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Política

Casanello investigará a Milei por demorar la ley de emergencia en discapacidad

El juez federal abrió una causa contra el Presidente por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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El juez Sebastián Casanello afirmó que investigará al presidente Javier Milei por demorar en la implementación de la ley emergencia en discapacidad. La decisión tiene lugar luego de una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«Se informa que se procedió a realizar el ingreso de la denuncia, quedando asignada por sorteo al Juzgado Federal 11 y registrado bajo el número CFP 4003/2025», informaron de manera oficial desde la Justicia de Comodoro Py, ante quienes presentaron la acusación.

Además del mandatario, en dicha demanda también apuntan contra María Ibarzabal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Nación y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. La misma fue presentada por el diputado Esteban Paulón de Hacemos por Nuestro País y la diputada Mónica Fein del Partido Socialista.

La denuncia contra Javier Milei

El escrito sostiene que una ley solo adquiere plena vigencia tras ser publicada en el Boletín Oficial (BO) y promulgada. Señala que el Senado notificó formalmente al Poder Ejecutivo el 4 de septiembre sobre la insistencia en el proyecto original, por lo que, once días hábiles después, los plazos legales para su implementación ya estarían vencidos. Incluso, algunos especialistas remarcan que en caso de insistencia frente a un veto, la promulgación debería haberse realizado de inmediato.

De acuerdo con la denuncia presentada contra Milei, Francos, Ibazabal Murphy y González, “recae el deber de publicar en el Boletín Oficial la norma que ha cumplido con todas las etapas en el proceso de sanción de una ley de acuerdo a la Constitución Nacional (Segunda Parte, Capítulo V ‘De la Formación y Sanción de las Leyes, Arts. 77 a 84 y s.s.)”.

El texto aclara que “si bien no se establece expresamente en nuestra norma suprema un plazo para la publicación de una ley insistida en Congreso con mayoría especial, dicho plazo no puede exceder los diez días útiles que permiten al Poder Ejecutivo Nacional observar los proyectos de ley votados en el Congreso”.

La exigencia por los plazos de la ley

En relación con los plazos de la Emergencia en Discapacidad, los denunciantes remarcan que “las etapas de promulgación y publicación fueron vencidas con la votación de las mayorías constitucionalmente establecidas, además que la participación del PEN en el procedimiento de sanción de la ley se ha cumplimentado con la observación –ya parcial o total como en este caso– con su fundamentación, publicación en el B.O. y remisión a la Cámara de origen. Tal es así que el único deber legal que deben realizar es implementar la ley de la forma más inmediata posible y no obstaculizar lo que otro poder del Estado ha votado cuatro veces”.

La demanda también resalta las declaraciones públicas de Francos, quien anticipó que la ley no sería reglamentada por falta de financiamiento: “Esta ley que se enmarca en una situación de emergencia para las personas con discapacidad y que posee respaldo de diversas convenciones internacionales de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino, en los hechos se convierte en letra muerta debido a la existencia por parte de los denunciados de conductas tendientes al incumplimiento del mandato constitucional”.

Para que el aumento de los aranceles vinculados a la inflación se haga efectivo, el jefe de Gabinete debe firmar la compensación presupuestaria para la ANDIS. Sin esa partida adicional, la agencia no puede actualizar el nomenclador que rige las prestaciones del plan Incluir Salud, entre ellas terapias, transporte, talleres, centros educativos y terapéuticos. Una vez girados los fondos, la ANDIS podrá ajustar los valores de diciembre de 2023 en función de la inflación acumulada. Desde entonces, según la ley, la actualización será automática cada mes conforme al IPC, con incrementos que podrían alcanzar hasta el 80%, según el tipo de prestación.

Si bien la denuncia contra Milei y sus funcionarios se presentó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, los denunciantes dejaron abierta la posibilidad de que la justicia incorpore la figura de abandono de persona.

