Jorge “Chicho” Díaz, uno de los acusados por el encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez, obtuvo el arresto domiciliario tras una audiencia de Impugnación. Para acceder al beneficio deberá cubrir una caución de $20 millones.

La decisión fue tomada por la jueza Jimena Suárez, quien hizo lugar al planteo presentado por el defensor de Díaz, Juan Pablo Bello. El abogado sostuvo que no existían motivos para considerar que su asistido pudiera entorpecer la investigación.

El fiscal Pedro Gallo y el representante de la querella, Carlos Garmendia, se opusieron al pedido. Sin embargo, la magistrada resolvió conceder la prisión domiciliaria y fijó una caución menor a la solicitada inicialmente, teniendo en cuenta la situación personal del acusado.

“Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, señaló Bello.

Díaz está acusado de haber participado en maniobras destinadas a encubrir el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La joven fue asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena y su cuerpo fue encontrado posteriormente en un descampado de Manantial Sur.

Por el femicidio fue acusado Felipe “El Militar” Sosa. También fueron procesados Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa; Nicolás Navarro Flores, amigo personal del acusado por homicidio agravado; y Díaz, señalado como empleado de confianza del empresario. La acusación sostiene que los tres habrían desplegado distintas conductas para encubrir el crimen.

Gordillo también cumple arresto domiciliario, luego de hacer efectiva una caución de $30 millones y de colocársele una pulsera de seguimiento.

En tanto, Navarro Flores ya cumple una pena de tres años de prisión tras haber aceptado esa condena en un juicio abreviado.

El juicio por el crimen de Érika

Mientras se resuelven los planteos relacionados con las medidas de coerción, continúan las audiencias preparatorias para el juicio oral, que podría concretarse antes de fin de año.

Durante estas jornadas también se produjeron novedades vinculadas al reclamo civil. A pedido de Marcelo Cosciansi, defensor de Sosa, se resolvió excluir a los hermanos de Érika del reclamo, por lo que el pedido de resarcimiento económico de $500 millones se reduciría en un 50%.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.

Durante la misma, el imputado fue acusado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de utilería y robo agravado por el uso de arma utilería, en grado de tentativa, en ambos casos en calidad de autor.

La Fiscalía solicitó en su contra la imposición de la prisión preventiva por el plazo de 35 días, hasta el próximo 10 de octubre, fundamentado la petición en el peligro de fuga y por la probable obstaculización de la investigación, además de las medidas investigativas que restan producirse.

Dicho pedido que fue admitido por la jueza interviniente, disponiendo además que el detenido sea trasladado a la Unidad Penitenciaria correspondiente.

La acusación

El lunes 14 de septiembre de 2026, a las 09.50 horas, en circunstancias que una vecina salió de su domicilio ubicado en calle Manuel Alberti al 2700 (barrio Alberdi Norte), en la zona Norte de San Miguel de Tucumán, para dirigirse al quiosco, mientras caminaba por la vereda, fue que delincuente, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca y modelo Motomel Bllitz 110, de color blanco, descendió del rodado, se acercó desde atrás, sujetándola, la apunto con un arma de utilería de color negro en la cintura, exigiéndole que le entregara sus pertenencias, amenazando que sino la iba a matar, indicándole además que no lo mirara.

De este modo, le sacó del bolsillo delantero del pantalón un teléfono celular Motorola E14 de color amarillo, y del bolsillo de la campera la suma de $50.000, luego de lo cual le dijo que siga caminando sin mirar atrás, seguidamente se dio a la fuga a bordo de la moto con los elementos sustraídos en su poder.

Minutos después, a horas 10.00 aproximadamente, en circunstancia que otra vecina se encontraba con su bebé en brazos, en una panadería ubicada en calle Manuel Alberti al 1900 de la Capital, fue que el sujeto, descendió del rodado en el que circulaba y sorprendió a la mujer apuntándole con un arma de utilería de color negro a su bebé, mientras le decía: «Dame el teléfono o lo que tengas porque te pego un tiro”.

En ese momento comenzó un forcejeo, logrando sacar de la cintura de la mujer el teléfono celular Xiaomi A5 de color celeste y blanco con funda transparente, luego de lo cual intento darse a la fuga con el elementos sustraído en su poder, a bordo del rodado, no pudiendo hacerlo debido a un desperfecto de la motocicleta, lo que permitió que los vecinos alertados por los gritos pudieran reducirlo, siendo aprehendido enseguida por personal policial de la patrulla motorizada.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio en la causa por el emprendimiento inmobiliario Las Pirámides, instalado en terrenos de la Universidad Nacional de Tucumán en San Javier. La resolución también dispuso embargos de $500 millones sobre bienes del padre y de $200 millones sobre los del hijo.

Próspero Sosa, administrador del barrio, fue procesado por usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. A Marcio Sosa se le atribuyó una participación secundaria en la usurpación y en los daños. La decisión no constituye una condena y permite que ambos continúen el proceso en libertad.

El predio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la UNT desde 1948. La investigación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit analiza el loteo, la comercialización de terrenos y las intervenciones realizadas en el área durante el período 2019-2024.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la expansión de las construcciones. Una constatación de abril de 2019 registró 25 viviendas terminadas y una en obra. En abril de 2022 se detectaron 21 viviendas nuevas y un desmonte de gran magnitud; en abril de 2024 se contabilizaron 54 viviendas y, en junio de ese año, un relevamiento georreferenció 70 construcciones.

Para sostener los procesamientos, el magistrado valoró informes de la UNT, Catastro, Renaper, EDET, Enacom y otros organismos. También consideró constataciones judiciales de 2019, 2022 y 2024, relevamientos aerofotogramétricos, datos bancarios, publicaciones periodísticas y en redes sociales, además de documentación de operaciones inmobiliarias.

Respecto de la presunta defraudación, la resolución señala que se acreditó la firma de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. Por lo menos 12 de esas operaciones fueron posteriores a la medida cautelar del 3 de diciembre de 2018, que prohibía nuevas construcciones, ventas de lotes, tala y otras intervenciones en el lugar.

El incumplimiento de aquella orden ya había dado origen a otra causa. El 20 de diciembre de 2024, Próspero Sosa fue condenado a un año de prisión en suspenso y a una multa de $ 30 millones por desobediencia a un funcionario público. Esa sentencia no fue apelada y quedó firme. Las actuaciones actuales son complementarias de ese expediente.

La defensa había pedido que se aplicara el principio de cosa juzgada, al señalar que Sosa ya había sido investigado por usurpación en la causa 315/1998 y sobreseído por prescripción en 2008. La denuncia original había sido presentada por la UNT.

Díaz Martínez rechazó ese argumento porque, según explicó, Las Pirámides no existía en aquel momento. Consideró que las ventas, los desmontes y las construcciones examinados ahora son hechos posteriores y autónomos, correspondientes a 2019-2024.

Después del cierre de la primera causa, Sosa comenzó a desarrollar el emprendimiento. La Universidad volvió a denunciarlo cuando advirtió que se ofrecían lotes mediante redes sociales.

El fallo también desestimó, en esta etapa, la explicación de una posesión derivada de una herencia familiar. Recordó que Catastro rechazó en 2009 un plano de mensura presentado por Sosa para una prescripción adquisitiva y sostuvo que, durante los hechos investigados, no tenía título ni resolución judicial que le reconociera dominio o posesión sobre Las Pirámides.

En cuanto al daño agravado, el juez identificó desmontes, tala indiscriminada, apertura de caminos y modificaciones de la morfología del área protegida. Esas alteraciones, indicó, surgen de las inspecciones judiciales y de la comparación de fotografías aéreas incorporadas al expediente.