Funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y representantes del sector empresarial del transporte público mantuvieron este jueves una nueva reunión en el marco de la mesa de diálogo abierta para analizar la situación del sistema y definir medidas orientadas a mejorar su funcionamiento. El encuentro se realizó en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, el subsecretario del área, Benjamín Nieva, y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). Durante la audiencia se analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del servicio y se acordó avanzar en un proceso de racionalización del sistema, con el objetivo de optimizar recorridos y garantizar el cumplimiento de las frecuencias, especialmente en horarios pico. La secretaria de Gobierno explicó que el encuentro forma parte de la continuidad de las conversaciones iniciadas la semana pasada y que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima reunión prevista para el miércoles 22 de abril. “Esta es una reunión que se da luego de una primera reunión en el marco de la mesa de diálogo, la cual ha pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 22. En ese sentido se conversó con los empresarios distintos puntos y nosotros habíamos requerido información el 20 de febrero”, señaló Giuliano. La funcionaria indicó que algunas empresas ya presentaron los datos solicitados por el municipio, mientras que otras aún deben completar esa información para avanzar en un análisis técnico del sistema. “Varias empresas se han acercado con la información requerida, otras no. Con esa información restante que se comprometieron a enviar antes del miércoles 22 vamos a estudiar cuál es el precio del kilómetro recorrido y también del pasajero transportado, teniendo en cuenta los últimos cambios con respecto al combustible y las paritarias”, explicó. Giuliano agregó que en la próxima reunión se analizarán también propuestas de reformulación de recorridos que permitan mejorar la eficiencia del sistema. “Nos van a traer propuestas de recorridos más eficientes para lo que sigue, para que siempre los usuarios sean los beneficiados y que si se reformulan recorridos pase por los lugares que tienen que pasar y sea efectivo en los tiempos en que la gente lo necesita”, afirmó. En ese marco, remarcó que el servicio continuará prestándose con normalidad mientras se desarrollan las negociaciones. “Mientras tanto se va a brindar el servicio con normalidad. Eso fue lo conversado hoy y los empresarios manifestaron el interés de mantener el servicio en estos días”, sostuvo.

No habrá más subsidios

La secretaria de Gobierno también reiteró que el municipio no está en condiciones de incrementar los aportes económicos al sistema de transporte. “Nosotros no vamos a poner más dinero porque ya hemos hecho un gran esfuerzo desde noviembre del año pasado. Lo que tenemos que hacer ahora es eficientizar el sistema beneficiando siempre al usuario”, señaló. En ese sentido, aclaró que las medidas que se analizan no implican recortes en la prestación. “No son reducciones de servicio, sino una eficientización del sistema. Lo que se habló fue mantener el servicio con normalidad y trabajar en un sistema racionalizado de recorridos”, subrayó. Por su parte, el flamante secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, explicó que su incorporación a la mesa de diálogo apunta a avanzar en un proceso de revisión integral del sistema. “Ha sido una reunión importante. Yo me integré hoy a la mesa de diálogo dispuesta por el Ejecutivo municipal a partir de noviembre del año pasado y buscamos el sinceramiento de los números como primera medida”, afirmó Arnedo. El funcionario señaló que uno de los objetivos principales es conocer en detalle los costos del sistema y el destino de los recursos que el municipio viene aportando al transporte público. “Queremos hacer un costo real y efectivo de cuánto vale cada cosa y también saber a dónde se disponen los recursos que la municipalidad viene poniendo desde noviembre para acá, que ya superan los 5.000 millones de pesos”, indicó. Arnedo también remarcó que el objetivo final es mejorar la calidad del servicio para los usuarios. “Acá la cuestión de fondo es mejorar el servicio público de pasajeros, porque hoy el servicio no es el mejor. Entendemos que la racionalización y la eficientización de los recursos es condición para poder avanzar con soluciones para los usuarios”, sostuvo. Asimismo, garantizó que el sistema continuará funcionando mientras se desarrollan las negociaciones. “El servicio va a continuar. Hemos hablado de distintos temas, incluso de las licitaciones públicas, y todo se conversó en un marco de diálogo y tranquilidad”, agregó.

