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Policiales

Violento choque de motocicletas en la ruta 157 dejó tres jóvenes heridos, dos de ellos de gravedad

El accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la Ruta Nacional 157, a la altura del kilómetro 1202 en el departamento Simoca

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Un grave accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la Ruta Nacional 157, a la altura del kilómetro 1202 en el departamento Simoca, dejó como saldo tres jóvenes heridos, dos de ellos con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC), quienes debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Padilla en San Miguel de Tucumán.

El siniestro vial se registró cerca de las 20, a unos 100 metros del acceso a la localidad de Pampa Mayo. En circunstancias que aún se investigan, dos motocicletas colisionaron violentamente, dejando esparcidas partes plásticas y metálicas sobre la cinta asfáltica. Los vehículos involucrados fueron una Honda XR 150cc de color rojo y blanco, y una Honda Biz 125cc negra. Ambas motos presentaban severos daños producto del impacto.

Personal del Sistema de Emergencias 107 de Simoca, junto a efectivos de la comisaría jurisdiccional, acudieron rápidamente al lugar del accidente para asistir a los heridos. Tras una primera evaluación en el Hospital de Simoca, se dispuso la derivación urgente de dos de los involucrados, dada la gravedad de sus lesiones.

Rodrigo Orellana, de 24 años y oriundo de la localidad de Güemes, fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano y sangrado nasal. Fue trasladado en la ambulancia ECO 14 al Hospital Padilla, donde se le practicó una tomografía axial computada (TAC) cerebral. Se encuentra bajo observación y evaluación por el equipo de neurología.

En tanto, Andrés Acuña, de 27 años, residente de San Pedro Mártir, también fue derivado en la ambulancia ECO 20 al nosocomio capitalino. El joven sufrió politraumatismos y TEC, y se le están realizando estudios complementarios para determinar la extensión de sus lesiones.

El tercer herido, Franco Pedraza, de 25 años y también domiciliado en Güemes, presentó politraumatismos y escoriaciones múltiples. Permanece internado en el Hospital de Simoca, donde evoluciona de forma estable y sin complicaciones graves.

La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades policiales y judiciales, que trabajan para determinar la mecánica del siniestro. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo exceso de velocidad, pérdida de control o algún otro factor contribuyente.

Peritos de criminalística trabajaron en el lugar del hecho para realizar las mediciones y recolección de evidencias que permitan esclarecer cómo se produjo la colisión. También se tomó declaración a testigos y se analizarán las cámaras de seguridad cercanas, si las hubiera.

Este nuevo hecho vuelve a poner en foco la seguridad vial en rutas tucumanas, especialmente en tramos de alta circulación como el que atraviesa Simoca. Las autoridades sanitarias y policiales reiteraron el pedido de circular con precaución, utilizar casco protector y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.

El parte médico oficial del Hospital Padilla será actualizado en las próximas horas, mientras se aguarda la evolución clínica de los dos pacientes con lesiones de mayor gravedad.

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Denunciaron a un policía por estafar a 120 familias con casas del IPV en Tucumán

Un cabo que prestaba servicios en la Comisaría Seccional 6° fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos. Prometía adjudicaciones exprés en Lomas de Tafí, Manantial Sur y San Andrés a cambio de pagos de entre 2 y 5 millones de pesos. El perjuicio económico rondaría los $500 millones y la Jefatura lo pasó a disponibilidad.

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Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la fuerza de seguridad provincial tras radicarse una grave denuncia penal contra un integrante en actividad de la Policía de Tucumán. Se trata de un cabo que cumplía funciones en la Comisaría Seccional 6°, quien fue acusado formalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de encabezar un esquema de fraude y estafa piramidal que afectó a más de 120 familias tucumanas, con un desfalco económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.

La causa judicial se originó a partir de la presentación realizada por un empleado del Poder Judicial, quien expuso en sede judicial haber sido contactado por el uniformado bajo la promesa de facilitarle el acceso irregular y directo a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). El policía se jactaba de contar con presuntos contactos de alto nivel en la administración pública y en el arco político para eludir los sorteos oficiales.

Contactos políticos, falsos cupos y entregas millonarias

De acuerdo con el expediente acusatorio, el sospechoso ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda provincial, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar las adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales por cifras millonarias bajo el argumento de trámites administrativos reservados.

 

Con el transcurso de las semanas, el efectivo expandió el mecanismo: aseguró contar con una mayor cantidad de cupos disponibles y solicitó a los primeros involucrados que convocaran a familiares, amigos y compañeros de trabajo para ingresar al beneficio. Decenas de personas, confiadas en la condición de funcionario policial del gestor, transfirieron sumas que oscilaron entre los 2 y los 5 millones de pesos por damnificado.

Colapso del engaño, encierro en una reunión y sanción interna

Pese a los reiterados desembolsos, las entregas pactadas nunca se materializaron. Ante la exigencia de respuestas y la falta de documentación respaldatoria, el acusado comenzó a dilatar las explicaciones apelando a sucesivas excusas operativas. La tensión alcanzó su punto crítico durante una reunión vecinal organizada para exigir la devolución del dinero, ámbito en el cual el cabo terminó encerrándose dentro de una habitación al verse desbordado por los reclamos de los vecinos defraudados.

 

Frente a la gravedad institucional del hecho y el avance de las medidas en la Justicia penal ordinaria, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial resolvieron pasar a disponibilidad al cabo denunciado, abriendo de inmediato un sumario administrativo interno mientras Delitos Complejos recolecta comprobantes bancarios y testimonios para determinar su situación procesal.

