Desde la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología emitieron un comunicado en repudio a la Resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial, que amenaza con el cierre de programas de ciencia y tecnología. Ellos, junto a otros sectores como la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, hasta el Diputado Nacional Daniel Gollan, expresaron su repudio ante “otra violenta avanzada en la destrucción del sector científico-tecnológico argentino de parte del gobierno de Javier Milei”.
En el caso de la Mesa Federal, expusieron un texto donde hablan de que el “cientificidio no se toma vacaciones“, en relación con lo establecido por la medida que atañe a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua.
En la resolución, el Gobierno establece que se evalúen programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), según las prioridades establecidas por el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, programa del que todavía no se dieron a conocer ningún tipo de detalle y que desconocería al Plan 2030 convertido en la Ley 27.738 en octubre de 2023, criticaron desde la Mesa Federal.
Por su parte, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), remarcaron que todos estos proyectos y convenios fueron suspendidos en 2024. Esta medida le da un “marco de legitimidad al ajuste que ha sufrido el sistema nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país”, lo que genera un éxodo de científicos y la paralización de investigaciones.
Por otra parte, la declaración compartida por Daniel Gollan reúne a la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci).
Allí expresan su repudio y aseguran que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras”. Esto “implica un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía nacional”.
Cuáles son los programas y convenios de ciencia y tecnología que se podrán verse afectados
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología brindaron un ejemplo de los programas y convenios que están en amenaza ante esta nueva Resolución firmada por Guillermo Francos, cabeza de la Jefatura de Ministros. Si bien no están por escrito en la publicación del Boletín Oficial, llegan a ser cientos.
“Los convenios del Ministerio a lo largo de 15 años que existió, entre 2007 y 2023, sin contar un año en que se disolvió con el macrismo, estamos hablando de cientos, quizás miles de convenios”, expresó en diálogo con C5N, Santiago Liaudat, miembro de la Mesa y profesor de la UNLP.
Construir Ciencia
Equipar Ciencia
Poblar
Apoyo a Redes CyT de Alto Impacto
Fortalecimiento de Recursos Humanos en Organismos de CyT
Programas de participación de la juventud en Ciencia y Tecnología.
Grandes instalaciones e instrumentos
Entre los programas se encuentra el llamado Raíces, uno de los más conocidos “de repatriación de científicos en el extranjero y de vinculación con científicos que viven en el extranjero para que puedan aportar a la ciencia argentina”.
También Santiago remarcó la importancia de los programas Equipar Ciencia y el Construir Ciencia, que fueron muy emblemáticos sobre todo en el interior del país “construyendo mucha infraestructura, muchos metros cuadrados de laboratorios, de institutos, y también se permitió la adquisición y modernización de mucho equipamiento necesario para hacer investigación”.
Foto: C5N
Otro de ellos, conocido como Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular (Patep), brinda financiamientos para que cooperativas de la economía popular puedan mejorar sus procesos y sus productos con agregado de valor, de la mano de la tecnología.
También el PoblAr, que “hacía un relevamiento genético y también de hábitos alimenticios y estilo de vida sobre la población argentina” principalmente “teniendo en cuenta la nueva tendencia que está habiendo en el mundo en relación con los fármacos”.
Algunos de ellos también son interministeriales, como el Pampa Azul, que todavía no se sabe si van a ser afectados por la normativa del Gobierno, el cual articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales.
¿De qué se trata la Resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial?
El Ejecutivo encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas “bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad”.
La Secretaría podrá dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia o dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas.
También podrá rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes en los que se realizaron transferencias de fondos y que no tengan principio de ejecución y los que se encuentren vigentes y/o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30%.
Además, tendrá la facultad de renegociar aquellos de los que se decida su continuidad, pudiendo modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible.
“Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población”, expresa el texto.
“En este contexto, esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia”, añadió.
Por otra parte, la declaración compartida por Daniel Gollan reúne a la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci).