Política

Jaldo sostuvo que acatará el fallo de la Corte sobre su reelección

El gobernador afirmó que esperará el pronunciamiento que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por sectores de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón”, aseguró.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al avance del tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la presentación judicial que cuestiona su candidatura. Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal solicitó este martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por sectores de la oposición.

El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.

Consultado sobre el avance de la causa, Jaldo ratificó que aguardará la resolución de la Justicia nacional y aseguró que cumplirá lo que determine el máximo tribunal.

“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, expresó.

En ese sentido, el mandatario descartó que su posición esté condicionada por la continuidad en el cargo y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.

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Política

Las comunas abren sus puertas para que 100.000 familias tucumanas accedan al subsidio de la luz

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

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Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el secretario de Energía, Martín Viola, acordaron con los comisionados comunales convertir cada comuna en un centro de inscripción. El objetivo: que ningún tucumano que tenga derecho al beneficio se quede afuera. En esta primera reunión participaron todos los comisionados de la zona Oeste de la provincia.

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

El beneficio es resultado directo de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Junto a los gobernadores del Norte Grande, Tucumán logró que la Nación reconociera el impacto del calor extremo en las boletas de luz. Gracias a esa negociación, el consumo subsidiado en la provincia pasa de 150 a 300 kilovatios hora mensuales, y el beneficio alcanza a 366.000 hogares tucumanos.

 

Sin embargo, cerca de 100.000 hogares que podrían recibirlo todavía no completaron la inscripción. Para llegar a cada uno de ellos, el Ministerio del Interior reunió ayer a los intendentes del interior y hoy a los comisionados comunales. Mañana, viernes, los equipos municipales y comunales serán capacitados por el Ersept y la Secretaría de Energía para salir de inmediato al territorio.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio una instrucción clara: que el Estado vaya a buscar a cada vecino y que nadie se quede sin un beneficio que le corresponde. Este subsidio no cayó del cielo. Es fruto de la negociación que hizo el gobernador en el Congreso de la Nación, defendiendo a Tucumán y al Norte Grande. Ahora nos toca a nosotros, junto a intendentes y comisionados, llevarlo a cada casa. Son cerca de 100.000 familias, y vamos a ir a buscarlas una por una”, afirmó el ministro Darío Monteros.

 

“Muchos vecinos no tienen conectividad, no se animan a hacer el trámite en el celular o directamente no saben que les corresponde. Por eso es tan importante que la comuna, que es la puerta más cercana que tiene la gente, sea el lugar donde lo resuelvan”, agregó Monteros.

Por su parte, el secretario de Energía, Martín Viola, destacó el alcance del beneficio: “Son cerca de 100.000 usuarios que todavía no están inscriptos y que pueden gozar de este derecho. El beneficio llega a siete de cada diez de la provincia. Y cada peso que una familia ahorra en su boleta se queda en el pueblo: se vuelca en el almacén, en el comercio del barrio, en la economía de cada comuna. Por eso esta tarea es clave para el interior”.

¿Ya tengo el subsidio?

En la parte superior derecha de la factura de luz figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen lo siguen recibiendo automáticamente y no necesitan hacer ningún trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, unos $4,9 millones mensuales.

¿Dónde y cómo?

  • En la comuna o municipio de residencia, con asistencia del personal capacitado
  • En argentina.gob.ar, sección Solicitar subsidios de luz y gas.
  • En el Ersept, Córdoba 560, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17.
  • Hay que tener a mano el DNI (con número de trámite) y una factura de luz, donde figura el número de usuario.

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Política

Disolución de obra social de las fuerzas armadas dejará unos 40 despidos y un tendal de afiliados

A partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarían sin trabajo en la provincia y más de 500.000 afiliados perderían su cobertura médica.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. El proceso quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, mientras que las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

 

La medida incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias. Entre las sedes alcanzadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán. El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026.

El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad. Frente a esa situación, representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.

Las protestas también expresan preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país. Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios. /Los Primeros/

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