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La nena atacada por un pitbull permanece internada y sigue grave

Una niña de 1 año y 7 meses permanece internada en el Hospital del Niño Jesús luego de haber sido atacada por un perro en San Miguel de Tucumán.

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Una niña de 1 año y 7 meses permanece internada en el Hospital del Niño Jesús, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, luego de haber sido atacada por un perro pitbull en San Miguel de Tucumán. Pese a la gravedad del cuadro, se encuentra hemodinámicamente estable.

La directora del hospital, Inés Gramajo, explicó que la menor ingresó a la guardia y fue asistida por el equipo de emergencia y un cirujano general. Debido a la importante pérdida de sangre que había sufrido, debió recibir transfusiones y fue sometida a distintos estudios, entre ellos una tomografía.

Además, especialistas en cirugía maxilofacial evaluaron las lesiones provocadas por el ataque.

Uno de los puntos que generaba preocupación era el estado de uno de sus ojos. La niña fue examinada por el servicio de Oftalmología y se le realizó un fondo de ojos, cuyo resultado fue favorable. Los especialistas continuarán controlándola diariamente hasta que disminuya la inflamación.

“Hay que ser cautelosos y seguir acompañándola. La paciente está recibiendo todas las atenciones con los estudios y especialistas que necesita”, señaló Gramajo.

La directora destacó que el Hospital del Niño Jesús cuenta con los especialistas y recursos necesarios para atender un cuadro de esta complejidad y remarcó que la evolución de la pequeña será evaluada día a día.

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Imputan a dos hermanos por el homicidio de una mujer durante un enfrentamiento armado

Los acusados, de 22 y 16 años, fueron señalados como integrantes de la banda “Los Pericotes”. La víctima fatal recibió un disparo en el abdomen y su madre resultó herida en un muslo. El mayor quedó con prisión preventiva y el menor será alojado en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz, ambas medidas por tres meses.

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Durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, por pedido del Ministerio Fiscal, se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción contra Gregorio Alberto Guzmán, alias “Goyo”, de 22 años, y su hermano de 16, ambos presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pericotes”. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale. En representación del MPF intervino el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, quien les atribuyó a los dos acusados la coautoría de los delitos de homicidio y lesiones leves, ambos en concurso ideal y agravados por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió este último domingo 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en el barrio Barrancas del Salí, en la zona este de San Miguel de Tucumán. Como consecuencia del enfrentamiento armado, Fabiana Isabel Páez, de 48 años, recibió un disparo en el abdomen y falleció horas más tarde en el hospital Centro de Salud. Su madre, Isolina Isidora Décima, de 66 años, también fue alcanzada por un proyectil y sufrió una herida en la parte posterior del muslo derecho.
Por otro lado, cabe mencionar que durante la tarde de este lunes se entregó el tercer imputado, “Kempes” Guzmán, padre de los dos acusados.

La teoría del caso

De acuerdo con la acusación presentada por el MPF, el enfrentamiento se produjo entre dos hermanos conocidos como “Sacha” y “Pata” y un grupo de personas del barrio identificadas como “Los Pericotes”, quienes portaban armas de fuego, piedras y palos. Al escuchar los disparos, Décima y su hija salieron de su domicilio para conocer los motivos del conflicto. En ese momento, “Sacha” y “Pata” pasaron junto a ellas y se dirigieron hacia la esquina siguiente efectuando disparos al aire. Mientras tanto, los integrantes de “Los Pericotes” continuaron disparando a quemarropa en dirección a los hermanos, en cuya trayectoria de los proyectiles se encontraban las dos mujeres.

En esas circunstancias, “Kempes”, “Goyo” y su hermano menor de edad habrían efectuado disparos hacia las víctimas. Como consecuencia de la balacera, Páez fue alcanzada en el abdomen, mientras que su madre recibió un impacto en el muslo. La mujer de 48 años fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde falleció horas después producto de las lesiones sufridas.

Medidas para cautelar la investigación

Durante la audiencia, el auxiliar Andole remarcó la violencia del episodio y sostuvo que “estamos ante un hecho de extrema gravedad, no solo por la consecuencia del fallecimiento de una de las víctimas, sino también por la particularidad del contexto del hecho”. En ese sentido, señaló que se trató de un grupo de personas que perseguía a otras dos y efectuaba disparos en la vía pública, exponiendo a quienes pudieran encontrarse en el lugar. “Esto evidencia un absoluto desprecio por la vida humana y por la seguridad pública”, afirmó.

El representante del MPF también hizo referencia al comportamiento de los imputados después del hecho. “Se fueron del lugar como si nada hubiera pasado para refugiarse y ocultarse en otro sitio de la zona, para recién aproximadamente ocho horas después ser encontrados”, sostuvo. Según indicó, durante ese lapso se habrían descartado prendas de vestir y armas, lo que evidencia un riesgo de entorpecimiento de la investigación.

A los fines de resguardar el proceso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de tres meses para Gregorio Guzmán. En el caso de su hermano, por tratarse de un menor de edad, requirió una medida de disposición provisoria por el mismo plazo, con alojamiento en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz. Por su parte, la defensa técnica demandó para el adolescente una disposición provisoria en un domicilio y, para el mayor de los imputados, medidas de menor intensidad o arresto domiciliario.

Finalmente, la jueza rechazó los planteos de la defensa e hizo lugar a todo lo requerido por el Ministerio Fiscal. Para Gregorio Guzmán ordenó la prisión preventiva y para su hermano la disposición provisoria en el Instituto de Menores Cura Brochero de Benjamín Paz, ambas medidas por el plazo pretendido.

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