El FONID fue creado para mejorar las condiciones salariales de las y los trabajadores docentes que, en los diferentes niveles educativos, vienen reclamando este año por la recomposición salarial de acuerdo con el proceso inflacionario, la actualización del presupuesto educativo y la restitución de este fondo vigente desde la histórica “Carpa blanca” de fines de los ’90. Su funcionamiento estuvo sujeto desde entonces a prórrogas permanentes que garantizaron su continuidad año a año, la última fue en 2022 y finalizó en enero de este año, cuando el gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo.

«En una nueva reunión, el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza«, expresaron en el marco del paro nacional de este martes y miércoles, desde el Frente Sindical de Universidades Nacional (FSUN). Por su lado, en la Cámara de Diputados nacional continúan los intentos de la oposición por tratar los dictámenes que buscan restablecer este fondo docente que apuntaba también a acortar brechas entre las diferentes provincias. En lo concreto, este martes el bloque de Unión por La Patria (UP) intentó sumarlo en el temario de la sesión especial en la que se aborda la actualización de jubilaciones, pero no logró el apoyo de los demás sectores de la oposición, en parte aliados al oficialismo.

Para educación, no hay plata

«La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente», dijo hace dos meses atrás el jefe de Estado confirmando, una vez más, su intención de recortar fondos destinados a la educación de la mayoría de las y los argentinos. Un caso concreto es la eliminación por del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que, vía el DNU 280/2024, dejó de funcionar pese a estar originalmente presupuestado. Frente al reclamo sostenido de docentes, la Cámara de Diputados, mediante las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda, emitió cinco dictámenes que con algunas diferencias buscar volver a ponerlo de pie. ¿Qué impacto tendría en los recursos nacionales? Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mostró que su restitución implicaría un gasto equivalente al 0,21% del PIB, ($1.294.770 millones) teniendo en cuenta la inflación acumulada en el último trimestre de 2023. A su vez, “si se realiza el supuesto de no considerar la inflación del último trimestre de 2023 y se aplica la inflación mensual de 2024, el gasto se estima en 0,16% del PIB”, puntualizaron. Los montos individuales se ubicarían en torno al $43.994 en enero y a $90.786, en diciembre y si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes.

Tales números se desprenden de analizar los diferentes proyectos de la oposición política (siete en total) que proponen restituir el Fondo desde el 1 de enero de 2024, y con una extensión de años diferente según cada iniciativa. De los mismos, se derivaron cinco dictámenes que no fueron tratados finalmente en la sesión de este martes: Unión por la Patria (de mayoría), de LLA, Pro y otros aliados (de rechazo), y los de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda. Para las estimaciones la OPC consideró las proyecciones macroeconómicas realizadas por el Ministerio de Economía para 2024, y supuso como estables la cantidad de cargos docentes en las distintas jurisdicciones para todo el año al tiempo que consideró el incremento del valor de acuerdo con el IPC.

Siguiendo el mismo informe, durante 2024 “no se realizaron pagos ni por FONID ni por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, y solo se devengaron en mayo un total de $47.456 millones, de los cuales se destinaron $3.683 millones a las provincias de Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones) por pagos adeudados del año pasado.

¿Cómo se repartió el FONID en 2023? Los gastos asociados al FONID tuvieron una participación de 0,18% del PIB, y en el último trimestre los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000. En cuanto a la distribución por provincia, “el gasto devengado en 2023 muestra a la Provincia de Buenos Aires como la mayor receptora de los fondos del programa con una participación del 32,4%, lo que implicó 28,2 puntos porcentuales por encima del promedio general”, señaló la OPC y agregó que “se aprecia que la distribución de fondos guarda estrecha relación con la distribución poblacional de cada jurisdicción”. Le siguieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Si se toma como caso testigo a un docente del nivel primario con 10 años de antigüedad en el cargo, el FONID representó durante 2023 entre el 5,9% y el 12,3% del salario bruto, dependiendo del momento y la jurisdicción, con un promedio general anual a nivel nacional de 8,7%.

Por su lado, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) coincidió en que el FONID repartió entre las provincias $333 mil millones en 2023, lo que representa el 0,17% del PBI. Para las provincias este monto representó el 1% del gasto provincial total, y para la Nación representó el 0,75% del gasto nacional total, “estos datos muestran que el FONID tiene dimensiones relativamente pequeñas tanto en los gastos provinciales como en el presupuesto nacional”, advirtieron.

Qué es y para qué

El FONID fue creado mediante la ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, con el objetivo central de impulsar “el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país”, tanto de gestión estatal como privada subvencionada, de las escuelas e institutos dependientes de las Universidades Nacionales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras entidades. Según la ley, no puede usarse para saldar deudas salariales o para reemplazar fondos propios provinciales destinados a salarios docentes, por lo que funciona como complemento salarial a la remuneración que deben pagar las provincias. Se trató de una conquista de la lucha docente plasmada en la “Carpa Blanca”, entre 1997 y 1999.

Si bien esta herramienta fue creada inicialmente por el término de cinco años, fue prorrogada sucesivamente por distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia y fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, ambos cubiertos con partidas del Presupuesto Nacional. Su asignación es de carácter remunerativa (artículo 13, Ley 25.053) y no bonificable (Resolución CFE 102/99), es decir, considera descuentos por Seguridad Social pero no se computa para el cálculo de otros componentes del salario (como el Sueldo Anual Complementario). Se abona a través de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargadas de liquidarla y abonarla a los docentes mensualmente.

Finalmente, el monto se calcula en función de la cantidad de horas cátedra o cargos que tenga cada docente, y es fijado en el marco de la paritaria docente nacional, que prevé un monto básico por persona y por cargo.