Las acciones de ATEPSA consistirán en paros con franjas de ocho horas de duración, las cuales, en esta etapa, afectan exclusivamente los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Adicionalmente, el sindicato anunció que buscará paralizar, a partir del 3 de noviembre, toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

Desde EANA se calificó a la medida como «ilegítima», sosteniendo que el argumento sindical de «no cumplimiento del acuerdo paritario es falso», ya que el mismo se encuentra «actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre».

Las críticas a la medida se elevan al plano político, donde fuentes oficiales aseguraron que el paro de ATEPSA es «netamente político» y forma parte de un conflicto de larga data. La postura denuncia la «intransigente y extorsiva» actitud de la «casta gremial kirchnerista», a la que se acusa de nunca estar dispuesta a negociar, buscando solo «perjudicar».

Impacto y Cronograma

La afectación directa a los vuelos de carga podría generar demoras significativas en la cadena logística y comercial del país.

El sindicato ATEPSA esgrime que la medida de fuerza se debe al incumplimiento de acuerdos laborales previamente asumidos por EANA, especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial.

Denuncian el incumplimiento de compromisos asumidos en audiencias anteriores, a pesar de haber finalizado el período de conciliación obligatoria.

Paola Barritta (Secretaria General de ATEPSA), señaló que las autoridades aeronáuticas han presentado «informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga».

ATEPSA anunció que las interrupciones en la primera etapa solo afectarían los despegues de aeronaves de carga y las capacitaciones presenciales y virtuales del personal de EANA, con un cronograma de 9 jornadas nocturnas (de 22:00 a 06:00) entre el 3 y el 30 de noviembre, pero garantizan la excepción de vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR).

Las cámaras que nuclean a las aerolíneas han cuestionado medidas de fuerza previas, tildándolas de «innecesariamente oportunistas» y advirtiendo sobre la dificultad para reprogramar vuelos, lo que impacta tanto en pasajeros como en el transporte de carga.

El cronograma de paros de Controladores Aéreos involucra a los días: lunes 3 de noviembre; jueves 6 de noviembre; domingo 9 de noviembre; viernes 14 de noviembre; lunes 24 de noviembre; jueves 27 de noviembre y domingo 30 de noviembre.

El sindicato indicó que las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta a sus reclamos.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 771/2025 publicado en Boletín Oficial, la medida busca “mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación”. Desde enero de 2024 y hasta este entonces, se otorgaron dichos refuerzos económicos por decisión del Poder Ejecutivo, al considerar que los efectos de la movilidad habían generado un desfasaje importante para jubilados y pensionados de menores ingresos.

De esta manera se determinó que el bono de $70.000 será abonado de forma automática a quienes cumplan las condiciones establecidas, es decir: titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, los comprendidos en regímenes especiales derogados, quienes hayan sido transferidos desde cajas provinciales o municipales y beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05. También serán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.

Tal como sucede cada mes, el texto indica que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma en su totalidad, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese mínimo accederán a un monto proporcional que permita alcanzar el tope formado por la suma del haber mínimo más el bono extraordinario. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteraron que este extra será de carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para el acceso o cálculo de otro beneficio.
En cuanto a los cambios en dichos haberes, el último registrado fue en octubre, cuando se aplicó un aumento del 1,8% en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para todos los beneficiarios. El incremento respondió a la actualización basada en el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A raíz de un informe, se conoció que Argentina se encuentra en el puesto 51 entre 52 países en el Índice Global de Pensiones 2025 elaborado por Mercer y el CFA Institute, lo que la posiciona entre los sistemas jubilatorios menos destacados del mundo. El relevamiento, que incluyó a países donde reside aproximadamente dos tercios de la población global, examinó la solidez de los sistemas previsionales en tres dimensiones clave: adecuación, sostenibilidad e integridad.
El informe, liderado por organismos internacionales con experiencia en consultoría previsional y mercados financieros, colocó al país solo por encima de Filipinas en la edición actual del índice. Dolores Liendo, directora del área de manejo de riqueza de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó que el estudio abarcó naciones representativas en los cinco continentes y ratificó que el universo analizado refleja la realidad que enfrentan sistemas de pensiones muy diversos.

Según explicó Liendo a Infobae, la adecuación se vincula a la capacidad de un régimen previsional para garantizar ingresos suficientes a los beneficiarios tras finalizar su vida activa. En ese plano, el análisis examinó variables como la tasa de reemplazo y el acceso efectivo de los trabajadores al beneficio.

El estudio también revisó la sostenibilidad, que califica qué tan viable es el sistema argentino en el tiempo, especialmente ante desafíos como el envejecimiento poblacional, cambios en la base laboral y crisis económicas. Para los especialistas, la Argentina presenta marcadas vulnerabilidades en la solidez macroeconómica, el financiamiento de largo plazo y la inclusión de nuevos aportantes, aspectos que afectan la resiliencia del sistema jubilatorio.

El tercer aspecto medido es la integridad, que evaluó la adecuación de los marcos regulatorios, la transparencia de la gestión y la confianza social en el modelo previsional. La calificación local resultó baja en este eje por factores como los cambios frecuentes en la normativa, la falta de reglas estables, el financiamiento estatal deficitario y las dudas sobre la predictibilidad del sistema.