Allí expresan su repudio y aseguran que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras”. Esto “implica un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía nacional”.
Caputo prometió una inflación por debajo del 1% a partir de agosto
Así se lo deslizó el jefe de la cartera económica a industriales que visitaron su despacho en búsqueda de igualar las condiciones que están teniendo sectores como la energía y la minería con el RIGI, pero para los rubros más rezagados.
El control de la inflación entró en terreno de definiciones. El dato de mayo seguirá por encima del 2%, según midieron consultoras privadas, y dificulta el camino hasta fin de año, ya que el ministro de Economía Luis Caputo tiene una promesa de segundo semestre y una condición que cumplir: el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un 25% para 2026, pero el titular del Palacio de Hacienda está convencido de que, desde agosto, el índice comenzará con cero.
Así se lo deslizó el jefe de la cartera económica a industriales que visitaron su despacho en búsqueda de igualar las condiciones que están teniendo sectores como la energía y la minería con el RIGI, pero para los rubros más rezagados. El objetivo es llegar a 0,9% en el octavo mes del año y sostenerlo, una vez que haya pasado el Mundial 2026 y las vacaciones de invierno, que suelen provocar saltos estacionales en algunos consumos.
La incógnita de los combustibles y el pragmatismo oficial
La gran dificultad será un precio que hoy está contenido: los combustibles. Mayo es un caso testigo, con desaceleración y sin el efecto de la guerra en Irán. Eco Go midió entre 2,3% y 2,4% el índice general; Equilibra otro 2,3% y, para C&T Asesores, el dato fue de 2,1%. En todos los análisis se repite el factor de la estabilidad de la carne, las naftas y la ropa. Desde abril que los precios de los combustibles están contenidos por el acuerdo que hizo YPF —y que el resto de las petroleras siguieron— para sostener sus valores en surtidor sin que la volatilidad del barril del Brent afecte al bolsillo luego del salto del 23% que hubo en marzo.
Tras solo aplicar un 1% de aumento bajo el argumento de que “es lo que el consumidor puede tolerar”, aún queda por definirse qué pasará cuando termine el “buffer” renovado con un commodity que oscila entre los USD 95 y los USD 100. “YPF no va a tomar una decisión que sacuda al consumidor y a la inflación”, definió una fuente de la industria energética. Además de esa ayuda, el Gobierno también extendió subsidios extraordinarios al gas y la luz en los meses de mayor consumo y postergó las subas programadas de los combustibles.
Ese pragmatismo, de intervenir sin decirlo, será decisivo para el camino que tiene que seguir el equipo económico si quiere cumplir con la pauta de 25% que le impuso el Fondo en una revisión del programa en la que volvió a elogiar a la gestión de Javier Milei, pero que a la vez llegó cargada de pedidos y exigencias.
La matemática del 25%
Con una inflación acumulada del 12,3% hasta abril y un mayo que en el escenario más optimista marcará un 2,1%, el binomio junio/julio debería en conjunto sumar 2,1% para así llegar a agosto al 0,9% y mantenerse en esa cifra hasta diciembre. Todo sin estacionalidades mediante, como la del último mes del año, cuando la llegada de las fiestas encarece bienes y acelera el consumo.
Los economistas, no obstante, advierten que la núcleo —el índice resultante luego de sacar estacionales y regulados— sigue en el orden del 2,3%. El analista Gonzalo Carrera, de Equilibra, hizo además un apunte sobre la “inflación subyacente” (sin carnes, naftas o ropa) y aseguró: “La subyacente se aceleró a 2,5%, según nuestros relevamientos. Parece estar pasando algo en los precios de los bienes (quitando rubros volátiles) que, pese a la estabilidad del dólar, siguen corriendo arriba del 2% mensual, cuando el año pasado fueron hasta oct-25 por debajo. ¿Precios internacionales? ¿Efectos de 2da ronda de la suba de nafta? Lucen ser las principales hipótesis”.
