La deforestación continúa avanzando sobre los bosques nativos del norte argentino. Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, según un relevamiento de Greenpeace realizado mediante la comparación de imágenes satelitales.
La superficie afectada equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a cuatro veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. A este escenario se suma el incumplimiento presupuestario de la Ley de Bosques, que compromete los recursos destinados a la conservación de estos ecosistemas.
Frente a esta situación, la organización reclama que se mantenga la normativa y que los desmontes ilegales y los incendios forestales sean considerados delitos penales.
Santiago del Estero y Salta
El relevamiento de Greenpeace, al que accedió Economía Sustentable, identificó a Santiago del Estero como la provincia con mayor superficie deforestada durante los primeros nueve meses del año, con 35.368 hectáreas.
En segundo lugar se ubicó Salta, con 20.122 hectáreas, seguida por Chaco, con 9.339 hectáreas, y Formosa, con 8.395 hectáreas.
Estas cifras corresponden al monitoreo satelital realizado por la propia organización ambientalista y no a una estadística oficial del Estado nacional.
Manifestantes de Greenpeace despliegan una bandera gigante en reclamo por la protección de los bosques nativos y contra la deforestación en ArgentinaGreenpeace registró 73.224 hectáreas deforestadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre de 2026
Los datos muestran que la pérdida de cobertura forestal alcanza a distintas zonas del norte argentino. A partir de este diagnóstico, Greenpeace cuestionó los mecanismos de fiscalización de los gobiernos provinciales y las decisiones del Ejecutivo nacional en materia de conservación ambiental.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, sostuvo que las multas económicas no funcionan como un freno efectivo para los desmontes ilegales y afirmó que algunos empresarios agropecuarios las incorporan como parte de sus costos de producción.
“Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como un costo de producción. Además, hay una clara complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan deforestar donde no está permitido. Mientras el Gobierno nacional recorta los fondos para la conservación y promueve la modificación de la Ley de Bosques”, advirtió Giardini, según el comunicado difundido por la organización el 26 de octubre de 2026 al que tuvo acceso Economía Sustentable.
Greenpeace cuestionó las multas y reclamó sanciones penales por los desmontes
Para Greenpeace, uno de los principales problemas es que las sanciones económicas no alcanzan para desalentar la destrucción de los bosques. La organización sostiene que las multas pueden terminar incorporadas a los costos de las actividades agropecuarias, sin modificar las decisiones de quienes realizan desmontes ilegales.
La crítica también apunta a las administraciones provinciales, a las que la entidad responsabiliza por la falta de controles y por flexibilizar las regulaciones ambientales. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por sus representantes y forman parte del reclamo para reforzar la aplicación de la normativa vigente.
El planteo se vincula, además, con el compromiso internacional asumido por la Argentina durante la Cumbre Climática de Glasgow de 2021. En ese encuentro, el país respaldó el objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.
Sin embargo, Giardini consideró que las políticas actuales no permiten avanzar hacia esa meta y cuestionó las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional sobre la legislación forestal.
“Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el Gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, debemos prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, señaló el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino.
La propuesta de la organización consiste en incorporar sanciones penales para quienes destruyan bosques de manera ilegal y evitar que estos hechos queden sujetos únicamente a multas administrativas.
Activistas bloquearon una topadora que desmontaba 700 hectáreas en Salta
El reclamo de Greenpeace también tuvo una expresión concreta en el territorio. El 4 de noviembre de 2026, activistas de la organización intervinieron en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en Salta, donde denunciaron tareas de desmonte sobre una superficie de 700 hectáreas.
Troncos de árboles talados y apilados en un área de bosque, como evidencia del avance de la deforestación
La organización ambiental cuestionó los recortes presupuestarios y la posible reforma de la Ley de Bosques
Según informó Greenpeace en su comunicado del 4 de noviembre, la organización detectó la actividad mediante imágenes satelitales y sobrevuelos. Durante la intervención, sus integrantes se interpusieron entre la topadora y el bosque para impedir que la maquinaria continuara avanzando.
Posteriormente, bloquearon su funcionamiento mediante la colocación de un cepo en las palancas de manejo. También instalaron una faja de clausura con la inscripción “crimen ambiental” y desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei.
El mensaje decía: “Milei: ni con motosierra ni con topadora. La Ley de Bosques no se toca”.
La acción buscó visibilizar el avance de los desmontes y cuestionar las iniciativas oficiales que, según Greenpeace, podrían reducir las restricciones ambientales. La superficie de 700 hectáreas corresponde al desmonte identificado por la organización en esa finca y no debe confundirse con el total provincial registrado durante el relevamiento de enero a septiembre.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, también cuestionó las decisiones del Ejecutivo nacional y la actuación de las administraciones provinciales.
“Mientras el Gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido”, advirtió.
