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Política

El ministro Bauer anunció «cambios» en el Incaa tras la protesta con incidentes

Diferentes actores del sector audiovisual realizaban una marcha frente al edificio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales exigiendo la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo, cuando se produjeron incidentes con la Policía de la Ciudad. El ministro de Cultura anunció que habrá modificaciones.

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El Ministro de Cultura de la Nación anunció este lunes que habrá cambios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), frente a cuya sede se desarrolló esta tarde una protesta contraria a la gestión de su titular, Luis Puenzo, que derivó en detenciones y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía de la Ciudad.

“Con respecto a Puenzo, me voy a reunir con él, pero va a haber cambios en el Incaa porque la intención es darle solución a una situación tensa”, expresó Bauer en una breve e improvisada conferencia de prensa y mientras manifestantes que permanecían en el lugar gritaban “¡Fuera Puenzo!”.

El funcionario subrayó que “para este gobierno la producción de contenidos nacionales es fundamental”, pero aclaró que las leyes de fomento tendientes a favorecer esa política “dependen del ámbito legislativo”.

Dando muestras de conocer la delicada situación del Incaa, Bauer reconoció que “también hay una situación conflictiva en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica que depende de la entidad) y se va a llamar a concurso para el cargo de rector”.

Foto Osvaldo Fanton

(Foto: Osvaldo Fanton).

La presencia de Bauer fue decidida para atender el contexto del enfrentamiento entre manifestantes y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires debido al corte total de la calle Lima, que bordea la Nueve de Julio.

«Vine a parar la represión y a liberar a los detenidos. En este momento empezamos a trabajar en esto, ya hablé por teléfono con Enrique Avogadro (ministro de Cultura porteño)», expresó el ministro en esos momentos de tensión.

Más tarde, desde la cartera a su cargo, se emitió un comunicado donde se expresó “el más enérgico repudio ante el accionar de la Policía de la Ciudad, que generó los incidentes y la detención de tres trabajadores y estudiantes, que estaban manifestándose pacíficamente en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)”.

«Creemos que todos los trabajadores y trabajadoras tienen el pleno derecho a expresar sus reclamos libremente sin que eso implique enfrentamientos de ningún tipo con las fuerzas de seguridad”, abundó el texto.

Foto Osvaldo Fanton

(Foto: Osvaldo Fanton).

Entre los detenidos durante la movilización y debido al alegado propósito policial de liberar un carril de la calle en la que funciona el Incaa, la Asociación Trabajadores del Estado citó a Agustín Ríos, Manuel Alam y Andrés Martiervich, los tres estudiantes de la Enerc, mientras que desde Documentalistas Argentinos (DOCA) añadieron al cineasta Juan Mascaró, quien preside esa organización.

Como fruto de los enfrentamientos, el cronista de Télam Carlos Marrero cayó en el lugar y sufrió una fuerte contusión en su rodilla derecha.

El cineasta Alejandro Rath, presente en el reclamo, dijo a Télam que «hubo un operativo policial desmesurado» para una manifestación pacífica y que el corte de calles sucedió porque la cantidad de gente presente superaba al espacio de la vereda y los dos carriles de Lima.

«Ellos (la policía) trajeron a la Infanteria para liberar el carril y se liberó. Después hubo una provocacion, que terminó en la detención de un estudiante de la Enerc», señaló el director de «¿Quién mató a Mariano Ferreyra?».

Foto Osvaldo Fanton

Foto: Osvaldo Fanton

Diferentes actores del sector audiovisual convocaron a una concentración que se desarrolló desde las 15 para exigir la renuncia de Puenzo.

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, «impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA».

Los organizadores de la manifestación añadieron que Puenzo «no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias», según aseguró el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

«El cine está atravesando un momento realmente crítico y preocupante, por un lado en diciembre de este año caducan los impuestos asignados a Cultura y esto impacta directamente en el cine, el teatro y la música», explica la productora Paula Orlando, miembro del Colectivo, en comunicación con Télam.

«Si solo dejamos a grandes plataformas producir contenidos, estamos hablando de la pérdida de miradas, de la pérdida de identidad, de la pérdida de soberanía cultural -y agrega- por otro lado nos enteramos de un decreto impulsado por la actual gestión del Incaa propone limitar los subsidios que recibe el cine volviéndolo más excluyente».

Foto Osvaldo Fanton

(Foto: Osvaldo Fanton).

