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Política

Jaldo destacó que Tucumán tiene superávit fiscal

Así lo aseveró el mandatario Osvaldo Jaldo durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas.

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Ante la presencia del pleno de los legisladores del Poder Legislativo, Poder Judicial y miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo, el gobernador, Osvaldo Jaldo, en su discurso de apertura de sesiones 2025 de la Legislatura de Tucumán se refirió a la situación económico financiera del provincia de Tucumán y destacó el hecho de que el Presupuesto 2025 fue sancionado por la Legislatura de Tucumán y continúa con su trámite habitual. Al tiempo que destacó que la Ley Madre sostiene el superávit fiscal cumplido en el período 2024, el incremento de partidas en áreas claves, la apertura dialoguista a paritarias en 2024 en cinco oportunidades con negociaciones absolutamente normales, el cumplimiento del pago de haberes a los trabajadores estatales en tiempo y en forma y la ejecución de obras estratégicas.

Jaldo dijo que para sostener el superávit fiscal, es clave no gastar más de lo que ingresa. A la vez dijo que se incrementaron las partidas en todas las áreas sensibles. Salud tiene un mayor porcentaje del presupuesto 2025, Educación, Seguridad y la Asistencia Social. Un presupuesto que está destinado exclusivamente a atender las áreas esenciales del Gobierno de la provincia.

El mandatario explicó que el superávit fiscal implica posee un plus que permite habilitar partidas para que después de muchos años, la provincia de Tucumán pueda realizar obras públicas con recursos provinciales. Esto obedece también a que los convenios que firmados con la Nación son mayoritariamente un porcentaje financiado por el Gobierno nacional y otro porcentaje financiado por el Gobierno provincial.

Jaldo recordó que cuando asumió su equipo de gobierno, el 29 de octubre de 2023, había que pagar los sueldos. La provincia tenía que anunciar el cronograma de pago de octubre, que se paga a los primeros días de noviembre, y la caja del Gobierno estaba en cero.

En este punto, el Gobernador detalló que anteriormente se venía pagando con descubierto del Banco Macro, es decir que eran casi 70 mil millones de pesos en descubierto del banco.

Jaldo indicó que esto significaba que no había dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos.   Explicó que el sistema que se venía implementando de endeudamiento, no dejaba otra opción y se tuvieron que pagar los sueldos de noviembre, de diciembre y el medio aguinaldo con descubierto pagando intereses importantes de la provincia.

Recordó, además, que el primero de enero de 2024, el gobierno nacional emitió una resolución donde los bancos no pueden prestarle más al Estado, ni al estado nacional, ni al estado provincial, ni a los estados municipales.

Sin embargo, gracias a la posición dialoguista que asumió el gobierno provincial, hablando con los funcionarios de Economía y de Interior, hicieron un anticipo de coparticipación, lo que oxigenó el inicio de la gestión.

Equilibrio fiscal

Otro de los logros que mencionó el Gobernador fue el de eliminar todos los gastos innecesarios y superfluos y la reestructuración del organigrama de la Provincia, achicando de manera sustancial los gastos del Poder Ejecutivo provincial. Medida que contó con el acompañamiento del resto de los poderes del Estado en cuanto a la austeridad.

También remarcó las medidas tributarias que permitieron mejorar los ingresos y  llegar a fines del 2024 con un equilibrio fiscal y superávit, lo que implica que no tener desudas en descubierto. La deuda del fondo fiduciario que quedó de la gestión pasada por casi 70 mil millones de pesos, actualizado en el mes de octubre del año pasado, fue refinanciada en el Banco de la Nación Argentina, gracias a la colaboración del Gobierno Nacional.

Jaldo detalló: “En mi mandato constitucional vengo a dar cuenta a este honorable cuerpo en la apertura de su 120 período de sesiones ordinarias y al pueblo de la provincia de acciones desarrolladas en cumplimiento de los compromisos asumidos en el anterior mensaje, así también de los proyectados para el presente año. Manifestaba en aquella oportunidad la preocupación por los tiempos difíciles que nos tocaba vivir, tanto en el contexto internacional marcado por la guerra como en el nacional caracterizado por dificultades económicas, sociales y, por qué no decir, políticas. En efecto, vivimos en un mundo de constante cambio, con tensiones geopolíticas y conflictos bélicos que, aunque parezcan distantes, tienen un impacto directo en nuestras vidas cotidianas. La guerra tiene un efecto expansivo que se extiende mucho más allá de la frontera de los países en conflicto. En ese escenario global, ni Argentina ni Tucumán son ajenos a los efectos secundarios de los conflictos internacionales. Aunque no estamos directamente involucrados, los efectos de estas guerras repercuten profundamente en nuestra economía y causan un daño irreparable en la humanidad. Decía también que trabajaríamos sin tener en cuenta banderías políticas, priorizando el diálogo institucional con cada uno de los espacios políticos de la provincia y del gobierno nacional. Respetuoso de la voluntad popular, desde un principio acompañamos institucionalmente al gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino, sin importar de qué espacio político fuera, porque queremos lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra querida provincia de Tucumán”.

“Como consecuencia, el llamado Pacto de Mayo, que se intentó firmar en distintas provincias y distintas fechas, ha sido finalmente suscrito en Tucumán el 9 de julio del 2024, entre el presidente y 18 gobernadores de las diferentes provincias argentinas, como alguna vez lo hicieron los congresales de 1816. Acá en Tucumán se firmó el Pacto de Mayo”, dijo.

