Política
Yerba Buena puso en marcha los controles de narcotest para funcionarios municipales
El intendente, miembros del Concejo Deliberante y autoridades provinciales se sometieron a los primeros análisis toxicológicos en el marco de una normativa que busca evaluar las condiciones psicofísicas en la función pública.
La Municipalidad de Yerba Buena comenzó a aplicar la ordenanza que establece la realización periódica de exámenes toxicológicos a los integrantes del Departamento Ejecutivo y a los miembros del Concejo Deliberante. La normativa, impulsada por los concejales Gabriela Garolera y Mauricio Argiró, dispone controles aleatorios orientados a verificar el estado psicofísico de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública en la ciudad.
En la jornada inicial, el intendente Pablo Macchiarola se presentó en el Hospital Ramón Carrillo para someterse a la prueba de manera voluntaria. Junto con el jefe municipal, participaron los ediles Argiró y Garolera, el presidente del cuerpo deliberativo, Javier Jantus, y los concejales Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano. La medida también tuvo repercusiones en el ámbito provincial: según publicó El Tucumano, el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, resolvió sumarse a la iniciativa y acudió al Hospital Néstor Kirchner para realizarse el mismo análisis de forma voluntaria.
Procedimiento técnico y confidencialidad
El operativo sanitario fue detallado por la directora del Hospital Ramón Carrillo, Flavia Molé, quien explicó en declaraciones a LG Play, citadas por La Gaceta, que el control consiste en la recolección de muestras de orina bajo estrictos protocolos de resguardo personal. Los análisis bioquímicos están diseñados para identificar la presencia de metabolitos de seis grupos de sustancias: cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas.
La selección de las personas a evaluar se organizará a través de un sorteo aleatorio coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la municipalidad. Aquellos funcionarios que resulten designados recibirán una notificación con día y horario específico para presentarse a la toma de muestra. Molé precisó que los informes de laboratorio demorarán cerca de una semana y serán remitidos de forma reservada a cada funcionario por medio del área de personal, sin que se divulguen nombres ni resultados de manera pública.
Garantías procesales y posturas sobre las negativas
El protocolo contempla mecanismos para resguardar el derecho de defensa frente a eventuales resultados positivos. Durante la extracción se llenan dos recipientes: el primero se destina al procesamiento regular en el centro asistencial y el segundo queda bajo custodia para una contraprueba, la cual puede llevarse a cabo en un laboratorio externo que el propio funcionario elija.
Respecto a las consecuencias de las pruebas, existen matices sobre el enfoque del régimen. De acuerdo con lo señalado por Molé en La Gaceta, la medida persigue un fin preventivo y de concientización social, por lo que no establece sanciones automáticas ante la realización del test ni ante una eventual negativa a participar. Por su parte, el intendente Macchiarola manifestó reparos frente a la hipótesis de que un funcionario decida no someterse al examen y consideró que esa actitud generaría interrogantes legítimos, si bien aclaró que los alcances administrativos de ese escenario deberán ser fijados por la reglamentación de la ordenanza.
Argumentos en torno a la transparencia institucional
Las autoridades justificaron la entrada en vigencia del régimen desde la perspectiva de la responsabilidad gubernamental. Macchiarola afirmó que el objetivo principal es dotar de mayor transparencia a la administración municipal y planteó que el esquema podría servir de antecedente para otras localidades, señalando que quienes adoptan decisiones colectivas deben acreditar plenamente sus capacidades.
En una línea coincidente, Ferrazzano respaldó la aplicación de estas herramientas de control, remarcando que deben ejecutarse bajo criterios de igualdad jurídica y resguardo de las garantías individuales. Según recogió El Tucumano, el funcionario provincial argumentó que el ejercicio de la función estatal representa un deber ante la ciudadanía y que las autoridades no pueden reclamar conductas a la sociedad que no estén dispuestas a validar en sus propias prácticas cotidianas.