La situación de las arcas públicas llevó al gobernador, Osvaldo Jaldo, a poner un freno a una cuarta expropiación en menos de un mes; en esta ocasión, a través de un veto.

Mediante el decreto 734/3, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) frustró la sanción del proyecto de ley tratado por la Legislatura el 26 de marzo para declarar de utilidad pública un inmueble situado en el departamento Lules, de una superficie aproximada de 6,4 hectáreas.

La semana pasada, se habían publicado los decretos que autorizaban a la Fiscalía de Estado de la Provincia, que conduce Gilda Pedicone, a desistir de los juicios originados por leyes de expropiación sancionadas y promulgadas en gestiones anteriores, para la adquisición de inmuebles para albergar distintos proyectos de infraestructura: el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo habitacional de 650 viviendas en Los Gutiérrez (Alderetes), y una estación transformadora en «El Espinillo» (comuna rural de El Chañar).

En todos los casos, el argumento oficial fue que los procesos judiciales estaban próximos a alcanzar una sentencia condenatoria para el Estado provincial, con desembolsos superiores a los $5.000 millones sólo por la transferencia de esos predios. Sin embargo, tal como explicó el gobernador Jaldo en conferencia de prensa, ninguna de esas obras contaba con financiamiento nacional ni internacional, algo que estaba previsto cuando se las había planteado. Según estimaciones extraoficiales, sólo la ejecución del Centro Multimodal de Cargas implicaría una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

Por lo tanto, y en un escenario de caída de ingresos coparticipables, el PE resolvió poner un freno a esos procesos judiciales e incluso buscar el recupero de los montos depositados al inicio de cada trámite, una suma que rondaría los $2.500 millones.

Ahora, la Casa de Gobierno desactivó una cuarta expropiación. En este caso, la herramienta fue el veto a una ley sancionada en la Legislatura en el inicio de este año.

Sin embargo, la cuestión se origina a 2022, cuando la anterior composición de la Cámara provincial aprobó un proyecto elevado por el entonces legislador peronista Jorge Delgadino para expropiar las tierras y cederlas al club de rugby de Lules.

El texto fue puesto en vigencia a través de la ley 9.656, pero al momento de su efectivización, se formularon una serie de observaciones desde la Dirección de Catastro de la Provincia por datos consignados erróneamente, con lo cual no se pudo avanzar con la expropiación.

La actual integración de Legislatura intentó subsanar esta cuestión mediante los proyectos elevados por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Mario Leito (PJ), que tuvieron el apoyo del cuerpo colegiado en la sesión del 26 de marzo pasado.

Pero el decreto 734/3 (MEyP), firmado el lunes pasado por Jaldo y refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, dispuso el veto total sobre el texto remitido desde calle Muñecas al 900.

En los considerando, se analizó que el proyecto disponía el destino del inmueble para «el funcionamiento del San Isidro Rugby Club, teniendo como único fin la continuidad e incremento de las actividades deportivas y sociales». Además, se consignó que la institución «deberá ofrecer el uso de este espacio para las entidades de bien público y educativas de la zona»; y se aclaró que distintas eventualidades (como la disolución de la entidad o la desafectación del uso original) podrían dar lugar a la revocación de la medida.

Según los informes oficiales, el dominio se encuentra inscripto en la mayor extensión en el Registro Inmobiliario Provincial a nombre de Finar SA, agrega el decreto.

Pese a que se había corregido lo administrativo, surgió sin embargo un nuevo obstáculo para la transferencia del inmueble al club. «El contexto económico actual no tornarla viable el proyecto de ley en cuestión», indica el instrumento dictado por el Poder Ejecutivo. Y añade que «analizada la presente cuestión desde el punto de vista de la situación económica actual que atraviesa la Provincia, surge de la misma la necesidad de oponer el veto al proyecto de ley sancionado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71º de la Constitución provincial».

Con «250 chicos» y el temor de un desalojo

Recordó que el club funciona hace 24 años, y añadió que en el último tiempo se hicieron importantes inversiones para mejorar las instalaciones, desde vestuarios nuevos hasta un quincho.

«Entendemos la situación económica que atravesamos, pero también se debe ver la parte social, por todo lo que significa el club», explicó Manzano, en relación al argumento para la segunda transferencia frustrada de las tierras donde funciona San Isidro Rugby Club.

La jefa de la División Delitos Telemáticos y Económicos, comisario principal Juana Estequiño, explicó: “Como es de público conocimiento, a partir del día martes de esta semana, se ha empezado a publicar tanto en redes sociales, como en la prensa sobre amenazas que se estaban realizando en distintos establecimientos educativos”.

