En lo que constituye una de las investigaciones más complejas contra la delincuencia financiera y la cibercriminalidad en el sur provincial, el Ministerio Fiscal (MPF) requirió formalmente la apertura a juicio contra Eduardo Ariel Araoz. La Fiscalía especializada, solicitó la pena de 30 años de prisión efectiva al considerarlo jefe de una estructura criminal dedicada a cometer estafas en cadena que afectaron a numerosos comercios, empresas del rubro agropecuario y particulares.

El requerimiento llevado adelante por el Fiscal Gerardo Nicolás Salas, al mando de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, expuso un meticuloso trabajo investigativo que permitió desarticular la banda.
Gracias a la articulación del MPF con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y las unidades investigativas de la policía provincial, la Fiscalía logró resolver una compleja serie de maniobras defraudatorias perpetradas entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

Uso de sociedades pantalla y cheques vacíos

El imputado empleó empresas «fantasma» creadas en otras provincias (como The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S.) para emitir miles de e-cheqs y cheques físicos sin fondos.
El ECIF logró rastrear direcciones IP, identidades falsas en redes sociales (como «Eduardo Astorga») y la rotación de chips telefónicos que impactaban repetidamente en un mismo dispositivo móvil secuestrado en el domicilio de Araoz.
La Fiscalía aplicó la figura del imputado arrepentido con otros dos integrantes de la organización, quienes terminaron confesando el esquema interno, el reparto de roles y señalando a Araoz como el ideólogo y conductor de las operaciones.

Modus operandi y daño multimillonario

El ardid delictivo se basaba en generar una aparente solvencia comercial para adquirir bienes de alto valor (desde insumos agrícolas, neumáticos y material de construcción hasta casillas rodantes y equipos de aire acondicionado). Tras cerrar los pactos con identidades falsas o mediante la suplantación de clientes reconocidos, la banda enviaba fletes para retirar rápidamente los productos y acopiarlos en galpones o domicilios particulares antes de introducirlos al mercado informal.
De acuerdo al cálculo de la Fiscalía, la banda generó un perjuicio patrimonial directo superior a los $170.000.000 a través de diez hechos de estafa. Asimismo, se constató que la red de empresas falsas utilizadas por la organización acumulaba cheques rechazados en el sistema financiero por montos que superaban los 7.000 millones de pesos.
Entre los damnificados figuran reconocidas firmas e instituciones, además de otros damnificados particulares.

Acusación y decomiso histórico

El MPF atribuyó a Eduardo Ariel Araoz la autoría penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con estafa en diez oportunidades.
Además de la pretensión punitiva de 30 años de prisión, el Ministerio Fiscal solicitó el decomiso de todos los bienes, vehículos y elementos secuestrados en el proceso. Por disposición de la Fiscalía, lo recuperado será derivado a la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF para asignarlo a proyectos con fines sociales comunitarios.

El operativo de búsqueda desplegado en el río Marapa concluyó este martes con el hallazgo del cuerpo sin vida de Bautista Santillán, un adolescente de 15 años que permanecía desaparecido desde la noche del lunes. Las tareas de rescate, que movilizaron a diversas divisiones policiales, personal de bomberos y dependencias municipales, se concentraron en el sur provincial tras la alerta emitida por testigos en la zona.

El hallazgo se produjo durante la jornada del martes luego de intensas labores en el agua y a lo largo de las riberas. De acuerdo con las precisiones brindadas por los equipos intervinientes, el cuerpo fue localizado río abajo, a una distancia que según los diferentes reportes de las fuerzas actuantes osciló entre los 500 y los 1.500 metros respecto del punto en el que el joven había sido visto por última vez en la superficie.

Las circunstancias de la desaparición

El hecho se originó durante la noche del lunes, aproximadamente a las 20:05, en un tramo del río conocido como El Cajón o entrada a El Molino, dentro de la jurisdicción de Juan Bautista Alberdi. El adolescente, domiciliado en el barrio 9 de Julio de esa ciudad, había concurrido al cauce acompañado por otros menores con el propósito de refrescarse en el contexto de una jornada de intenso calor.