El fantasma del 28D y el debate sobre la autonomía del BCRA
La meta de inflación suele ser importante para el conjunto del programa que exige la entidad que conduce Kristalina Georgieva, pero no determina si gira o no los desembolsos comprometidos. Sin embargo, en el último Staff Report (la hoja de ruta técnica que se arma con la revisión del acuerdo) surgió un debate sobre el camino del avance de los precios que parecía haber sido enterrado con el 28D del 2017.
El organismo internacional le sugirió a Caputo y su equipo que vuelvan a aplicar un esquema de “metas de inflación”, tal como el que se llevó adelante en la primera etapa del Gobierno de Mauricio Macri. “En materia de política monetaria, el staff destacó las ventajas de la fijación de objetivos de inflación frente a la de objetivos monetarios”, comentó el equipo económico sobre su debate con el Fondo sobre el tema.
“Sin embargo, nuestras autoridades adoptan una postura pragmática y no consideran que la fijación de objetivos de inflación sea viable a corto o mediano plazo”, respondieron los funcionarios argentinos y argumentaron: “Establecer las condiciones para que la tasa de política monetaria pueda ser un instrumento eficaz llevará tiempo, especialmente considerando el legado de la mala gestión de políticas pasadas y un sistema financiero poco sólido. Por lo tanto, la autoridad monetaria procederá de manera gradual y bien planificada, reconstruyendo la credibilidad y la solidez institucional paso a paso”.
Fue el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el que aplicó los primeros dos años del mandato 2016-2017 metas de inflación desde su rol de presidente del Banco Central. El sistema no funcionó porque la tasa de interés no logró controlar la suba de precios y la credibilidad estaba puesta en duda. El 28 de diciembre de 2017 se anunció que la meta para 2018 no sería del 8% al 12% sino del 15% y que para 2019 la pauta inflacionaria no sería del 5% sino del 10%. Así, el objetivo de llegar a un dígito se movía de 2019 a 2020.
El episodio es recordado como la muestra más clara de la inexistencia de la independencia del Central, ya que ese anuncio fue realizado por Marcos Peña, exjefe de Gabinete, junto al resto de los funcionarios. Ahora, el debate de la autonomía de la autoridad monetaria revivió. El FMI le dedicó un apartado al tema y planteó que de esa manera la institución se alinearía con los estándares mundiales. «Dichas reformas deberían reforzar las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de sus políticas, aclarar los objetivos del Banco Central y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia».
Según el FMI esta medida disminuye la exposición de la entidad frente a la injerencia del sector público (es decir, asistir el desequilibrio fiscal) y fortalece la confianza en sus decisiones. Sobre eso respondió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una conferencia de prensa reciente cuando afirmó que que la autonomía de la institución ya es un hecho, dado que se ha dejado de emitir dinero para sostener al Gobierno. «La independencia del Banco Central al final importa en una situación extrema: el Tesoro enfrenta una necesidad de financiamiento que no puede afrontar al mercado. Acá, por suerte, el Tesoro no tiene necesidades de financiamiento del Banco Central». En otras palabras, respondió que depende de la política. / Perfil
Fue archivado el pedido de destitución contra el titular del Tribunal de Cuentas
La Comisión de Juicio Político concluyó que los hechos denunciados por tres ciudadanos no configuraban causal válida para avanzar con el proceso contra Miguel Chaiben Terraf.
La Comisión de Juicio Político, presidida por Sergio Mansilla, resolvió esta mañana rechazar el pedido de destitución promovido contra el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Chaiben Terraf, y dispuso el archivo definitivo de las actuaciones.
El funcionario había sido acusado por los ciudadanos Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras analizar la presentación, la Comisión concluyó que los hechos denunciados no constituían causal válida para promover un juicio político.
Estuvieron presentes en la reunión los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Carlos Verón Guerra, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña.
