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Política

Elecciones en Córdoba: hay 11 candidatos que se disputarán la Gobernación

Martín Llaryora y Luis Juez concentrarán la disputa electoral, este domingo en Córdoba. Hay 2.984.631 ciudadanos habilitados para votar.

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La provincia de Córdoba será éste domingo el primer distrito de los cuatro de mayor peso electoral del país donde se votará candidato a gobernador y vice, además de legisladores provinciales y autoridades del Tribunal de Cuentas provincial.

En el distrito mediterráneo, no hay PASO por lo que a última hora de este domingo se conocerá quién gobernará la provincia por los próximos cuatro años. En paralelo, también se elegirán intendentes en 227 municipios. Hay 2.984.631 cordobeses habilitados para votar, un 8,7% del padrón de todo el país, un caudal de electores solo superado por la provincia de Buenos Aires. Para la elección de gobernador y vice, se usará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS) vigente desde 2011 en la provincia. El sistema consiste en una sola boleta de papel con toda la oferta de candidatos, en la que la preferencia del elector se tilda con una lapicera las categorías de manera individual o lista completa.

En total, son 11 los candidatos que competirán para llegar a la gobernación de la provincia mediterránea. La disputa está centrada entre Martín Llaryora, el postulante del gobernador peronista Juan Schiaretti – que no puede ir por una segunda reelección y decidió jugar en el escenario nacional-, y Luis Juez, el candidato de consenso de Juntos por el Cambio que apuesta a dar un batacazo y arrebatarle el poder al peronismo después de 24 años.

Córdoba elige Gobernador: ¿Quiénes son los 11 candidatos?

Córdoba elige Gobernador: ¿Quiénes son los 11 candidatos?

Llaryora es el intendente de la capital provincial y corre como favorito, acompañado en la fórmula como Myrian Prunotto, intendenta radical de Juárez Celman. Se postulará por el espacio Hacemos Juntos por Córdoba, la fuerza del gobernador cordobés que sumó a sectores de la UCR y el PRO, y es crítica del gobierno nacional. LLaryora apuesta a sacar una diferencia en Gran Córdoba y en la capital que les permitirá conservar el poder.

Schiaretti, por su parte, competirá en las PASO como candidato a presidente por el frente Hacemos por nuestro país que incluye, además de a su espacio, al Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales menores. Hoy tiene como compañeros de ruta a los ex funcionarios Florencio Randazzo, hoy diputado nacional, y Diego Bossio, enfrentados con el kirchnerismo. Randazzo podría acompañarlo como candidato a vicepresidente. El acercamiento de Schiaretti a Juntos por el Cambio implicó que el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey decidiera dejar el frente peronista no kirchnerista, y desistiera de competir en una PASO con el mandatario cordobés.

Córdoba es uno de los pocos distritos en los que Juntos por el Cambio logró ordenar la interna y resolver mediante un acuerdo sin grandes heridos que Juez fuera por la gobernación y Rodrigo De Loredo, diputado nacional de Evolución radical, por la intendencia de Córdoba capital. De Loredo está referenciado en Martín Lousteau, alineado con el titular de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. En esta provincia, el lanzamiento de la candidatura de Juez logró algo casi imposible hasta esta semana: la participación en un mismo acto de Bullrich y Larreta. Quedó plasmada en un beso del jefe de Gobierno porteño a la ex ministra de Seguridad que generó todo tipo de suspicacias.

La interna a nivel nacional entre Bullrich y Rodríguez Larreta se reactivó dos semanas atrás por el intento del jefe de Gobierno porteño y de Morales de sumar a Schiaretti a un nuevo frente que incluya a Juntos y al espacio del mandatario cordobés para competir en unas PASO. La jugada fue resistida por la ex ministra de Seguridad y el ex presidente Mauricio Macri. Pero nadie descarta que podrían retomarse las conversaciones después de las PASO para “un acuerdo de gobernabilidad”. Un posible triunfo de Juez podría ser capitalizado por Bullrich, aliada del senador por Córdoba en su enojo por querer sumar a Schiaretti a último momento, pese a que fue Larreta el primero que lo apoyó en 2021 y sostiene ese respaldo actualmente.