La carta de la entidad también enumera otras razones por las cuales cuestionan el funcionamiento del Incaa: «No estableció ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos, no se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce y se limitó a pedir en una reunión que crucemos los dedos para que salga el proyecto de ley del diputado Pablo Carro», en referencia a la iniciativa del legislador para extender el fondo de fomento más allá del 2022.

Además agregan que se desfinanciaron los festivales nacionales, no se impulsó la red de Espacios Incaa y tampoco se puso en marcha la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cineain), entre otros reclamos.

Por su parte, el director Fernando Krichmar, integrante de Documentalistas Argentinos (DOCA), señaló: «Movilizamos al Incaa exigiendo la renuncia de Puenzo porque creemos que ya pasó un tiempo prudencial y ha demostrado realmente una gran insensibilidad hacia el cine independiente».

Foto Osvaldo Fanton

(Foto: Osvaldo Fanton).

El documentalista explica que Puenzo, «no nos convoca al Consejo Asesor que es su obligación y ha presentado un proyecto de Plan de Fomento que ahonda la crisis en la que nos metió el macrismo, que tiene que ver con fortalecer el cine como un negocio y entretenimiento y prácticamente eliminarlo como parte de un proyecto cultural».

En ese sentido Krichmar sostuvo: «Creemos que el estado debe garantizar la producción, la distribución y la conservación de un cine que aporte capital cultural, diversidad de miradas y que tenga una producción que no esté ligada a los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras».

En su comunicado, el Doca agrega otros cuestionamientos a las políticas llevadas adelante por el Incaa, como la «falta de llamado a concursos y convocatorias para operas primas», la ausencia de «políticas de fomento federales, de ficción y animación» y el incumplimiento «de la cuota de pantalla».

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Política

La justicia federal le ordenó al Gobierno reparar de manera urgente tres rutas nacionales

En gran parte del país las rutas nacionales muestran la ausencia de mantenimiento.

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Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe.

El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La demanda había planteado la necesidad de reparar las rutas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes las utilizan.

El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.

En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.

El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”, situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado: la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.

Según surge del fallo, una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad sostuvo que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Ese diagnóstico dio lugar a una licitación que terminó adjudicada a la empresa Rovial S.A.

Sin embargo, las obras no pudieron completarse. La empresa realizó trabajos de bacheo en una parte de la ruta, pero luego las tareas quedaron paralizadas debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para continuar.

El juez también señaló que Vialidad realizó trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, pero consideró que esas intervenciones resultaron insuficientes frente a la magnitud del deterioro.

De hecho, el expediente contiene fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar el estado de la calzada.

El fallo remarca que las tareas realizadas “no resultan suficientes para atender la gravedad del estado en el que se encuentra la Ruta Nacional N°33”.

Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que “no se encuentra acreditado de forma plena que se hayan realizado obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” que atraviesa General López.

En cuanto a la Ruta 8, el fallo señala que la propia DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales, además de realizar reiteradas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.

El juez remarcó que la empresa solo había acreditado tareas sobre los kilómetros 359 a 362, lo que, según concluyó, no alcanzaba para cubrir las necesidades del corredor en materia de seguridad vial y mantenimiento de la calzada.

Por eso, rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían la repavimentación.

El magistrado aclaró que la empresa sí tenía obligaciones vinculadas con “la mejora, reparación y mantenimiento” de las rutas 7 y 8 y que, de acuerdo con las pruebas del expediente, había incumplido esas obligaciones.

El Estado no puede desligarse por el cambio de concesionarias
 

El juez remarcó que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que determinadas rutas están concesionadas o que las empresas responsables están cambiando.

El fallo fue dictado en un momento en que avanzaban nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. La Justicia consideró que esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios.

En ese sentido, el juez sostuvo que la distribución interna de competencias no puede impedir la protección efectiva de los derechos comprometidos.

Por eso estableció que la reparación deberá ser cumplida por el Estado Nacional, directamente a través de Vialidad o del organismo que en el futuro tenga esas competencias, o mediante las empresas concesionarias correspondientes.

La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.

“Una situación de peligro” para los usuarios
 

Para el juez, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura. Está directamente relacionado con derechos fundamentales.

En la sentencia se señala que el amparo busca proteger derechos como la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad vial frente a las omisiones vinculadas con el mantenimiento de las rutas.

