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Procesaron al empresario azucarero Ricardo Ansonnaud por asociación ilícita: embargo de $ 1.000 millones

La resolución también alcanzó a otras cuatro personas y dispuso embargos millonarios sobre los bienes de todos los imputados.

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El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez procesó al empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria vinculada a la explotación del Ingenio La Trinidad. La resolución también alcanzó a otras cuatro personas y dispuso embargos millonarios sobre los bienes de todos los imputados.

La causa se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, hoy denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , por presuntas maniobras de evasión impositiva y retención indebida de aportes a la seguridad social. Según la investigación, las irregularidades estarían relacionadas con la comercialización de azúcar y el incumplimiento de obligaciones fiscales vinculadas a la actividad del ingenio.

Además de Ansonnaud, el magistrado procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, a quienes consideró integrantes de la presunta organización. Todos quedaron imputados como coautores del delito previsto en el Régimen Penal Tributario.

En su resolución, el juez sostuvo que la investigación permitió reunir elementos suficientes para considerar que los acusados habrían integrado una estructura estable destinada a cometer ilícitos fiscales de forma sistemática. En ese sentido, explicó que para dictar el procesamiento no es necesario contar con certeza absoluta, sino con un grado de probabilidad basado en las pruebas reunidas durante la instrucción.

La hipótesis de la fiscalía federal, a cargo de Agustín Chit, señala que el esquema habría funcionado al menos desde 2010 mediante la utilización de distintas sociedades comerciales para continuar con la explotación del ingenio mientras se eludían obligaciones tributarias y previsionales.

Entre las firmas mencionadas en la investigación aparecen MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. De acuerdo con la acusación, estas estructuras se habrían utilizado de manera sucesiva para sostener la actividad productiva mientras las sociedades anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus obligaciones fiscales.

Según el Ministerio Público Fiscal, el presunto esquema incluía ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares, utilización de contribuyentes considerados no confiables por el organismo fiscal y la omisión en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social. Además, se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado.

Uno de los elementos que reforzó la sospecha judicial surgió de los allanamientos realizados en agosto de 2018. Durante esos procedimientos se secuestró documentación contable y se detectó un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una sin respaldo documental. Según el fallo, la empresa había negado previamente la existencia de depósitos externos.

En cuanto al rol de cada imputado, el juez consideró que Ansonnaud habría tenido una participación central en la operatoria investigada, en su carácter de propietario del ingenio, directivo de varias de las sociedades mencionadas y beneficiario del fideicomiso. El fallo señala que su intervención se reflejaría incluso en la firma de remitos y órdenes de entrega de mercadería detectadas durante la investigación.

Respecto de los demás acusados, la resolución describe distintas funciones dentro del presunto esquema empresarial. Gasep y Seoane habrían ocupado cargos directivos en algunas de las sociedades utilizadas para la explotación del ingenio, mientras que Fogliata se desempeñó como administradora fiduciaria del fideicomiso y Kargachin como contador de varias de las firmas vinculadas a la operatoria.

Como parte del procesamiento, el juez dispuso trabar un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Ansonnaud para garantizar eventuales sanciones económicas. En el caso de Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin, el embargo fue fijado en $700 millones para cada uno.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para quienes integren una organización dedicada a cometer delitos fiscales, con un mínimo de cinco años cuando se trata de jefes u organizadores. Además, se trata de una figura penal autónoma, por lo que la eventual regularización de deudas fiscales no extingue la responsabilidad penal por la organización delictiva.

El procesamiento constituye una instancia intermedia dentro del proceso penal, en la que el juez considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido por la ley, la existencia del delito y la posible participación de los imputados. A partir de esta resolución, la causa continuará su curso hacia las etapas posteriores del proceso, donde se definirá si los acusados deberán enfrentar un eventual juicio oral.

Tras conocerse la acusación fiscal, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, sostuvo que su cliente no mantiene deudas con el fisco, ya que las obligaciones personales y las de sus empresas se encuentran incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo que —según afirmó— se cumple regularmente con la aprobación de ARCA. Luego del procesamiento, el letrado adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que la medida “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.

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Femicidio de Cynthia Lazarte: el acusado había salido de la cárcel hace 40 días tras cumplir una condena por abuso

Roberto Fuentes, de 39 años, había estado preso seis años por ese delito. La víctima era conocida en el barrio como “La Piba”: vivía en situación de calle, se movilizaba con muletas y el viernes la esperaban para festejarle el cumpleaños a su madre.

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Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

 

La víctima, de 41 años y conocida en el barrio como «La Piba», vivía en situación de calle desde hacía años. Madre de cuatro hijos, arrastraba problemas de adicción desde los 15 y se desplazaba con muletas tras perder el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

 

Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para reportar un auto en llamas en Francia al 1.100. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un cuerpo en el interior. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes, quien fue detenido horas después en su vivienda de Lola Mora al 100.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

 

El acusado presentaba además lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax, marcas que los peritos atribuyen a un intento desesperado de Cynthia por defenderse.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua«Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».

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Un hombre murió tras recibir un puñetazo en Villa Carmela: el agresor de 25 años quedó detenido

El hecho ocurrió este lunes feriado a la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

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Un hombre de 40 años falleció este lunes 15 de junio en Villa Carmela luego de una violenta discusión que terminó con una agresión física. El principal sospechoso, un joven de 25 años conocido como “Choclito”, fue aprehendido horas después y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas investigativas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien se trasladó personalmente al lugar para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

La víctima fue identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años y con domicilio en Tafí Viejo. Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, cerca del mediodía Romano Hardoy llegó a bordo de un automóvil al asentamiento El Triángulo I, ubicado en Villa Carmela, sobre la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Fiscalía, al descender del vehículo e ingresar por un pasillo desde la ruta, se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años. En ese contexto se habría originado una discusión entre ambos que derivó en una agresión física.

