El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió esta mañana a la discusión del Presupuesto Nacional 2027 y dejó en claro cuál será la postura que llevará Tucumán al Congreso. En diálogo con el programa Los Primeros, destacó las reuniones que mantuvieron los gobernadores del Norte con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y remarcó que el diálogo con la Nación permitió avanzar en el análisis del proyecto.

Jaldo sostuvo que la semana pasada fue “razonablemente importante y positiva para la provincia de Tucumán” y valoró especialmente los encuentros mantenidos por los mandatarios del Norte en Capital Federal. Según explicó, uno de los aspectos centrales fue la participación de las provincias en la discusión del Presupuesto, al que definió como una herramienta que “marca el rumbo del Gobierno nacional”, pero que también establece parámetros y partidas vinculadas con áreas esenciales de los 24 distritos del país.

En ese marco, señaló que los gobernadores están analizando el proyecto en detalle junto con sus ministros de Economía y los representantes que tienen en Buenos Aires. “Estamos preocupados, pero estamos ocupados leyendo cada página de ese presupuesto”, afirmó, al diferenciar la posición de los mandatarios que buscan intervenir activamente en la discusión de aquellos que plantean directamente no acompañar la iniciativa.

En ese análisis, el gobernador puso especial atención sobre dos cuestiones: las partidas destinadas a discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.

Respecto de la discapacidad, recordó que recientemente se votó la prórroga de la ley y señaló que el proyecto de Presupuesto 2027, tal como está planteado actualmente, no estaría en consonancia con esa normativa.

“Hoy el presupuesto no está en consonancia con esa ley, por lo tanto va a tener que sufrir modificaciones. Caso contrario, no va a poder salir el presupuesto si no se corrige el tema de la discapacidad”, afirmó.

También reclamó modificaciones en el financiamiento universitario y mencionó particularmente a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Universidad Tecnológica Nacional, dos instituciones que, según destacó, tienen una importancia central para la provincia y para todo el Norte argentino.

“Al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio”, sostuvo.

Tucumán condiciona su acompañamiento a las modificaciones

En ese marco, Jaldo planteó que la posición de Tucumán no pasa por rechazar el Presupuesto de manera anticipada, sino por discutir su contenido y exigir modificaciones antes de definir el acompañamiento.

“En general, el presupuesto hay que ver partidas que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con las universidades, que si eso no se corrige, evidentemente, no van a tener los votos necesarios, porque no vamos a acompañar desde el interior si no se hacen las correcciones necesarias”, afirmó.

La definición del Gobernador se inscribe, además, en su planteo de que el Gobierno nacional debe contar con una ley de Presupuesto. Jaldo sostuvo: “Yo soy uno de los gobernadores que brego por la institucionalidad y brego por la gobernabilidad, y por eso he manifestado públicamente que al Gobierno nacional hay que darle un presupuesto”, señaló.

Jaldo insistió en que contar con una ley de Presupuesto es necesario para el funcionamiento de los distintos niveles del Estado. “No se puede gobernar a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel municipal si no hay un presupuesto”, afirmó.

En ese sentido, buscó diferenciar su postura de las interpretaciones que, según dijo, circularon en algunos medios respecto de un supuesto respaldo al proyecto tal como fue presentado. “He escuchado algunas versiones de algunos pequeños medios periodísticos que hablan que me he manifestado a favor del presupuesto sin tener en cuenta la discapacidad o la universidad. Eso es falso”, aseguró.

El gobernador explicó que su planteo consiste en que el Gobierno nacional debe tener un presupuesto, pero que el proyecto debe ser discutido y modificado en el Congreso antes de su aprobación.

“Al presupuesto lo van a tener que votar”

Jaldo también planteó qué podría ocurrir si el Congreso no sanciona el Presupuesto 2027. Según explicó, en ese escenario el Gobierno nacional podría prorrogar el presupuesto vigente y, bajo ese esquema, el jefe de Gabinete tendría facultades para administrar las partidas sin que exista una nueva ley aprobada por el Congreso.

“Si el Gobierno nacional no tiene presupuesto, inmediatamente a fin de año pone en ejecución el presupuesto presente, o sea, el presupuesto del 2026 lo pone en vigencia para el año 2027, pero con la diferencia que el manejo está a cargo del jefe de Gabinete, donde, de manera discrecional, maneja todas las partidas sin excepción”, afirmó.

