La pérdida del poder adquisitivo se consolidó como la principal preocupación económica de los tucumanos, en un contexto en el que la desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora perceptible para los ingresos de los hogares. Datos oficiales y relevamientos privados coinciden en mostrar que una porción cada vez mayor de la población necesita buscar fuentes adicionales de ingresos para afrontar los gastos mensuales, mientras nuevas subas en servicios y tarifas anticipan un escenario aún más exigente para julio.

Las estadísticas públicas revelan que el 27,7% de los trabajadores ocupados del aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo busca un segundo empleo para complementar sus ingresos familiares. En términos absolutos, se trata de unas 122.000 personas, una cifra que prácticamente equivale a la cantidad de empleados que tiene actualmente el Estado provincial.

La situación también quedó reflejada en el estudio «Percepciones de los tucumanos frente al contexto socioeconómico actual», elaborado por la consultora Sociología y Mercado entre el 12 y el 16 de este mes. El informe concluyó que el 40,8% de los encuestados considera que el salario alcanza cada vez menos para cubrir el presupuesto familiar, ubicando al deterioro de los ingresos como el principal problema económico de la provincia.

La segunda preocupación más mencionada corresponde al aumento del costo de los servicios públicos —como agua, electricidad, gas e internet—, señalada por el 23,7% de los consultados. Aunque el impacto continúa siendo elevado, la comparación interanual muestra una menor relevancia relativa debido a que las familias priorizan el pago de esos servicios para evitar perder prestaciones consideradas esenciales.

El desempleo aparece como otro factor que ganó peso entre las inquietudes de la población. Según el relevamiento, el 9,6% de los tucumanos lo identifica como una de sus principales preocupaciones, frente al 5,3% registrado en el mismo estudio realizado durante 2025.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la tasa de desocupación durante el primer semestre alcanzó el 7,1% en el principal aglomerado urbano de Tucumán, porcentaje que representa aproximadamente a 31.000 personas sin empleo. La mayor incidencia se registra entre las mujeres de hasta 29 años, donde el desempleo alcanza el 14,1%, duplicando el promedio general. Entre los jóvenes, el indicador llega al 11,5%, según los datos actualizados por la Dirección de Estadística de la Provincia.

El informe de Sociología y Mercado también identifica cuáles son los sectores sociales más afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Quienes con mayor frecuencia manifiestan que el ingreso ya no alcanza pertenecen principalmente al segmento de entre 30 y 44 años, etapa caracterizada por mayores responsabilidades laborales y familiares. Además, el estudio detecta una presencia predominante de mujeres dentro de este grupo.

La directora de la consultora, Roxana Laks, atribuyó este fenómeno al rol que muchas mujeres desempeñan en la administración cotidiana de la economía doméstica. Señaló que son quienes siguen de manera permanente la evolución de los precios de la canasta familiar, controlando los valores de alimentos como la carne y las verduras, además de otros gastos esenciales del hogar.

El escenario económico también tiene su correlato político. El relevamiento refleja que predominan las posiciones críticas hacia el Gobierno nacional, aunque aclara que el panorama dista de ser uniforme, ya que una proporción significativa de la población continúa expresando niveles de aprobación hacia la administración nacional.

Aunque durante abril los salarios lograron superar a la inflación, esa mejora todavía no alcanza para consolidar una recuperación sostenida frente al incremento del costo de vida. De hecho, julio llegará acompañado por una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que volverá a presionar sobre los presupuestos familiares.

Entre los aumentos previstos figuran el transporte público —que en Tucumán fue aprobado a fines de junio pero impactará plenamente durante julio—, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y distintos servicios públicos.

Estos ajustes comenzarán a aplicarse luego de que el Indec informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, índice que activa distintos mecanismos automáticos de actualización establecidos tanto por organismos públicos como por contratos privados.

En el caso de los alquileres firmados bajo la derogada Ley de Alquileres, los inquilinos deberán afrontar desde julio una actualización anual cercana al 31,54%, calculada mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central sobre la base de la evolución de salarios e inflación. En los contratos que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los incrementos dependerán del período pactado y alcanzarán aproximadamente el 8,1% para actualizaciones trimestrales, el 11% en las cuatrimestrales y el 16,7% para las semestrales.