Los investigadores sostienen que Carrizo le habría propinado un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y quedó tendida en el lugar.

La secuencia fue observada por una testigo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias 107 acudieron al sector. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del episodio, el acusado se dio a la fuga, aunque fue localizado y aprehendido posteriormente por personal policial. Quedó bajo custodia mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la imputación correspondiente.

Por disposición del fiscal Sale, trabajaron en la escena especialistas de distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, levantaron rastros y recolectaron evidencias que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

En las primeras horas de la investigación se descartó la utilización de armas de fuego o armas blancas, por lo que toda la pesquisa se concentra en determinar si el golpe recibido por la víctima fue la causa directa del fallecimiento o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Las autoridades judiciales adelantaron que en las próximas horas se practicará la autopsia al cuerpo de Romano Hardoy, una medida considerada clave para establecer científicamente la causa de muerte y definir la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y analizando los distintos elementos incorporados al expediente para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido durante el feriado en Villa Carmela.

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Prisión preventiva al acusado de matar a Cynthia Lazarte

Intentó incendiar el auto para borrar las huellas del crimen.

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La Justicia dictó seis meses de prisión preventiva para Roberto José Fuentes, el hombre acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte, la mujer de 41 años que fue encontrada sin vida en el interior de un automóvil incendiado en la zona este de San Miguel de Tucumán. La investigación sostiene que el acusado la estranguló y luego intentó prender fuego el vehículo para eliminar evidencias y garantizar su impunidad.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien estuvo representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la misma se solicitó la convalidación de la aprehensión, la formalización de la investigación y la imposición de medidas de coerción contra el imputado.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Fuentes por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, en calidad de autor, y requirió que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

«Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma«, sostuvo Maggio durante la audiencia.

Tras escuchar a las partes, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al planteo fiscal y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de seis meses.

Según la acusación, durante la madrugada del sábado 13 de junio, aproximadamente a la 1 de la mañana, Roberto José Fuentes se encontraba junto a Cynthia Lazarte en el asiento trasero de un Fiat Palio color bordó, estacionado sobre calle Francia al 1.160 de la capital tucumana.

En ese contexto, y aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de la víctima, el acusado habría iniciado una brutal agresión física. La investigación sostiene que Lazarte fue golpeada reiteradamente en el rostro y la cabeza con un elemento contundente que le provocó lesiones cortantes en la mejilla izquierda y en el glúteo derecho.

Posteriormente, siempre según la hipótesis fiscal, Fuentes tomó un lazo, lo colocó alrededor del cuello de la mujer y la estranguló hasta provocarle la muerte. El informe preliminar determinó que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

Una vez consumado el crimen, el acusado habría intentado incendiar el automóvil con el cuerpo de la víctima en su interior. Sin embargo, la rápida intervención de vecinos que advirtieron la presencia de fuego y alertaron al Sistema de Emergencias 911 impidió que el incendio se propagara completamente.

Tras iniciar el fuego, el sospechoso escapó del lugar.

El descubrimiento ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del sábado, cuando vecinos de calle Francia al 1.100 observaron que un automóvil estaba envuelto en llamas y dieron aviso a la Policía.

Efectivos de la Patrulla Motorizada llegaron al lugar y lograron controlar el incendio. Durante la inspección del vehículo encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el asiento trasero.

Los investigadores detectaron desde un primer momento indicios de una muerte violenta. La víctima estaba desnuda y tenía un cable alrededor del cuello, elementos que reforzaron la hipótesis de un femicidio.

Tras preservar la escena, trabajaron especialistas de la División Homicidios, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y peritos de Bomberos, quienes realizaron los primeros relevamientos y levantaron rastros considerados fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Una vez establecida la identidad de la víctima como Cynthia Verónica Lazarte, madre de cuatro hijos, los investigadores avanzaron con el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos.

Las imágenes obtenidas permitieron reconstruir parte de los movimientos previos y posteriores al crimen. Según las fuentes de la investigación, los registros mostraron a un hombre con características físicas y vestimenta coincidentes con las de Roberto José Fuentes en las inmediaciones de la escena y posteriormente alejándose hacia la zona donde acostumbraba permanecer.

Con esos elementos, la División Homicidios montó un operativo de vigilancia discreta y logró ubicar al sospechoso.

Finalmente, Fuentes fue interceptado en inmediaciones de Lola Mora y Francia, donde fue reducido y trasladado a la dependencia policial especializada.

Por disposición del fiscal Gallo, posteriormente fue conducido al Cuerpo Médico Forense para la realización de exámenes y pericias complementarias.

La investigación continuó con nuevas medidas ordenadas por la Justicia. La jueza María Valeria Mibelli autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Lola Mora al 98, lugar donde el acusado solía pernoctar.

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos que ahora serán sometidos a análisis periciales. Entre ellos figuran teléfonos celulares pertenecientes al acusado y a integrantes de su entorno familiar, prendas de vestir, calzado, una botella de vidrio y una riñonera que habría sido utilizada durante la secuencia investigada.

Además, los investigadores secuestraron prendas de la víctima, muestras biológicas, un fragmento de cable negro y varias botellas de plástico y vidrio que contenían líquidos inflamables.

Todos estos elementos serán sometidos a estudios científicos para determinar con precisión la mecánica del homicidio y el origen del incendio.

Mientras tanto, el Fiat Palio bordó dominio DHE 273, donde fue encontrado el cuerpo de Cynthia Lazarte, permanece bajo custodia judicial y constituye una de las principales evidencias de la causa.

Con la prisión preventiva ya dictada, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido durante aquella madrugada y avanzar en el esclarecimiento definitivo de un caso que generó una profunda conmoción en Tucumán.

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