El Presupuesto 2027 contempla una reducción de los fondos para la Ley de Bosques
Otro de los puntos centrales del reclamo es el financiamiento previsto para conservar los bosques nativos durante 2027.
Según el análisis difundido por Greenpeace, el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos apenas el 4% de los recursos que le corresponderían según los criterios establecidos por la normativa.
El proyecto de Presupuesto 2027, identificado como expediente 0013-JGM-2026 y presentado ante el Congreso el 15 de septiembre, incluye en su artículo 16 una asignación de $24.668 millones para ese fondo y otros $3.654,56 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. La comparación con los recursos que exige la ley es la que utiliza Greenpeace para fundamentar su cuestionamiento presupuestario.
Estos fondos están destinados a financiar tareas de control de la deforestación ilegal, prevención y combate de incendios forestales y programas de conservación. La reducción de los recursos disponibles, según advierte la organización, puede limitar la capacidad de las autoridades para sostener esas actividades.
A este escenario se suma el proyecto de modificación de la legislación forestal. De acuerdo con la interpretación de Greenpeace sobre la iniciativa oficial, los cambios elevarían del 20% al 80% la proporción de áreas donde estaría permitido autorizar desmontes.
La normativa vigente es la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007. Uno de sus principales instrumentos es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que clasifica las superficies según su valor de conservación y establece qué actividades pueden desarrollarse en cada zona.
El sistema contempla tres categorías. La categoría I, identificada con el color rojo, comprende áreas de muy alto valor de conservación, donde no se permiten desmontes. La categoría II, de color amarillo, incluye sectores en los que pueden desarrollarse determinados usos sustentables, aunque tampoco está habilitada la eliminación del bosque. Por último, la categoría III, identificada con el color verde, corresponde a zonas de menor valor de conservación, donde pueden autorizarse transformaciones parciales bajo los procedimientos y requisitos establecidos.
Esta clasificación determina las condiciones de uso de cada territorio. Por eso, desde Greenpeace advirtieron a Economía Sustentable que los cambios propuestos podrían ampliar las superficies susceptibles de ser desmontadas y reducir el alcance de las protecciones actuales.
¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación en Argentina?
La pérdida de bosques nativos también tiene consecuencias sobre los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Los árboles y la vegetación cumplen funciones relacionadas con la regulación del agua, la protección de los suelos, la conservación de especies y la captura de carbono.
Cuando desaparece esa cobertura vegetal, el territorio queda más expuesto a procesos como la erosión, la desertificación y las inundaciones. Greenpeace advierte que la transformación de estos ambientes también reduce los espacios disponibles para numerosas especies y altera sus condiciones de alimentación y reproducción.
La organización incluye entre las consecuencias de la deforestación los problemas que pueden enfrentar las comunidades campesinas e indígenas. En distintas zonas del norte argentino, los bosques forman parte de sus actividades cotidianas y constituyen una fuente de alimentos, madera y plantas medicinales. La modificación de esos territorios puede afectar sus formas de vida y generar conflictos vinculados con la tenencia de la tierra.
En su comunicado del 4 de noviembre, Greenpeace también relacionó la pérdida de cobertura forestal con una mayor exposición a los efectos de la crisis climática y del fenómeno conocido como Súper Niño. Esa relación forma parte de la advertencia ambiental expresada por la organización.
“La deforestación nos vuelve más vulnerables a los efectos de la crisis climática y el Súper Niño. Más desmontes provocan más inundaciones, desaparición de especies, desertificación, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, y pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz.
El diagnóstico de Greenpeace también incluye los incendios forestales. Según las estimaciones difundidas por la entidad, durante 2026 el fuego afectó a más de 60.000 hectáreas en la Patagonia. Se trata de una cifra correspondiente a otra región del país y a un fenómeno distinto de la deforestación contabilizada en las cuatro provincias del norte.
La organización reclama que tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales sean incorporados a un régimen de sanciones penales.
Greenpeace espera un fallo de la Corte Suprema por los bosques del Gran Chaco
La protección de los bosques nativos del norte argentino también llegó a la Justicia. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, además del Estado nacional.
Según explicó la organización al informar sobre la presentación judicial, el planteo cuestiona la destrucción del hábitat de los yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco argentino y denuncia incumplimientos de la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Cuando presentó la demanda, Greenpeace citó estimaciones científicas que indicaban que quedaban menos de 20 ejemplares de yaguareté en esa región. La cifra corresponde a las estimaciones mencionadas por la entidad en el marco de su reclamo judicial.
La presentación apunta a establecer responsabilidades de las autoridades nacionales y provinciales en la protección de esos territorios y de las especies que los habitan. De acuerdo con la información difundida por Greenpeace, la Corte Suprema declaró su competencia en la causa y todavía se espera una resolución del máximo tribunal.
El expediente constituye otro de los antecedentes del reclamo de la organización para que se garantice el cumplimiento de la legislación ambiental en las provincias del norte. /
Economía Sustentable 
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