Además, el magistrado consideró que el mal estado de las calzadas constituye un hecho público y notorio para los habitantes y usuarios habituales de la región.

Las pruebas incorporadas al expediente, agregó, evidencian “el grave estado de deterioro de la cinta asfáltica” y la falta de acciones suficientes de conservación y mantenimiento en los sectores concesionados.

En la parte resolutiva, el juez rechazó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales S.A. y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Luego hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para lograr su “transitabilidad plena” en el departamento General López.

La orden alcanza al Estado Nacional, que deberá garantizar las obras a través de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace en esas funciones o de las empresas concesionarias que correspondan. /Ambito

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Política

El Gobierno admitió que usa fondos destinados a rutas para buscar el equilibrio fiscal

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos del SisVial es utilizada por Economía con ese objetivo. El fideicomiso recaudó más de $1,5 billón desde 2024, pero solo una cuarta parte fue destinada a obras viales.

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El Gobierno reconoció que utiliza parte de los fondos que por ley están destinados a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales para contribuir al equilibrio fiscal.

La admisión estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de  Economía dispone de una parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), el fideicomiso que se financia principalmente con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y que tiene un destino específico para obras viales.

“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó Ravier durante una entrevista con El Diario de La Pampa.

El funcionario evitó precisar qué porcentaje de los recursos recaudados se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.

 

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”.

Ravier, quien visitó La Pampa, defendió al mismo tiempo el estado de las rutas y sostuvo que existe mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo”.

Más de $1 billón quedó sin aplicar a obras viales

La declaración se produjo después de que se conociera que el Gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billón a través del SisVial desde 2024, pero destinó una porción significativamente menor a obras viales.
Poderejecutivo

Según la información difundida previamente, hasta fines de mayo de 2026 se habían ejecutado $394.406 millones sobre un total de $1.503.252 millones recaudados, lo que representa apenas una cuarta parte de los recursos.

De esta manera, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales al cierre del período analizado. El dinero se encontraba principalmente colocado en inversiones financieras, como plazos fijos y títulos públicos, además de recursos inmovilizados en una cuenta corriente.

 

El SisVial fue creado para financiar específicamente la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación y el Banco Nación actúa como fiduciario.

La ejecución cayó nuevamente en 2026

Los datos muestran además una marcada subejecución de los recursos desde el inicio de la gestión de Milei.

Durante 2024 se recaudaron $360.238 millones, de los cuales se ejecutaron $40.668 millones, apenas el 11,3%. En 2025 se aplicaron $270.592 millones de los $692.514 millones recaudados, equivalente al 39%.

Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se recaudaron $450.500 millones y se ejecutaron $83.144 millones, apenas el 18,5%.

En total, la tasa de subejecución del SisVial desde el inicio de la actual gestión alcanza el 73,8%.

Al cierre de mayo, el fideicomiso tenía $1.038.779 millones que no habían llegado a obras viales, entre más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

La revelación vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos del SisVial y, a partir de la propia explicación oficial, el uso de fondos con asignación legal específica para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal.

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Política

La fiscalía intimó a Manuel Adorni a que justifique su crecimiento patrimonial

En un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas, la fiscalía intimó al exjefe de Gabinete en 20 puntos concretos donde hay inconsistencias. Si no logra justificar sus bienes, el paso siguiente será citarlo a indagatoria. Pollicita le dio un plazo de 15 días para que explique la procedencia de sus fondos y los de su esposa.

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Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita a que dé explicaciones sobre su crecimiento patrimonial en el marco del expediente judicial en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La intimación comprende incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente, según el fiscal.

El exfuncionario tendrá un plazo de 15 días para justificar “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.

 

Fuentes del Ministerio Público informaron que el requerimiento, de 207 hojas, fue presentado esta mañana por Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo, que será quien le notifique, a la defensa del exfuncionario, la decisión de la fiscalía de reclamarle explicaciones.
Si la justificación que presenta Adorni es considerada insuficiente por los investigadores, el funcionario deberá ser citado a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero esa decisión —de llamarlo a declarar como acusado— la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.
Hasta ahora, la defensa de Adorni en la causa, ejercida por el abogado Matías Ledesma, no presentó documentación alguna para explicar el patrimonio del exfuncionario.

El requerimiento que presentó Pollicita se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario realizado por un organismo especializado del Ministerio Público.

En su intimación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.

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