«La fuerza, es el derecho de las bestias«, sostuvieron desde el Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo, en repudio a la brutal represión sufrida por trabajadores bancarios, en la ciudad de Concepción, por parte de personal de Infantería de la URS.
«Resulta inconcebible ver el modo en el que “garrotean y patean cobardemente” a un trabajador bancario en el suelo. Después de Perón y de Evita, nunca más el obrero tuvo que bajar la mirada ante el patrón y el policía, fue un cambio de situación donde nació la igualdad entre los humildes y los ricos«, expresaron los dirigentes Enrique Romero, Martín Rodríguez, Tuta Alderete y Héctor Argañaraz del MNLyD.
Explicaron que «el reclamo de los trabajadores es el ejercicio de la defensa de derechos laborales ante la persecución y acoso de la gerenta del Banco Patagonia. El personal policial que actuó como “verdaderos cabezas huecas”, no debe tensar la cuerda de un volcán social al borde de la erupción, no vaya a ser que una chispa, genere el caos social en un país con el 40% de pobres y donde ya se han perdido 347.000 puestos de trabajo. La Dignidad no tiene precio, consignaron.
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En la ciudad de Concepción, Tucumán, la policía provincial desplegó un operativo violento contra empleados bancarios y delegados sindicales que se manifestaban frente a la sucursal local de Banco Patagonia, denunciando hostigamiento y persecución laboral. La protesta, convocada por La Bancaria, tenía como objetivo denunciar las graves irregularidades que, según los manifestantes, se vivían en la entidad.
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Las imágenes y los testimonios que circulan en redes y medios muestran un accionar policial desproporcionado: efectivos de Infantería golpearon a representantes gremiales y trabajadores, usaron balas de goma, empujones, insultos, y persiguieron a manifestantes por varias cuadras.
El origen del reclamo se remonta a denuncias internas: una mayoría del personal de la sucursal, alrededor del 90%, había relatado un régimen sistemático de hostigamiento, amenazas de despido y maltrato por parte de la gerente, identificada como María José Mansilla. Además, mencionaron a otros directivos del banco como responsables de avalar la situación.
Cuando los empleados decidieron manifestarse públicamente, acompañados por delegados de La Bancaria, empleados de otras entidades y miembros de la comisión directiva gremial, la respuesta no fue diálogo: la Infantería intervino de forma inmediata, sin mediar conversación, y la protesta concluyó con heridos y una fuerte denuncia de violencia institucional.
Tras el hecho, La Bancaria declaró el “estado de alerta” y exigió respuestas urgentes: pidió el cese de la represión, garantías para la integridad física y laboral de los trabajadores, y una investigación sobre lo sucedido. “No vamos a naturalizar la violencia institucional”, expresaron desde el sindicato.
Este episodio desnuda una crisis de derechos laborales en una entidad bancaria reconocida, pero también pone en evidencia el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ante reclamos gremiales. Más allá del sector bancario, el suceso lanza una señal de alerta sobre el clima de represión que atraviesa a trabajadores que se animan a denunciar condiciones abusivas.