Desde la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología emitieron un comunicado en repudio a la Resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial, que amenaza con el cierre de programas de ciencia y tecnología. Ellos, junto a otros sectores como la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, hasta el Diputado Nacional Daniel Gollan, expresaron su repudio ante “otra violenta avanzada en la destrucción del sector científico-tecnológico argentino de parte del gobierno de Javier Milei”.
En el caso de la Mesa Federal, expusieron un texto donde hablan de que el “cientificidio no se toma vacaciones“, en relación con lo establecido por la medida que atañe a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua.
En la resolución, el Gobierno establece que se evalúen programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), según las prioridades establecidas por el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, programa del que todavía no se dieron a conocer ningún tipo de detalle y que desconocería al Plan 2030 convertido en la Ley 27.738 en octubre de 2023, criticaron desde la Mesa Federal.
Por su parte, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), remarcaron que todos estos proyectos y convenios fueron suspendidos en 2024. Esta medida le da un “marco de legitimidad al ajuste que ha sufrido el sistema nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país”, lo que genera un éxodo de científicos y la paralización de investigaciones.
Por otra parte, la declaración compartida por Daniel Gollan reúne a la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci).
Allí expresan su repudio y aseguran que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras”. Esto “implica un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía nacional”.
Cuáles son los programas y convenios de ciencia y tecnología que se podrán verse afectados
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología brindaron un ejemplo de los programas y convenios que están en amenaza ante esta nueva Resolución firmada por Guillermo Francos, cabeza de la Jefatura de Ministros. Si bien no están por escrito en la publicación del Boletín Oficial, llegan a ser cientos.
“Los convenios del Ministerio a lo largo de 15 años que existió, entre 2007 y 2023, sin contar un año en que se disolvió con el macrismo, estamos hablando de cientos, quizás miles de convenios”, expresó en diálogo con C5N, Santiago Liaudat, miembro de la Mesa y profesor de la UNLP.
Construir Ciencia
Equipar Ciencia
Poblar
Apoyo a Redes CyT de Alto Impacto
Fortalecimiento de Recursos Humanos en Organismos de CyT
Programas de participación de la juventud en Ciencia y Tecnología.
Grandes instalaciones e instrumentos
Entre los programas se encuentra el llamado Raíces, uno de los más conocidos “de repatriación de científicos en el extranjero y de vinculación con científicos que viven en el extranjero para que puedan aportar a la ciencia argentina”.
También Santiago remarcó la importancia de los programas Equipar Ciencia y el Construir Ciencia, que fueron muy emblemáticos sobre todo en el interior del país “construyendo mucha infraestructura, muchos metros cuadrados de laboratorios, de institutos, y también se permitió la adquisición y modernización de mucho equipamiento necesario para hacer investigación”.
Foto: C5N
Otro de ellos, conocido como Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular (Patep), brinda financiamientos para que cooperativas de la economía popular puedan mejorar sus procesos y sus productos con agregado de valor, de la mano de la tecnología.
También el PoblAr, que “hacía un relevamiento genético y también de hábitos alimenticios y estilo de vida sobre la población argentina” principalmente “teniendo en cuenta la nueva tendencia que está habiendo en el mundo en relación con los fármacos”.
Algunos de ellos también son interministeriales, como el Pampa Azul, que todavía no se sabe si van a ser afectados por la normativa del Gobierno, el cual articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales.
¿De qué se trata la Resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial?
El Ejecutivo encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas “bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad”.
La Secretaría podrá dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia o dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas.
También podrá rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes en los que se realizaron transferencias de fondos y que no tengan principio de ejecución y los que se encuentren vigentes y/o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30%.
Además, tendrá la facultad de renegociar aquellos de los que se decida su continuidad, pudiendo modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible.
“Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población”, expresa el texto.
“En este contexto, esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia”, añadió.
Por otra parte, la declaración compartida por Daniel Gollan reúne a la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci).
Allí expresan su repudio y aseguran que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras”. Esto “implica un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía nacional”.
Avanza un proyecto que modificaría la “Demanda de alimentos”
La Comisión de Familia analizó junto a la Corte Suprema modificaciones al Código Procesal de Familia; la reunión se realizó en la sede del máximo tribunal provincial, donde se abordó un proyecto impulsado por la legisladora Patricia Lizárraga que propone cambios en materia de alimentos, notificaciones y determinación de las obligaciones alimentarias .
La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Legislatura de Tucumán se reunió esta mañana con integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para analizar el proyecto de ley que propone modificar tres artículos de la Ley Nº 9581, correspondiente al Código Procesal de Familia.
El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal, ubicada en pasaje Vélez Sarsfield al 400, y tuvo por eje la iniciativa presentada por la legisladora Patricia Lizárraga, con la firma de los legisladores Alejandro Figueroa, Sara Assan y Paula Galván.
La propuesta contempla modificaciones en los Arts. 266, 267 y 279 del Código Procesal de Familia. Entre los puntos centrales, plantea cambios en el régimen de alimentos, la incorporación de aplicaciones y plataformas de mensajería instantánea como medios de notificación al demandado y precisiones sobre la sentencia que determina el monto total de la obligación alimentaria.
Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Patricia Lizárraga, agradeció a los integrantes de la Corte por recibir a los legisladores y participar del análisis de la iniciativa.
“Quedamos en que analizarán nuestra propuesta y sugerirán correcciones que estudiaremos e incorporaremos al texto”, expresó.
Por parte de la Legislatura participaron también los legisladores Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte, Roque Argañaraz y Carlos Gómez.
En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el vocal decano Antonio Estofán y Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Público Fiscal. Asimismo, asistieron jueces del fuero de Familia.
También formó parte del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, en representación del Poder Ejecutivo.
La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre los cambios propuestos y avanzar en el análisis de una iniciativa vinculada al funcionamiento de los procesos judiciales en materia de familia.
Jaldo pidió dejar de lado las diferencias para definir una fórmula nacional del justicialismo
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.
“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.
En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.
Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.
“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.
Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.
Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano
Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.
“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.
El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.
“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.
Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.
“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.
Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.
“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.
Paso clave para cerrar el juicio por YPF y anular el reclamo de US$16.000 millones
La jueza federal Loretta Preska acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.
La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.
Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.