidad y ajuste anatómico», y tiene un precio menor. «La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero«, enfatizaron.
Está también el caso de un paciente de Río Negro, quien necesitaba la prótesis para una amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que se la habían entregado, pero eso nunca ocurrió. «Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien», explica al respecto el informe.
En el documento se incluyó también una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, según consignó La Nación, desde la Ortopedia Bernat indicaron que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y explicaron que, en ese caso en particular, se había contemplado «algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado«.
La investigación judicial incorporó los informes de Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia ANDIS. Y, en base a esto, el fiscal federal Franco Picardi enfocó la acusación en un sistema de licitaciones presuntamente limitado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas que recomiendan las autoridades.
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