Por eso, el gobernador cuestionó la estrategia de quienes plantean rechazar el proyecto sin avanzar en una negociación para modificarlo.

“Si no fijamos por ley el presupuesto del 2027, el año que viene el Gobierno nacional va a poder distribuir las partidas a gusto de ellos mismos, sin haber tenido participación el Congreso nacional, ni diputados ni senadores”, sostuvo.

En esa línea, Jaldo remarcó que los legisladores tucumanos deberán involucrarse en el debate parlamentario y llevar al recinto las demandas de la provincia.

“Acá hay que ponerse a trabajar, acá hay que dar la cara, acá hay que ir a las comisiones, en diputados y en senadores, y plantear las problemáticas de la Nación, pero también las problemáticas de cada una de las provincias”, manifestó.

Finalmente, el gobernador insistió en que la discusión no debería limitarse a votar a favor o en contra del proyecto, sino que debe incluir una negociación sobre las partidas y necesidades de cada distrito.

“El que dice ‘yo no voto’ o ‘le voto todo en contra’, eso no es ninguna solución ni para el país ni para la provincia de Tucumán”, afirmó. Y cerró con un mensaje dirigido a los representantes tucumanos en el Congreso: “Llegó la hora de jugarse, llegó la hora de trabajar, llegó la hora de poner la cara, llegó la hora de llevar la voz de los tucumanos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores”.

El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, resolvió relevar de sus funciones y pasar a situación de disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, luego de que una investigación interna comprobara el cobro indebido de haberes y asignaciones suplementarias sin respaldo reglamentario. La medida administrativa, encuadrada en la Ley de Personal Militar, deja a los nueve efectivos sin destino asignado por un lapso máximo de un año mientras se sustancian los sumarios disciplinarios de rigor, en los que no se descarta la sanción de destitución.

En paralelo a las actuaciones castrenses, el caso escaló al fuero penal a partir de una denuncia formulada por el director general de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, donde se investiga una maniobra sistemática que involucra al menos 645 transferencias indebidas por un monto histórico de $981.148.567,88, ejecutadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La pesquisa judicial advierte que la cifra original abarca a 23 oficiales sospechosos, aunque la proyección pericial preliminar estima que el desvío global podría extenderse a más involucrados y alcanzar un quebranto final de entre $1.300 y $1.600 millones.

El mecanismo para burlar controles en el Banco Nación

Las anomalías fueron detectadas en febrero último tras auditarse liquidaciones de suplementos no justificados a cinco agentes. La posterior reconstrucción informática permitió determinar que las transferencias irregulares se camuflaban de manera premeditada dentro del lote mensual de liquidaciones legítimas de más de 24.000 efectivos que componen la fuerza naval.

Para eludir las auditorías automáticas, los responsables alteraban manualmente los registros y archivos una vez concluidos los controles ordinarios de liquidación y justo antes de transferir los soportes informáticos al Banco Nación. Inmediatamente después del envío bancario, los valores del sistema interno se restituían a sus parámetros originales, evitando así que los importes adicionales aparecieran impresos en los recibos oficiales de sueldo del personal.

Confesión interna, cobros a civiles y causas en curso

La auditoría acreditó además que el 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04 distribuidos en 184 operaciones) terminó en cuentas de cuatro personas sin vínculo alguno con la Armada. En esa nómina aparece María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. La mujer percibió de forma ilícita más de $152 millones. En el marco de las actuaciones administrativas previas a su relevo preventivo, el propio Atanasoff reconoció que efectuaba las cargas manuales de manera directa y discrecional para favorecer económicamente a su entorno, asegurando que actuaba sin intervención de terceros.

El peritaje contable también detectó incompatibilidades graves entre el personal en servicio: el oficial Roberto Eduardo Castro figuraba percibiendo simultáneamente sueldos en el exterior y en el país pese a estar inhabilitado por sistema para cobrar el tramo local, mientras que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, cobró acreditaciones mientras usufructuaba una licencia sin goce de haberes. Hasta el momento de la presentación en tribunales se logró la restitución de $42.574.267,63, quedando pendiente un perjuicio no resarcido superior a los $938 millones, al tiempo que la conducción naval reforzó la segregación de funciones entre los equipos de liquidación, pago y conciliación bancaria.