Juez ya fue dos veces antes candidato a gobernador: en 2007, cuando perdió frente a Schiaretti por un punto y denunció que hubo fraude, lo que fue rechazado por la Justicia, y en 2011, cuando salió segundo detrás de Juan Manuel de la Sota. En esta oportunidad lleva como compañero de fórmula a Marcos Carasso, presidente de la UCR cordobesa e intendente en uso de licencia de la localidad de General Cabrera. La fórmula aspira a hacer una diferencia en su favor con el apoyo del interior de la provincia, con triunfos en departamentos clave como Río Tercero y Marcos Juárez.

Juez cree que la tercera es la vencida. Tiene a su favor que tanto la UCR como el PRO lo apoyan, y que sus principales dirigentes desfilaron por la provincia para respaldarlo: desde Mauricio Macri, quien lo resistió en un primer momento, y Bullrich, hasta Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Por la versión local el ex Frente de Todos – hoy rebautizado Unión por la Patria- se postula Federico Alesandri, intendente de Embalse. Su espacio se llama Creo en Córdoba de Todos y cuenta con el aval de Cristina Kirchner. Su compañera de fórmula es la diputada nacional Gabriela Estévez, de La Cámpora, candidatura a la que llegó tras una negociación con ex senador nacional peronista Carlos Caserio, enrolado en el oficialismo nacional y actual vicepresidente del Banco Nación.

Por La Libertad Avanza (LLA), el postulante es Agustín Spaccesi, empresario pyme de extracción liberal. Si bien inicialmente el partido de Javier Milei no iba a competir en la elección provincial, finalmente se inscribió para competir. La fórmula la completa María Cristina Lagger, especialista en Educación.

El que se había anunciado como el candidato a gobernador del espacio de Milei pero no logró su aval finalmente es el empresario Rodolfo Eiben, presidente del Partido Demócrata de Córdoba. Dedicado a la consultoría en inversiones -se considera lobbista de profesión-, se postula acompañado por el espacio Frente Liberal Demócrata Desarrollista, acompañado por el también empresario Gabriel Bornoroni.

Aurelio García Elorrio competirá por el espacio Encuentro Vecinal Córdoba, del cual es presidente, acompañado por la ex legisladora provincial María Rosa Marcone como candidata a vice. Si bien en algún momento pareció que podría sumarse a la versión cordobesa de Juntos por el Cambio, optó por una propuesta que intentará colarse entre las dos fuerzas mayoritarias que disputarán el voto este 25 de junio, Hacemos Unidos por Córdoba y la principal coalición opositora en la provincia.

Por Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en la provincia, la candidata es Liliana Olivero, del partido Izquierda Socialista, quien lleva a otra mujer en la fórmula, la dirigente social Soledad Díaz García, del Partido Obrero.

No son las únicas candidatas de la izquierda. También se postula Julia Di Santi, docente y trabajadora social, por el espacio Nuevo MAS, junto a Miguel Díaz como compañero de fórmula.

La locutora Patricia “Pato” Bon, de Radio Popular del grupo Cadena 3, también competirá para la gobernación por el espacio Partido Popular, acompañada de Roberto Zarantonello, dueño del Espacio Forja.

Fernando Schüle es otro de los candidatos, histórico referente del Partido Humanista, fuerza que supo integrar el Frente de Todos. Lejos hoy del oficialismo nacional, este productor de medios en Córdoba hoy va con Griselda Osorio como compañera de fórmula, en busca también de votos kirchneristas desencantados.

Por último, por Unión Popular Federal, se presenta Mario Peral, quien también encabeza la lista de legisladores por distrito único. Lo acompaña Pamela Arias como candidata a vicegobernadora.

FUENTE: Infobae

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Política

Desbarataron una red de estafas informáticas: operaba en la Capital y Los Nogales

Detuvieron a un sospechoso y recuperaron mercadería por más de $30 millones. El grupo adquiría productos con cheques sin fondos usando sociedades fantasma y luego los ofrecía en redes sociales sin concretar las entregas.

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Una compleja organización dedicada a las estafas comerciales y digitales fue desarticulada en Tucumán tras una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de un importante cargamento de tecnología valuado en más de $30 millones. La investigación, que derivó en la detención de un hombre, dejó al descubierto una maniobra delictiva dual: la compra de equipamiento a proveedores mediante cheques sin cobertura y su posterior reventa fraudulenta a través de internet a clientes particulares.

