A 19 días de la mañana en la cual un adolescente de 15 años ingresó armado en la Escuela Normal Mariano Moreno de Santa Fe, disparó su escopeta y asesinó a Ian cabrera, alumno de 13 años que cursaba el primer año del secundario, e hirió a otros ocho, siguen los efectos colaterales derivados de esa situación.

Según fuentes de la investigación del caso, el adolescente de 16 años amigo del agresor y que está imputado por la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, fue atacado dentro de la cárcel de Las Flores, al norte de esta ciudad, donde permanece detenido con prisión preventiva.

“Le prendieron fuego al colchón de su celda e intentaron lesionarlo cuando era trasladado para reunirse con los abogados que ejercen su defensa”, confió una fuente penitenciaria.

El hecho se produjo este jueves en horas de la tarde en el pabellón juvenil de la Unidad Penitenciaria N° 2 y según los informes, el incidente involucró a otros internos del denominado sector compartido, que incluso habrían incendiado un colchón mientras el joven se encontraba reunido con sus defensores.

Tras el episodio, sus abogados solicitaron a la Justicia que se adopten medidas urgentes para garantizar su seguridad. Esas medidas incluyen el pedido de traslado a otra dependencia del Servicio Penitenciario pero alejada de la ciudad capital.

“A partir de lo ocurrido, la defensa informó de la situación a la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal y reclamó que se resguarde ‘la integridad física y emocional’ del menor durante el tiempo que continúe privado de su libertad, añadió la fuente.

Este adolescente, al que vinculan por razones de amistad con el agresor y que, según las evidencias colectadas, habría estado en conocimiento del ataque armado ocurrido el 30 de marzo a las 7.15 cuando la comunidad educativa de la Escuela N°40 se disponía a cumplir con el habitual acto de izamiento de la enseña patria, está detenido desde el 9 de abril por disposición del juez José Alberto Boaglio, quien ordenó una prisión preventiva de 90 días.

Como se informó, en la causa se le atribuye una presunta participación secundaria en el ataque armado perpetrado en la Escuela Normal, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba el primer año en dicho establecimiento.

En la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “el menor habría tenido conocimiento previo del hecho” y colaborado de alguna manera con el autor de los disparos, aunque sin intervenir directamente en la ejecución del ataque.

Pero la defensa cuestiona esa imputación y sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar que el adolescente conociera con antelación lo que iba a ocurrir, lo que derivó en la apelación a las medidas dispuestas y ahora será la Cámara de Apelaciones de Rafaela la que deberá definir si confirma la prisión preventiva y la calificación legal.

El detenido, cuyas iniciales son N.C, es considerado punible según la legislación vigente al tener 16 años. Por ahora se encuentra detenido bajo un régimen de alojamiento cerrado, en función de la gravedad de los cargos y del avance de la investigación judicial.

La tragedia que aún conmociona a San Cristóbal, una localidad de 16 mil habitantes, cabecera del departamento homónimo, ocurrió el lunes 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años, identificado como G.C., ingresó armado en la escuela y efectuó disparos con una escopeta dentro del establecimiento. Como consecuencia del ataque, murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros ocho alumnos sufrieron heridas de distinta consideración.

A diferencia del autor material de los disparos, que tiene 15 años y se encuentra bajo un régimen legal distinto por ser inimputable, el joven de 16 años, amigo del agresor, enfrenta el proceso judicial bajo la figura de punibilidad. Ahora, la Justicia intenta determinar cuál fue su grado de participación y si existió algún nivel de colaboración o planificación previa en el ataque. /La Nación  

El operativo en el lugar es en el marco de una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone contra el presidente de AETAT, Daniel Orell, y contra el vicepresidente, Jorge Berreta, por administración fraudulenta. También incluye la presentación al directivo Luis García.

«La denuncia consiste en un pedido de rendición de cuentas porque consideró que existió una administración fraudulenta por parte de los directivos de la AETAT de los fondos que corresponden a las empresas que yo represento y venía desde el 2024 pidiendo aclaraciones y no había logrado tener una respuesta positiva», explicó Gómez Sansone.