Según la información recabada en el lugar a través de testimonios iniciales, el joven ingresó al agua y no volvió a emerger. Ante la situación, los acompañantes acudieron a solicitar ayuda a un pescador que se encontraba en las inmediaciones. Este testigo dio aviso inmediato a la guardia de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi, dependiente de la Unidad Regional Sur, para activar el protocolo de emergencia.

Condiciones del terreno y despliegue inicial

El área donde tuvo lugar la desaparición presenta complejidades que incidieron en el desarrollo de los rastrillajes. Se trata de un sector habitualmente utilizado para la extracción de áridos, una actividad que altera de manera constante la configuración del lecho fluvial y genera fosas y pozones que llegan a registrar hasta cuatro metros de profundidad.

Tras el reporte, la jefatura policial local requirió la presencia de los Bomberos Voluntarios de Alberdi, efectivos del cuartel de Bomberos de la Policía de Tucumán y personal de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Sur. Durante las primeras horas de la noche se efectuaron recorridas a pie y con el auxilio de reflectores lumínicos en los márgenes del curso de agua. Debido a las condiciones de visibilidad reducida, las autoridades preservaron el sitio con una consigna policial hasta la llegada de la luz natural.

Operativo coordinado y actuaciones judiciales

Con las primeras horas del martes, el procedimiento se intensificó mediante la intervención de buzos tácticos y embarcaciones de la División Policía Lacustre, especializados en tareas subacuáticas sobre el fondo del río. El trabajo territorial se realizó en conjunto con la Guardia Urbana Municipal, efectivos de la comisaría local, personal de la dependencia de Villa Belgrano y la Patrulla Motorizada, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad del municipio. Asimismo, la disminución en la liberación de agua desde el dique redujo el caudal del río Marapa, lo cual facilitó el desplazamiento y la visibilidad de los rescatistas.

El expediente judicial se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. Desde esa sede se ordenó la toma de declaraciones testimoniales a los padres del menor y a los jóvenes que se encontraban con él en el momento del suceso, a fin de formalizar la reconstrucción de lo acontecido. Tras confirmarse el desenlace, la Policía de Tucumán transmitió sus condolencias a la familia y a la comunidad ante la pérdida.

El abogado Marcelo Cosiansi renunció a la defensa de Felipe “El Militar” Sosa y denunció amedrentamientos, un intento de agresión física y dichos del acusado sobre supuestas “visiones”. Rubén Flores confirmó que continuará como defensor, por lo que el debate podrá avanzar sin riesgo de nulidad.

El tribunal integrado por Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira dispuso un cuarto intermedio para analizar la renuncia de Cosiansi y evaluar si corresponde aplicar sanciones por abandono de tareas.

La dimisión se produjo durante una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. El conflicto entre Sosa y sus abogados ya había quedado expuesto en una fuerte discusión antes de una de las jornadas anteriores del debate.

Cosiansi denunció amedrentamientos y un intento de agresión física. También hizo referencia a expresiones de Sosa sobre supuestas “visiones”. Los motivos y las circunstancias de esos episodios deberán ser analizados por el tribunal.

La continuidad de Rubén Flores al frente de la defensa despejó, por ahora, la posibilidad de que el juicio se interrumpa por falta de representación legal. El debate podrá seguir con el defensor que permanece en la causa, mientras los jueces resuelven la situación de Cosiansi y las eventuales medidas disciplinarias.

El tribunal analiza la renuncia

Los magistrados pasaron a un cuarto intermedio para evaluar la dimisión y determinar si la salida del abogado constituye un abandono injustificado de sus tareas durante el juicio. La decisión podría incluir sanciones, aunque el tribunal todavía debe resolver el planteo.

El caso había generado incertidumbre porque, antes de la audiencia, se había anticipado que ambos defensores podían dejar la representación de Sosa. Finalmente, Flores confirmó que seguirá en el proceso y la defensa no quedó vacante.

El juicio por el crimen de Álvarez continuará mientras se resuelve el planteo. La renuncia de Cosiansi abre un nuevo incidente en el debate, pero la permanencia de Flores evita, por el momento, una interrupción por falta de abogado defensor.