Al menos ocho gobernadoresdel Norte Grande habían confirmado durante el fin de semana su asistencia a la reunión de este martes a las 10 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires para en medio de las negociaciones de varias provincias con el gobierno de Javier Milei tras la modificación del Régimen energético de zonas frías en Diputados.
Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) volverán a verse las caras tras la modificación del régimen energético de zonas frías impulsado por la Casa Rosada y aprobado con el apoyo de la varios de los legisladores nacionales de estas provincias.
Con la excepción de los peronistas Quintela, Insfrán y el santiagueño Suárez, prácticamente todo el bloque del Norte Grande se plegó a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei, sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre.
El ahorro del Gobierno
Con la medida que se aprobó en Diputados, y en caso de convertirse en ley en el Senado, quedarán excluidos del beneficio 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos.
El proyecto se logró sancionar en la Cámara baja a partir de las negociaciones a la carta de Diego Santilli con un grupo de provincias del Norte Grande para otorgarles beneficios a través de subsidios a la energía eléctrica para compensar en el verano, zona de mayor consuno energético en estas «zonas calientes», la suba de tarifas que sufrirán los pobladores de sus distritos por la modificación del régimen de zonas frías. Alli aparecen los gobernadores de Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, integrantes fijos del staff de aliados del Gobierno en el Congreso.
En medio de esa negociación con la Casa Rosada, y a la espera de la resolución de la Secretaría de Energia que lo comente como «zona caliente» de cara al alto consumo energético que registran sus provincias en el verano, la reunión de este martes asoma menos belicosa que el último encuentro del Norte Grande celebrado en noviembre del 2025 en Santiago del Estero. «Por medio de la presente, se los convoca a participar de una reunión de trabajo el próximo martes 2 de junio a las 10 horas, en el marco de la construcción de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, iniciativa impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial», anticipa la convocatoria a la que tuvo acceso Ámbito.
En noviembre, y en la previa a la votación del Presupuesto, los gobernadores del Norte Grande provinciales habían establecido una dura y extensa agenda de reclamos a Javier Milei que incluía desde fondos de la coparticipación, presupuesto para los sistemas previsionales provinciales y obra pública. En relación a los fondos coparticipables, se registró un aval monolítico al reclamo de La Rioja frente al Gobierno, además de insistir en las demandas vinculadas a deudas por las cajas previsionales de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.
Gobernadores en el CFI
En la reunión del martes que estará encabezada por Ignacio Lamothe como titular del CFI, en principio, estas cuestiones no figuran en la orden del dia donde el tema principal sería «La Hoja de Ruta» que los gobernadores del Norte Grade presentan como «una herramienta estratégica para la identificación de desafíos comunes, oportunidades de desarrollo y prioridades nacionales, promoviendo el diseño de políticas públicas articuladas con una mirada de mediano y largo plazo». Incluso quedó descartado por ahora el anuncio que había hecho el santiagueño Zamora en el último encuentro de gobernadores de reclamarle una audiencia a Milei para plantearle una extensa agenda de reclamos por fondos y obra pública.
Cumbre de gobernadores en CABA. El Norte Grande se vuelve a encontrar a la espera de una resolución de la Secretaría de Energia tras el apoyo de varios mandatarios a la modificación del régimen de zonas frías.
Durante el encuentro en la sede del CFI en la cale Azopardo se realizará la presentación y validación de los avances de los siguientes capítulos temáticos:
Logística
Energía
Recursos hídricos
Educación y trabajo
Industrias culturales y creativas
El encuentro se inscribe en un proceso iniciado en 2022 en el que hasta la fecha 23 provincias, más de 75 ministros y más de 220 funcionarios/as de distintas carteras han participado del desarrollo de los capítulos temáticos, Jornadas Federales y espacios de intercambio técnico-político, donde se elaboran diagnósticos compartidos, se identifican desafíos comunes y se construyen consensos técnicos y políticos, con el objetivo de debatir, consensuar y consolidar lineamientos que fortalezcan el desarrollo federal del país./Ámbito/