Con la puesta en funcionamiento del establecimiento socioeducativo para menores en conflicto con la ley que ya funciona en el predio del penal de Benjamín Paz, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el cierre definitivo del Instituto Roca y una reorganización integral del sistema de atención para adolescentes con causas penales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Acuerdo N° 16/4, publicado este 27 de abril en el Boletín Oficial, con la firma del primer mandatario y el acompañamiento de todos sus ministros.

En los fundamentos de la medida, el decreto sostiene que “resulta necesario actualizar la organización de los dispositivos existentes a fin de adecuarlos a nuevos criterios, orientados a mejorar las condiciones de atención, cuidado y acompañamiento de los adolescentes”.

El instrumento plantea que el sistema actual requiere una redefinición institucional y señala que el histórico centro de menores “Julio A. Roca” “forma parte de un sistema que requiere ser definido en función de lineamientos actuales”.

En ese marco, el Gobierno provincial aprobó el Manual de Organización del Establecimiento Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero – Benjamín Paz”, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El establecimiento había sido creado previamente mediante el Decreto 112/4 del 28 de enero de este año, y con la nueva disposición se formaliza su estructura organizativa, su organigrama y las funciones de cada área.

Según el decreto, el objetivo es “dotar de mayor coherencia funcional, favorecer la alineación de competencias, agilizar los circuitos administrativos y asegurar una asignación eficiente de recursos” dentro del sistema provincial de atención a adolescentes con causas penales.

El nuevo espacio tendrá como misión “brindar un espacio transitorio de atención, protección y convivencia para adolescentes varones de 16 a 18 años de edad, en conflicto con la ley penal, cuando medie orden de autoridad competente, para su alojamiento y, mediante el tratamiento individual y familiar, lograr su reinserción social con un proyecto personal de vida elaborado”.

De acuerdo con el anexo del decreto, el establecimiento deberá desarrollar acciones de atención integral en materia alimentaria, médica, educativa y recreativa, además de trabajar en la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios de los adolescentes alojados.

Entre sus funciones también se contempla “planificar y coordinar acciones con equipos interdisciplinarios que produzcan diagnóstico de la situación familiar y social del joven”, así como promover programas de capacitación laboral que permitan “lograr una mejor reinserción en la sociedad”.

La normativa también establece que el centro deberá articular acciones con organismos gubernamentales, organizaciones sociales e instituciones públicas o privadas, además de realizar el seguimiento judicial de los casos y elevar informes periódicos a las autoridades correspondientes.

Cierre del instituto Roca

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión administrativa es el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores Julio A. Roca, que durante décadas funcionó como principal espacio de alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia.

Para concretar la medida, el decreto faculta a la Secretaría de Estado de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. En ese sentido, el artículo 2 de la norma establece que se deberán efectuar “las adecuaciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para la efectiva aplicación del presente decreto acuerdo, como así también para el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores ‘Julio A. Roca’”.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a modernizar el sistema de intervención estatal en materia de niñez y adolescencia, en línea con criterios actuales de abordaje socioeducativo y restitución de derechos.

A partir del 1° de mayo, los usuarios del servicio de gas natural en Tucumán comenzarán a percibir el impacto de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para la empresa distribuidora Naturgy NOA S.A.

Esta medida se inscribe en la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional, específicamente en los segmentos de transporte y distribución. El nuevo esquema contempla una reconfiguración estructural que integra ajustes inflacionarios mensuales y la implementación de un sistema de subsidios destinado a proteger a los hogares con menores ingresos.

La reconfiguración del sistema de transporte

El corazón normativo de esta actualización se refleja en la Resolución 458/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Nación. La misma avanza sobre la reconfiguración del sistema, un proceso que obliga a las licenciatarias a reasignar capacidades sobre las rutas de los gasoductos existentes.

Según establece el documento oficial, la autoridad regulatoria instruyó a Naturgy NOA a:

«Celebrar nuevos contratos de transporte firme y/o adecuar los ya vigentes… los que deberían entrar en vigencia a partir del 1° de mayo de 2026».

Se ordenó a la empresa suscribir estos nuevos compromisos bajo apercibimiento de severas sanciones, remarcando la importancia de estas medidas operativas para no “poner en riesgo la seguridad de abastecimiento de sus usuarios”.

Un componente determinante para el bolsillo del usuario final es el traslado de los costos de producción. La normativa fija la creación del Precio Anual Uniforme (PAU), el cual será trasladado a los clientes en relación con los contratos de abastecimiento del programa conocido como Plan Gas.Ar (Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos).

Este valor promedio se aplicará de forma constante a los consumos realizados durante todo el año 2026, buscando otorgar previsibilidad en las facturas frente a los fuertes saltos de consumo propios del invierno.

Cómo funcionarán los nuevos Subsidios Focalizados

Para mitigar el impacto del aumento en los presupuestos familiares, el Gobierno nacional implementó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

A diferencia de los esquemas tarifarios anteriores, bajo este nuevo formato las bonificaciones tendrán una aplicación específica:

«Aplicarían exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar, según lo determine la autoridad de aplicación».

En este sentido, el ENARGAS dispuso que la facturación de Naturgy NOA deberá reflejar con total claridad el PAU y, en los casos que corresponda, los descuentos aplicados por los subsidios SEF, para asegurar que el beneficio del Estado llegue de manera transparente a quien realmente lo necesita.

Revisiones quinquenales y aumentos mensuales

Por último, la resolución contempla la continuidad de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030. Desde el ente regulador recordaron que el incremento resultante de este proceso estructural se viene aplicando de forma gradual, habiéndose dispuesto que el mismo se haga efectivo «en 31 aumentos mensuales y consecutivos».

Asimismo, la normativa prevé que las tarifas se ajustarán mensualmente de acuerdo con la variación operada en los índices macroeconómicos establecidos por el organismo.

Para que la medida entre en plena vigencia, la licenciataria Naturgy NOA cuenta con la obligación de publicar los nuevos cuadros tarifarios detallados en medios de gran circulación provincial dentro de los próximos diez días hábiles.