 

 

El procedimiento fue el corolario de tres allanamientos simultáneos ordenados por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Cibercriminalidad y Estafas, ejecutados por efectivos de la Comisaría Segunda: dos tuvieron lugar en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y el restante en la localidad de Los Nogales, punto clave donde la banda mantenía acopiada la totalidad de la mercadería ilegal.

 

 

El comisario Cristian Peralta, jefe de la Zona 1 de la Unidad Regional Capital de la Policía de Tucumán, explicó la metodología con la que operaban los delincuentes. En una primera fase, tomaban contacto con proveedores de insumos tecnológicos y libraban cheques sin fondos para concretar compras de gran volumen; cuando las víctimas advertían el rechazo bancario, los sospechosos cortaban de raíz cualquier comunicación. Posteriormente, la banda publicaba los artículos en plataformas digitales y redes sociales: una vez que los compradores transferían el dinero, los estafadores bloqueaban los canales de contacto, daban de baja los enlaces web y creaban perfiles nuevos para captar nuevas víctimas.

 

 

Durante las irrupciones policiales se incautaron tres drones (uno de ellos de alta gama, con un valor de mercado superior a los $7 millones), 100 terminales de cobro electrónico (PosNet), más de una docena de teléfonos celulares sellados en sus cajas originales, diez discos rígidos, cinco CPUs, equipos de iluminación, componentes de audio y cámaras de filmación. Asimismo, los pesquisas secuestraron 495 cheques (35 de ellos anulados) y carpetas con documentación constitutiva de sociedades «fantasma», las cuales eran empleadas como fachada jurídica para simular solvencia económica ante los proveedores. Desde la fuerza policial confirmaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

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Política

El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría al proyecto de Emergencia en Discapacidad

La Libertad Avanza contó con el aval de Neuquén, San juan, Salta y Misiones para el proyecto. Provincias Unidas pidió por la prórroga.

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Una semana después del arribo de la Ley de Presupuesto 2027, La Libertad Avanza se alzó con el dictamen de mayoría del texto que propone consolidar en un marco legislativo a la declaración de Emergencia en Discapacidad. La oposición rubricó el despacho de la prórroga emplazada en el recinto y Provincias Unidas reclamó el incumplimiento del emplazamiento por tratarse de un expediente que no se mencionó en el recinto.

Además del bloque libertario, el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, acompañaron la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; y la neuquina Karina Maureira. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal amagaron con llevar un despacho propio, pero firmaron el del oficialismo en disidencia.

En contrapartida, el espectro opositor cosechó 36 firmas para la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Unión por la Patria dispuso de 29 vocales; Provincias Unidas, 5; Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La propuesta elevada por La Libertad Avanza fue titulada como “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad” y busca modificar el criterio de “transitoriedad” establecida en la declaración de Emergencia que queda sin vigencia el próximo 31 de diciembre. A grandes rasgos, esta iniciativa ratifica el valor de la pensión por discapacidad en un equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad de la mensualidad con el empleo formal de hasta 2 Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles.

Laura Rodríguez Machado fue la voz cantante del dictamen del oficialismo al que calificó como “una propuesta superadora” y luego endilgó una serie de críticas a la oposición. “A ustedes les encanta vivir en emergencia”, sostuvo en el estrado del Anexo C para luego, agregar: “Cuando la emergencia es permanente es para tapar que la política estable no funciona y estas leyes hacen falta cuando hacen mal las cosas”.

En la presentación, la cordobesa también destacó la incorporación de las partidas presupuestarias para el financiamiento de este proyecto de ley dentro del articulado del Presupuesto 2027, la fijación de un cronograma de obligación de compensaciones económicas pendientes, la capacitación obligatoria -pedido por las provincias- y la creación de un sistema público de auditorías periódicas.

“Creemos en el derecho de las personas con discapacidad, pero estos beneficios se politizaron y tuvieron controles muy laxos”, cruzó Rodríguez Machado, quien culminó: “Permitir esto, hizo que a los que les corresponde este derecho, tengan menos presupuesto y ustedes -señalando a la bancada de Unión por la Patria- perjudicaron al colectivo de la discapacidad que juran defender”.