Asimismo, la comisario indicó que las intimidaciones se registraron tanto en instituciones de la capital como del interior, lo que motivó el refuerzo de medidas de seguridad en los establecimientos por disposición del gobernador y de jefatura de Policía, en conjunto con las tareas investigativas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira, con el fin de lograr identificar a los responsables de estas amenazas.

En cuanto a lo ocurrido este viernes, Estequiño detalló: “En hora del mediodía aproximadamente fuimos alertados sobre una amenaza que se estaba realizando en un establecimiento educativo de la zona capital, especialmente de la zona sur. En este caso se hizo más rápido la investigación, en razón que la amenaza estaba viralizada por un grupo de WhatsApp de alumnos del establecimiento”.

“Entonces se ha identificado el número telefónico, se identificó al alumno y a posterior a su progenitor. Cuando se logró la identificación de esta persona, se puso en conocimiento de la fiscalía que dispuso en forma inmediata la demora de esta persona”, señaló.

Cabe destacar que el miércoles el gobernador Osvaldo Jaldo firmó decreto N.º 772/7, mediante el cual se refuerzan las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en establecimientos educativos de la provincia.

Sobre  las diligencias que se llevan a cabo, la jefa policial indicó que es la primera persona demorada por estas amenazas realizadas en establecimientos educativos y que se va a continuar hasta lograr identificar a todas las personas que están involucradas en este tipo de amenazas. Y agregó: “Actualmente la doctora Rivadeneira, junto con el equipo técnico de esta División, están recorriendo algunos establecimientos educativos a los fines de recolectar evidencia para lograr identificar a los menores que hacen este tipo de amenazas y a sus progenitores”.

Además, Estequiño informó que, junto a la aprehensión del progenitor del menor involucrado, la Justicia dispuso el secuestro del teléfono celular utilizado para emitir la amenaza.

El sorpresivo allanamiento a la sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) desató un feroz choque de versiones públicas y dejó al descubierto una profunda interna en el sector. De un lado se encuentra el empresario Sergio Gómez Sansone, impulsor de la denuncia penal; del otro, Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad, quien salió al cruce para defender la trayectoria y la transparencia de la institución que nuclea a los dueños de los colectivos.

La postura de Gómez Sansone: reclamos, cheques extraviados y «represalias»

Sergio Gómez Sansone, titular de la Línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, rompió el silencio tras el operativo judicial y aseguró que sus planteos comenzaron a principios de 2024. Su principal exigencia apuntaba a obtener rendiciones de cuentas claras sobre la distribución de los subsidios y fondos provinciales destinados al sistema de transporte público.

Además, Gómez Sansone rechazó tajantemente las declaraciones que lo vinculan a un trasfondo político y aseguró que, por pedir explicaciones contables, sufrió graves represalias. Según su testimonio, esta situación derivó en la quita de la Línea 131 durante el mes de septiembre, en lo que definió como un intento conjunto del gremio y la asociación empresarial para silenciarlo y sacarlo del sistema.

Respecto al silencio del resto de los dueños de colectivos, el empresario afirmó que responde a un pánico generalizado a perder sus fuentes de trabajo y sus rutas comerciales. «El 80% de los empresarios tienen el mismo miedo que tenía yo. A mí ese miedo se me fue cuando ya me sacaron la línea, por eso hoy puedo denunciar», sentenció con dureza. Para cerrar su postura, dejó un desafío a la investigación en curso: «Si mis denuncias son falsas, que me metan preso. Para eso está la Justicia».

La respuesta de AETAT: transparencia legal y una acusación de «desestabilización»

Desde la vicepresidencia de la institución, Jorge Berretta desestimó las acusaciones. Calificó la denuncia como una presentación infundada y consideró que responde a intenciones políticas orientadas a afectar el funcionamiento de la entidad empresarial.

Berretta sostuvo la legalidad de los procesos administrativos internos e indicó que las compensaciones tarifarias se distribuyen de acuerdo con la normativa vigente, tomando como base principal la cantidad de trabajadores registrados por cada empresa prestadora. Asimismo, remarcó que los datos de la distribución están a disposición de los asociados mensualmente y señaló que el último balance de AETAT contó con la aprobación del propio denunciante. Según el directivo, ante una eventual irregularidad, la situación afectaría a todas las empresas asociadas y no de manera aislada.

Finalmente, el representante de AETAT comunicó que el personal de la sede ubicada en calle San Juan al 1.300 recibió instrucciones de colaborar de forma irrestricta con la Fiscalía, a fin de facilitar la documentación requerida y permitir el avance de la investigación judicial.