Tucumán volvió a superar la tonelada de cocaína decomisada durante los primeros diez meses del año y se convirtió, por primera vez en al menos una década, en la segunda provincia del NOA con mayor volumen de droga incautada. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad secuestraron 1.014 kilos, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2025, pese a que en el conjunto de la región los decomisos disminuyeron un 33%. Los resultados encendieron nuevas advertencias sobre posibles cambios en las rutas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes.

La provincia quedó únicamente por detrás de Salta, donde se incautaron 2.029 kilos de cocaína. En las restantes jurisdicciones del noroeste argentino, las cantidades fueron considerablemente inferiores: Jujuy registró 459 kilos, Santiago del Estero 343 y Catamarca 133.

La comparación interanual mostró una diferencia significativa entre Tucumán y sus provincias vecinas. Mientras los secuestros locales retrocedieron apenas un 1,3%, desde los 1.027 kilos registrados en 2025, Salta y Jujuy experimentaron caídas del 46,4% cada una. En Santiago del Estero la disminución alcanzó el 74,1%, mientras que en Catamarca fue del 67,6%.

Las cifras fueron elaboradas mediante una recopilación de procedimientos informados por Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las fuerzas policiales provinciales.

La ausencia de una base nacional pública y unificada impide contar con estadísticas completas y homogéneas sobre los estupefacientes incautados. Cada institución administra sus propios registros y los datos federales no siempre contemplan los operativos realizados por las policías locales.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, advirtió que esa falta de información dificulta la planificación de políticas de seguridad y obliga a las autoridades a desarrollar estrategias con estadísticas parciales.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, atribuyó la continuidad de los resultados provinciales al Operativo Lapacho, un dispositivo de vigilancia permanente sobre los límites de Tucumán que funciona durante los 365 días del año.

Como ejemplo, mencionó el fortalecimiento de los operativos en el puesto de 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero. Según sostuvo, esa estrategia también favoreció el incremento de los secuestros de marihuana y cocaína en el departamento santiagueño Pellegrini, donde las autoridades implementaron controles similares.

Girvau aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a las autoridades de seguridad para promover la aplicación de este modelo de vigilancia en otras provincias del NOA.

Más allá del volumen total de droga incautada, las estadísticas tucumanas revelaron una modificación importante en las características de los procedimientos.

Durante 2025 se realizaron 34 operativos que permitieron secuestrar 1.027 kilos de cocaína, con un promedio de 30,2 kilos por intervención.

En cambio, durante los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 23 procedimientos, en los que se decomisaron 1.014 kilos. Esto elevó el promedio a 44,1 kilos por operativo, lo que representa un incremento cercano al 46% en la cantidad de droga incautada por intervención.

El dato indica que, aunque disminuyó la cantidad de procedimientos, los cargamentos interceptados fueron, en promedio, considerablemente mayores.

Entre los operativos más importantes del año sobresalió el secuestro de 470 kilos de cocaína transportados en una camioneta hacia Atahona, en el sudeste tucumano.

Los investigadores analizan la posibilidad de que ese cargamento hubiera ingresado previamente mediante un vuelo clandestino, una hipótesis que adquirió relevancia a partir de los cambios detectados en las modalidades del tráfico regional.

Otro procedimiento significativo se desarrolló sobre la denominada Ruta de los Valles, un corredor que atraviesa sectores montañosos y que habría sido utilizado para transportar 48 kilos de cocaína con destino a Simoca.

En ese caso, personal de Gendarmería Nacional interceptó el cargamento y frustró su traslado.

El tercer episodio destacado involucró a dos mujeres bolivianas que habían viajado hasta San Pedro de Colalao para recibir tres kilos de cocaína de personas cuya identidad no fue precisada.

Según la investigación, ambas pretendían transportar la droga hacia Buenos Aires, pero fueron detenidas durante un control realizado en el peaje de Molle Yaco.

Estos procedimientos reforzaron las sospechas sobre una posible reconfiguración de las rutas del narcotráfico, especialmente después de la implementación de nuevas políticas de vigilancia en las zonas fronterizas del norte argentino.

El fiscal federal salteño Ricardo Toranzos había advertido que el funcionamiento de las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes comenzó a modificarse a partir de la puesta en marcha del Plan Güemes y del anuncio del Operativo Roca, que todavía no se encontraba operativo.

Las aeronaves podrían aterrizar en pistas improvisadas o arrojar cargamentos en lugares previamente establecidos para su posterior traslado por tierra.

La situación también generó cuestionamientos desde la propia provincia de Salta.

Rodolfo Zigarán, interventor de Aguas Blancas, consideró que el aumento relativo de los secuestros en Tucumán podría constituir una señal de que las organizaciones criminales están modificando sus circuitos de distribución.

El funcionario cuestionó los resultados del Plan Güemes y reclamó una revisión urgente de su funcionamiento, al advertir sobre el riesgo de que Tucumán se transforme en un centro de almacenamiento y redistribución de estupefacientes.

Sus declaraciones plantearon una interpretación diferente de las estadísticas: mientras las autoridades tucumanas consideran que los decomisos reflejan la efectividad de los controles, otros funcionarios entienden que también podrían evidenciar un desplazamiento de las actividades del narcotráfico hacia el interior del NOA.

Dib reconoció que la modificación de los corredores utilizados por los traficantes constituye uno de los principales desafíos actuales.

El secretario sostuvo que Jaldo había planteado inicialmente esta problemática ante las autoridades nacionales y que posteriormente otros gobernadores del noroeste se sumaron a los reclamos. Sin embargo, afirmó que todavía no se habían obtenido las respuestas esperadas.

En ese contexto, el funcionario confirmó que trabajó junto con la diputada nacional Eliana Bruno, de La Libertad Avanza, en una iniciativa legislativa destinada a establecer un régimen de derribo de aeronaves vinculadas con vuelos ilegales.

La propuesta fue presentada ante los ministerios nacionales de Seguridad y Defensa, según indicó Dib, quien relacionó la necesidad de esa herramienta con el presunto incremento de los vuelos utilizados para transportar drogas en la región.

Desde la conducción policial tucumana anticiparon que los próximos pasos estarán orientados a reforzar la vigilancia fronteriza, mejorar el intercambio de información con otras fuerzas y ampliar la utilización de herramientas tecnológicas para detectar movimientos sospechosos.

Girvau señaló que los operativos deberán modificarse constantemente para responder a los cambios de estrategia de las organizaciones narcotraficantes.

La evolución de los decomisos durante 2026 dejó así dos lecturas que deberán ser analizadas por las autoridades: Tucumán mantuvo prácticamente sin variaciones la cantidad de cocaína secuestrada y aumentó el volumen promedio de los cargamentos interceptados, mientras que las demás provincias del NOA registraron fuertes retrocesos.

Aunque estas cifras no permiten determinar por sí solas cuánto aumentó o disminuyó el tráfico real de estupefacientes, sí muestran un cambio significativo en la distribución regional de los secuestros.

El desafío para los investigadores será establecer si ese comportamiento responde principalmente a una mayor eficacia de los controles provinciales, a una modificación de las rutas del narcotráfico o a una combinación de ambos factores.