«Estoy sorprendido del eficaz movimiento d ela Justicia , yo el viernes de la semana pasada he ratificado mi denuncia y el fiscal y la Justicia están actuando en consecuencia, lo cual me devuelve las esperanzas en que estamos en Estado de Derecho en donde podemos sentirnos agraviados y que la Justicia va a actuar a favor de quien corresponda en la búsqueda de la verdad», sostuvo.

En la causa interviene la Fiscalía de Cibercriminalidad N°2.

«La Justicia está investigando cómo se distribuyen los fondos que el Gobierno aporta para el sistema de transporte público entre las empresas y que en el medio no haya ninguna malversación», dijo el titular de las líneas 8 y San Pedro de Colalao.

Este viernes 17 de abril se llevó a cabo la formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por la agresión que sufriera una mujer en un club de rugby. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Jimena Castro.

La Fiscalía acusó a Florencia Ortiz, de 28 años, en calidad de autora, por los delitos calificados como: desobediencia judicial en perjuicio de la administración pública (primer hecho); lesiones dolosas graves, agravadas por haber sido cometidas en ocasión de un espectáculo deportivo (segundo hecho); y amenazas (tercer hecho), todos ellos en concurso real. En tanto, Carolina Ortiz, de 44 años, fue imputada como participe necesaria del delito de lesiones dolosas graves, agravadas por haber sido cometidas en ocasión de un espectáculo deportivo.

En contra de la primera, la Fiscalía requirió la prisión preventiva por 45 días. “Se trató de un hecho grave en el que le quemó la cara a la víctima. La prisión preventiva es la única medida de coerción suficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación que se presenta en este momento. Ya incumplió una medida de restricción de acercamiento. Envió un mensaje intimidatorio a la hermana de la víctima para amedrentarla”, señaló la representante de la UFI interviniente, quien precisó las medidas investigativas en curso.

Respecto a la segunda, la imposición por el término de seis meses de una serie de reglas de conductas, entre ellas la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar actos que obstaculicen el descubrimiento de la verdad, la obligación de presentarse ante la Unidad Fiscal, no acercarse a la víctima y su grupo familiar por un radio de 200 metros y abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación por cualquier medio.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al plazo de prisión preventiva expresado por la acusación pública, concediendo la medida de coerción de mayor intensidad por el término de 20 días.

La acusación

Primer hecho:

El 2 de julio de 2025 se ordenó que Florencia Rosario Ortiz se abstuviera de realizar actos turbatorios, perturbatorios o intimidatorios en contra de Lucas Pontoni. En esas circunstancias, Ortiz, estando notificada de la resolución judicial, y sabiendo que no puede turbar, perturbar o intimidar a Pontoni, el 10 de abril de 2026, a las 20:25, en el Club Universitario Rugby Club, ubicado en calle Ingeniero Farías y Lavalle, de San Miguel de Tucumán, se acercó a Pontoni y le dijo: “Con hijos ajenos te hacés el papá”.

Segundo hecho:

A las 20:00 horas, se programó en las instalaciones del Club Universitario, un partido de hockey femenino, correspondiente a la novena división, entre Universitario e IPEF. Fue en esas circunstancias, que a hora 20:30, María Teresa Miranda se encontraba observando el partido, cuando Florencia Ortiz se acercó hasta ese lugar, y le dijo a Miranda: “Esto es mío”, tomando con sus manos un termo que contenía agua hervida y un mate, que se encontraban al lado de Miranda. Inmediatamente después, llegó Carolina Ortiz, que sin mediar palabras agarró del pelo a Miranda y la sostenía para que Florencia Rosario Ortiz, habiendo destapado el termo, le arrojara agua hirviendo a Miranda, ocasionándole lesiones que la inutilizaron para el trabajo por un tiempo mayor a un mes.

Tercer hecho

Siendo las 23:42 horas del 11 de abril pasado, Florencia Rosario Ortiz, desde un teléfono celular, le mandó un mensaje a la hermana de la víctima, diciendo: “Así como sos rapidita para subir cosas que no te competen, lo único que te voy a decir es que aguantés los trapos, nada después”.