Sostuvo además: “comenzamos nuestra gestión el 29 de octubre del 2023, con desequilibrios financieros muy importantes, a punto tal que para hacer frente a las obligaciones salariales se recurría a descubiertos otorgados por el Banco Macro, agente financiero de la provincia de Tucumán. Nos encontramos también con un pasivo exigible aproximadamente de 78.000 millones de pesos y en producto del diálogo con el Gobierno de la Nación hemos logrado refinanciar en 36 cuotas con 12 meses de gracia a través de un préstamo con dicha institución. Con esto se logró bajar sensiblemente los servicios de dicha deuda a tasa variable en un contexto de tasa de interés decreciente, congelar el capital adeudado y cancelarlo en un periodo de tiempo mayor, disminuyendo así los desembolsos por amortización de capital”.

“Nos propusimos recuperar el equilibrio fiscal, ese equilibrio fiscal tan hablado y comentado en la República Argentina, lo que se logró con mucho esfuerzo, a pesar que durante el año 2024 los recursos nacionales cayeron un 9.7% en términos reales y los provinciales un 4% como resultado de la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, hoy restituido parcialmente y de la fuerte caída también de la actividad económica. A esto se sumó la eliminación de las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional”, analizó.

El mandatario, de acuerdo en el último dato del estimador mensual de la actividad económica publicado por el INDEC, informó que “la economía se contrajo un 1.8% en el 2024. Esto significa una caída de casi 240.000 millones en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, por la consecuente caída en la recaudación provincial y en la coparticipación nacional. En Tucumán, a pesar de todo lo manifestado, hemos ordenado las cuentas públicas sin incrementar ninguna alícuota impositiva. Todo lo contrario, el gasto tributario consiste en exenciones y alícuotas ceros, tanto en actividades primarias como comercios y servicios. Estas decisiones de exenciones y alícuotas ceros ascienden para este año a la suma de 35.000 millones de pesos para el presente periodo”.

“Cabe destacar que muchas de estas exenciones han sido otorgadas por este Poder Legislativo. Con estas medidas y algunas más de autoridad, reestructurando el organigrama y la eliminación de gastos innecesarios, ejecutamos el Presupuesto 2024 en su totalidad y así haremos con el Presupuesto 2025, recientemente aprobado por esta Cámara, con la misma austeridad y sin resentir los servicios básicos de salud, seguridad, educación y asistencia social. En este sentido, es importante destacar la diferencia con el Gobierno Nacional y con otros distritos provinciales que al día de hoy no cuentan con los presupuestos del 2025 aprobados. Por eso quiero en estos momentos agradecer al Presidente de esta Honorable Legislatura y a través de él a todos los señores legisladores que han permitido que la Provincia de Tucumán tenga un Presupuesto 2025 sancionado, promulgado, impuesto en vigencia en tiempo y forma”.

Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

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El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

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Política

La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.

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En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.

Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.

Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.

El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

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Política

Rechazo del Sadop al decreto de Jaldo sobre penas a estudiantes y colegios

Desde la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares advirtieron que los términos del decreto 772-/ (MS) prioriza lo punitivo y expulsivo.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresó su profunda preocupación y rechazo ante los términos del Decreto 772-7 (MS), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero. «Desde nuestra organización advertimos que el enfoque adoptado prioriza lo punitivo y expulsivo, por encima de los mecanismos pedagógicos y el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes», expresa un comunicado que lleva la firma de Mario Dionisi, ecretario General del Sindicato de Docentes Particulares.

La escuela no es un centro de detención.
El sindicato sostiene que la seguridad en el ámbito escolar no debe ser potestad del sistema penitenciario ni de las fuerzas policiales. El decreto actual omite herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, la educacion emocional, desplazando la voz de docentes, alumnos y padres en favor de una lógica de control, vigilancia, expulsión y reclusión.

Una respuesta «espasmódica» e ineficaz
Consideramos que la amenaza de expulsión y castigo, es una reacción superficial frente a una conflictividad social que va in crescendo. «La sanción no puede ser el único camino, ni la solución; es una respuesta para mostrar acción que no aborda el fondo del problema». El Estado debe asumir su responsabilidad generando condiciones de prevención y no delegando la resolución de conflictos escolares en el Ministerio de Seguridad.

SADOP recordó que, según la normativa nacional vigente, están expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los jóvenes en el sistema.

La expulsión de adolescentes no solo es una medida regresiva, sino que les quita el soporte fundamental para su formación ciudadana y convivencia democrática.

Nuestra propuesta: Abordaje Integral e inversión en educación real y contextualizada.
Instamos al Gobierno Provincial a dar marcha atrás con la lógica punitiva y apostar por:

Fortalecimiento del sistema de protección: Involucramiento de todas las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

Habilitación de la palabra: Espacios donde los estudiantes participen activamente en la resolución de sus conflictos.

Promoción de la paz: Refuerzo de la escuela como el lugar central para la construcción de una democracia moderna y no violenta.

La escuela debe seguir siendo el espacio donde la palabra circule y la paz se construya. Expulsar es negar un derecho; dialogar es educar.»
​Mario Dionisi, Secretario General de Sadop Tucumán
Liliana Rojas , Secretaria de Comunicación y prensa
San Miguel de Tucumán, 16 de abril de 2026

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