La insistencia con la prórroga de la Emergencia

El primer reclamo al oficialismo fue de la diputada jujeña María Inés Zigarán de Provincias Unidas, quien manifestó: “Llama la atención el giro hasta con el lenguaje, pero que no han tenido con el colectivo de la discapacidad”. Luego, hizo hincapié en que este expediente firmado por el oficialismo y los aliados no fue emplazado en la sesión especial del pasado 9 de septiembre en la Cámara de Diputados. “Estaríamos incumpliendo el reglamento”, advirtió.

En esa línea, recordó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el 2025 y criticó que el dictamen se haya trabajo “en secreto”, mientras que se realizaban los sucesivos plenarios entre las comisiones de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch.

Vicepresidente de la Comisión, Juan Marino de Unión por la Patria remarcó que la insistencia en la prórroga de la Emergencia en Discapacidad “es un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones de y para las personas con discapacidad”. En línea con el espectro opositor se mostró desconfiado de la ejecución real de la propuesta de oficialismo al recordar el veto, el escándalo en la ANDIS y la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, recordó que la Ley 27.793 fue votada cinco veces y acusó al oficialismo de «negar la palabra ‘Emergencia’ porque están disociados de la realidad». Reclamó la ausencia de personas con discapacidad en el plenario y cerró con un fuerte mensaje: «En vez de decirnos que nos den los ovarios de firmar este dictamen, ójala les den los ovarios y las pelotas de caminar por la calle y poder mirar a las personas con discapacidad».

La desconfianza en el Gobierno

Minutos antes del inicio del plenario, diputados dialoguistas mencionaron a parlamentario.com que aún persisten las dudas respecto al cumplimiento del Poder Ejecutivo sobre este texto. “Luis Caputo está en Nueva York y capaz al regreso no avale este proyecto y volvamos atrás”, dejaron trascender.

Lógicamente, el escepticismo surge a partir del envío de la Ley de Presupuesto 2027 que en su Capítulo VI propone derogar la movilidad de las pensiones por discapacidad y propone dejarlas sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Según relataron desde el bloque oficialista, sería eliminado el capítulo entero antes de comenzar las reuniones informativas del próximo 13 de octubre.

Esta mirada es compartida por los integrantes del espectro opositor, quienes agregaron que el propósito de esta propuesta “superadora” tiene como objetivo enmascarar el ajuste en el área de discapacidad ante la llegada del Papa León XIV y la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione en Claypole que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

La propia institución fue la que alzó la voz en los últimos días para reclamar por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. Cabe recordar que este texto tuvo el aval de la reunión de Mesa Política de este martes, donde estuvieron ausentes el ministro de Economía y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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Política

Tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

En una resolución unánime, el Tribunal de Ética consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de modo irreparable el decoro del foro y rechazó todos los planteos de nulidad.

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El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán resolvió la exclusión del abogado Gustavo Morales por el término de cinco años, cancelando formalmente su matrícula profesional tras la condena penal firme en su contra, informó el periodista Juan Manuel Montero para La Gaceta.

Los fundamentos del fallo unánime y los delitos admitidos

La medida quedó plasmada en la Resolución N° 86/2026 con la firma unánime de los vocales Carmen Fontán, María Belén Ramayo Hernández y Juan Manuel López Márquez. En este sentido, los magistrados éticos determinaron la caducidad de la matrícula N° 3.924 luego de que Morales reconociera en un juicio abreviado la autoría de delitos graves. De esta manera, las actuaciones acreditaron maniobras de instigación a la sedición policial, falsos testimonios reiterados, desobediencia judicial y la difusión indebida del informe psicológico de una menor víctima.

El órgano colegiado consideró que las conductas vulneraron de forma irreparable el decoro del ejercicio abogadil.

Desestimación de recursos y depuración de los padrones profesionales

El tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad, nulidades y recusaciones articulados por la defensa del sancionado. En este sentido, los vocales remarcaron que el proceso respetó las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Asimismo, las autoridades señalaron que la instigación al alzamiento de las fuerzas de seguridad atentó contra el propio sistema democrático.

En consecuencia, el Colegio de Abogados notificó la resolución a los estrados provinciales y dispuso la inmediata depuración del matriculado de todos los padrones públicos.

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