Dos tucumanos y un hombre de Salta enfrentan un juicio por jurados por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos cuyos cuerpos fueron encontrados en mayo de 2024 en una zona rural del norte salteño. Entre los acusados se encuentra Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi, junto con Carlos Fernando Rodríguez, conocido como “Kokoz”, quien trabajaba en la Municipalidad de esa ciudad.

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El tercer imputado es Roberto Enrique Larrán, residente de Orán. Los tres están acusados por los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas, cuyos cuerpos fueron hallados el 10 de mayo de 2024 a un costado del camino que conecta la ruta nacional 34 con la localidad de Urundel, cerca de Colonia Santa Rosa. El debate comenzó el martes 27 de octubre y se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados, con la dirección del juez técnico Raúl Fernando López.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación, los tres hombres habrían coordinado sus movimientos para interceptar a las víctimas y asesinarlas. La reconstrucción fiscal sostiene que Díaz mantenía un vínculo previo con Zutara y que habría intervenido en el encuentro con ambos ciudadanos bolivianos antes del ataque.

Los investigadores sostienen que las víctimas fueron sorprendidas, reducidas y atacadas con armas de fuego. Uno de los hombres tenía las manos sujetas con precintos. Después del crimen, el vehículo en el que se desplazaban fue encontrado abandonado en la provincia de Jujuy. La Fiscalía acusa a los imputados como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Durante las primeras audiencias, los tres imputados rechazaron los cargos. De acuerdo con la información publicada por medios salteños y tucumanos, Díaz sostuvo que había viajado a Orán por motivos laborales y negó haber participado en los homicidios. Rodríguez también cuestionó la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

Las defensas plantearon objeciones sobre los horarios, los registros de cámaras de seguridad y la falta de pruebas que, según sus argumentos, permitan establecer una participación directa de sus representados en el doble crimen. También cuestionaron aspectos de la investigación y solicitaron que los acusados sean declarados no culpables. Estos planteos deberán ser evaluados junto con las pruebas incorporadas durante el debate.

Las defensas cuestionaron la reconstrucción presentada por la Fiscalía y plantearon que no existen pruebas suficientes para vincular a sus representados con las ejecuciones.

Los abogados de Díaz, Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, afirmaron que el procurador había viajado a Orán por motivos laborales, concretamente para cobrar honorarios correspondientes a gestiones realizadas para familiares de una de las víctimas.

También destacaron que los estudios periciales no habrían identificado material genético de Díaz en las muestras tomadas de las manos y uñas de los fallecidos. Agregaron que no se encontró un arma de fuego en su poder ni se acreditó que hubiera efectuado disparos.

Por su parte, el defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, puso el foco en los registros de cámaras de seguridad que, según su interpretación, ubicarían al Toyota Corolla en la zona de Pichanal y la ruta nacional 34 entre las 3.10 y las 3.15.

El abogado sostuvo que esos horarios resultarían incompatibles con la presencia de su defendido en el lugar donde se produjo el doble crimen. También cuestionó que no se hubieran profundizado otras líneas investigativas relacionadas con una motocicleta mencionada por testigos y con registros de antenas telefónicas.

La causa adquirió repercusión en Tucumán por los antecedentes y las relaciones políticas de algunos imputados.

Díaz había sido candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi y mantenía vínculos con instituciones deportivas y actividades comunitarias, especialmente con el club La Querencia.

Rodríguez, en tanto, trabajaba en la Municipalidad de Alberdi y fue señalado como una persona cercana al exsecretario de Hacienda José Roldán, imputado en una investigación por presunto lavado de activos. Tras conocer que era buscado, Rodríguez se presentó ante la Policía.

Durante la investigación también surgieron referencias a posibles vínculos de algunos involucrados con actividades relacionadas con el narcotráfico. Díaz había sido investigado previamente por la Procuraduría de Narcocriminalidad en una causa por presunto transporte de drogas.

Además, se incorporaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, aparecían menciones a armas que podrían estar relacionadas con el ataque. Sin embargo, estas circunstancias no acreditan por sí mismas la responsabilidad de los imputados en los homicidios.

Las defensas insistieron en que los antecedentes, las relaciones personales y las sospechas sobre otras actividades no pueden reemplazar las pruebas necesarias para demostrar una participación directa en los asesinatos.