Qué dicen los empresarios

A su turno, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, valoró la continuidad del diálogo con las autoridades municipales y explicó que las conversaciones seguirán la próxima semana. “Se priorizó el diálogo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el día 22 con la expectativa de encontrar una solución a algo que hoy es de muy difícil resolución porque hay que analizar los costos”, expresó. Berreta señaló que el principal desafío es lograr un diagnóstico real de la situación económica del sistema. “Lo que falta es el sinceramiento total de los costos de la explotación. Es una actividad que no puede seguir trabajando en base al déficit porque quien paga las consecuencias es toda la sociedad”, afirmó. El dirigente empresarial advirtió además que el sector enfrenta una fuerte presión por el incremento de los costos operativos, especialmente por el aumento del combustible. “Estamos prestando el servicio con un gasoil que aumentó entre el 50 y el 56 por ciento a nivel mayorista. Estamos en un punto límite, muy complicado”, indicó. No obstante, aseguró que las empresas decidieron mantener la prestación del servicio mientras continúan las negociaciones. “Nosotros decidimos endeudarnos para prestar un servicio normal. Por eso seguimos apostando al diálogo y analizando cada una de las variantes para encontrar una solución”, concluyó. Las partes volverán a reunirse la próxima semana con el objetivo de avanzar en un diagnóstico técnico del sistema y definir posibles medidas para optimizar los recorridos y mejorar la prestación del transporte público en la capital tucumana.

En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán sancionó iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional y a la planificación de políticas públicas importantes para la provincia.

En primer lugar, el cuerpo parlamentario otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial. Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En ese sentido, en el Centro Judicial Capital se aprobaron los pliegos de la Dra. Ana Ricco Falú, el Dr. Diego Javier Trabadelo, la Dra. Georgina Graciela Medina, la Dra. Marcela Eugenia De Mari y la Dra. María Alejandra Rodríguez; en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden a la Dra. María Alejandra Rivas y al Dr. Fernando Antonio Vera; mientras que en el Centro Judicial del Este se otorgó acuerdo al Dr. Juan Facundo Masaguer, la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez y la Dra. Gabriela Sami.

En segundo término, la Legislatura avanzó en la creación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica – Plan Integral de Prevención de Inundaciones, un espacio destinado a abordar de manera integral una problemática estructural que afecta a distintos puntos de la provincia.

La iniciativa establece la conformación de un ámbito de trabajo interdisciplinario integrado por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, universidades, organismos técnicos y especialistas, con el objetivo de elaborar un diagnóstico actualizado de la situación hídrica, identificar zonas críticas y diseñar estrategias de prevención, mitigación y respuesta frente a eventos climáticos adversos.

Asimismo, la comisión tendrá como finalidad la elaboración de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones, con propuestas concretas de política pública y un enfoque de planificación a mediano y largo plazo, incorporando herramientas técnicas, participación institucional y articulación entre distintos niveles del Estado.

Por último, el proyecto vinculado a la modificación de la Ley N° 9531 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán fue girado nuevamente a comisión para un análisis más amplio.

Al respecto, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la importancia de los temas abordados durante la sesión: “Dos temas importantes: por un lado, la aprobación de diez pliegos. Esto ayuda a que el Poder Judicial pueda contar con la dotación que necesita para funcionar. Todos los postulantes han pasado por los procesos previos, así que estamos muy satisfechos en ese sentido”.

En relación a la creación de la comisión hídrica, señaló: “Es una continuidad de un trabajo que ya se había iniciado en la provincia. Lo que buscamos ahora es completar el diagnóstico y avanzar en las obras que se necesitan. Desde la Legislatura vamos a brindar las herramientas y el diagnóstico necesario para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el financiamiento y llevar adelante esas obras”.

Asimismo, remarcó el enfoque institucional del tema: “Con las inundaciones y con quienes las sufren no vamos a hacer política. Por eso pedimos que, más allá de las diferencias, trabajemos todos sin distinción de banderías para lograr soluciones que sirvan a todos los tucumanos”.

En ese sentido, explicó también que la normativa contempla la posibilidad de ampliar la integración del espacio de trabajo, ante el interés de distintos sectores en participar: indicó que existe la voluntad de sumar aportes técnicos y experiencias que puedan enriquecer el proceso.

Finalmente, valoró el consenso alcanzado en el recinto: “A pesar de las diferencias en el debate, la resolución fue aprobada por unanimidad, y eso es muy importante”.

FUENTE: Legislatura de Tucumán

Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. A través de comunicados dirigidos a las familias y la comunidad educativa, las autoridades confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y pidieron evitar la difusión de rumores.

Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.

Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, al tiempo que dialogan con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes.

Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.
En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.

Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En el comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.

En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.

FUENTE: La Gaceta