El juicio continuará con la declaración de testigos y la incorporación de pericias, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad. El jurado deberá determinar si la Fiscalía consigue demostrar su acusación más allá de toda duda razonable o si las inconsistencias señaladas por las defensas impiden establecer la responsabilidad penal de los tres imputados.

Este jueves se esperan los alegatos finales

El miércoles se recibieron las declaraciones de los testigos convocados por las partes. Al finalizar esa etapa, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 29 de octubre, cuando están previstos los alegatos finales de la Fiscalía y las defensas, además de las eventuales réplicas.

Después de esa instancia, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras y el juez técnico impartirá al jurado las instrucciones necesarias para la deliberación. Los 12 integrantes titulares deberán resolver si los imputados son culpables o no culpables de los delitos que se les atribuyen.

La causa genera especial atención en Tucumán por la procedencia de dos de los acusados y los antecedentes públicos de Díaz, quien compitió por la intendencia de Alberdi. La decisión final estará en manos del jurado popular, que deberá analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes antes de emitir su veredicto.

Un giro dramático sacudió la cuarta audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en el fuero penal tucumano. Marcelo Cosiansi, el abogado defensor del principal acusado Felipe “El Militar” Sosa, denunció públicamente haber recibido amenazas contra su persona y su familia, situación que motivó su pedido de retirarse de la jornada y puso en duda su continuidad al frente de la representación técnica.

Visiblemente afectado, el letrado manifestó ante los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira que la situación alcanzó un punto insostenible: «Estoy muy angustiado» y «se cruzaron todo tipo de límites», aseveró en la sala de audiencias, argumentando además un profundo desgaste físico y emocional.

Cosiansi, quien encabeza la estrategia defensiva de Sosa, solicitó formalmente retirarse del recinto por el día y dejó abierta la posibilidad de renunciar de forma definitiva al patrocinio en el proceso.

El incidente ocurre después de una serie de eventos de alta tensión en el juzgamiento: la confesión espontánea de Sosa, quien admitió haber arrojado el cuerpo de la víctima en un basural de Manantial Sur, y la descompensación física que sufrió el imputado antes de declarar, por la cual debió ser asistido por el servicio de emergencias 107. La eventual salida de su abogado defensor podría reconfigurar los plazos y la dinámica del debate oral que se lleva adelante en Tribunales.

Luego de los momentos de tensión registrados en el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez a raíz de los planteos expuestos por la defensa de Felipe «El Militar» Sosa, los integrantes del tribunal y las representaciones técnicas fijaron su postura institucional respecto a las garantías de seguridad y el desarrollo del debate oral.

En primer término, la abogada Florencia Abdala, defensora de Justina Gordillo, aclaró que su equipo no sufrió amenazas ni intimidaciones directas de carácter personal. Sin embargo, precisó que aportaron capturas de pantalla a través del portal institucional SAE sobre publicaciones en redes sociales que hacían referencia a la imputada, a sus hijos y a sus padres, con el único objetivo de solicitar medidas de resguardo preventivas para la dinámica del juzgamiento.

La firme postura de la Justicia

Ante los planteos vinculados a presuntos hostigamientos, el juez Gonzalo Ortega —quien preside el tribunal colegiado junto a las magistradas María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira— fue enfático al ratificar la total autonomía del cuerpo judicial. «No recibimos presión de ningún tipo y de ninguna manera. Quien decide en última instancia siempre es el tribunal», aseveró el magistrado.

Una nena de 10 años murió este miércoles 28 de octubre tras ser atropellada por una camioneta sobre la ruta provincial 304, a la altura del kilómetro 23, en Macomitas, localidad de El Chañar, departamento Burruyacú, en Tucumán.

Según informó la Policía de Tucumán, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 16:15, cuando una camioneta Fiat Toro, conducida por un joven de 23 años, circulaba en sentido sur a norte y, por causas que todavía se investigan, embistió a la menor.

Como consecuencia del impacto, la niña perdió la vida.

En el lugar trabajaron efectivos de las comisarías de El Chañar, El Naranjo y La Ramada, quienes intervinieron tras el siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de la I Nominación, que dispuso la intervención de personal de Criminalística y del médico policial para determinar cómo ocurrió el hecho.

Por el momento, las circunstancias que provocaron el atropello continúan bajo investigación.