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Procesaron al empresario azucarero Ricardo Ansonnaud por asociación ilícita: embargo de $ 1.000 millones

La resolución también alcanzó a otras cuatro personas y dispuso embargos millonarios sobre los bienes de todos los imputados.

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El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez procesó al empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria vinculada a la explotación del Ingenio La Trinidad. La resolución también alcanzó a otras cuatro personas y dispuso embargos millonarios sobre los bienes de todos los imputados.

La causa se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, hoy denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , por presuntas maniobras de evasión impositiva y retención indebida de aportes a la seguridad social. Según la investigación, las irregularidades estarían relacionadas con la comercialización de azúcar y el incumplimiento de obligaciones fiscales vinculadas a la actividad del ingenio.

Además de Ansonnaud, el magistrado procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, a quienes consideró integrantes de la presunta organización. Todos quedaron imputados como coautores del delito previsto en el Régimen Penal Tributario.

En su resolución, el juez sostuvo que la investigación permitió reunir elementos suficientes para considerar que los acusados habrían integrado una estructura estable destinada a cometer ilícitos fiscales de forma sistemática. En ese sentido, explicó que para dictar el procesamiento no es necesario contar con certeza absoluta, sino con un grado de probabilidad basado en las pruebas reunidas durante la instrucción.

La hipótesis de la fiscalía federal, a cargo de Agustín Chit, señala que el esquema habría funcionado al menos desde 2010 mediante la utilización de distintas sociedades comerciales para continuar con la explotación del ingenio mientras se eludían obligaciones tributarias y previsionales.

Entre las firmas mencionadas en la investigación aparecen MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. De acuerdo con la acusación, estas estructuras se habrían utilizado de manera sucesiva para sostener la actividad productiva mientras las sociedades anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus obligaciones fiscales.

Según el Ministerio Público Fiscal, el presunto esquema incluía ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares, utilización de contribuyentes considerados no confiables por el organismo fiscal y la omisión en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social. Además, se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado.

Uno de los elementos que reforzó la sospecha judicial surgió de los allanamientos realizados en agosto de 2018. Durante esos procedimientos se secuestró documentación contable y se detectó un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una sin respaldo documental. Según el fallo, la empresa había negado previamente la existencia de depósitos externos.

En cuanto al rol de cada imputado, el juez consideró que Ansonnaud habría tenido una participación central en la operatoria investigada, en su carácter de propietario del ingenio, directivo de varias de las sociedades mencionadas y beneficiario del fideicomiso. El fallo señala que su intervención se reflejaría incluso en la firma de remitos y órdenes de entrega de mercadería detectadas durante la investigación.

Respecto de los demás acusados, la resolución describe distintas funciones dentro del presunto esquema empresarial. Gasep y Seoane habrían ocupado cargos directivos en algunas de las sociedades utilizadas para la explotación del ingenio, mientras que Fogliata se desempeñó como administradora fiduciaria del fideicomiso y Kargachin como contador de varias de las firmas vinculadas a la operatoria.

Como parte del procesamiento, el juez dispuso trabar un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Ansonnaud para garantizar eventuales sanciones económicas. En el caso de Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin, el embargo fue fijado en $700 millones para cada uno.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para quienes integren una organización dedicada a cometer delitos fiscales, con un mínimo de cinco años cuando se trata de jefes u organizadores. Además, se trata de una figura penal autónoma, por lo que la eventual regularización de deudas fiscales no extingue la responsabilidad penal por la organización delictiva.

El procesamiento constituye una instancia intermedia dentro del proceso penal, en la que el juez considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido por la ley, la existencia del delito y la posible participación de los imputados. A partir de esta resolución, la causa continuará su curso hacia las etapas posteriores del proceso, donde se definirá si los acusados deberán enfrentar un eventual juicio oral.

Tras conocerse la acusación fiscal, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, sostuvo que su cliente no mantiene deudas con el fisco, ya que las obligaciones personales y las de sus empresas se encuentran incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo que —según afirmó— se cumple regularmente con la aprobación de ARCA. Luego del procesamiento, el letrado adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que la medida “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.

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Facundo Moyano habló por primera vez tras el escándalo: “Candela tuvo un paro cardiaco”

El exlegislador dio detalles sobre el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Candela Arizaga fue vista corriendo semidesnuda por avenida Libertador

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El exdiputado peronista Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto.
Durante una entrevista con Telefe Noticias, Moyano aclaró en primer lugar: “Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.

 
Imagen de video que muestra a Facundo Moyano sujetando a Candela Arizaga en la calle
 

A continuación, precisó que fue Arizaga que tuvo un paro cardíaco: “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911″. Dijo querer tomar contacto con su novia para contarle lo que ocurrió y destacó también: “Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”.

“Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme. Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan”, añadió luego.

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Qué pasó

En la madrugada del último martes, el encargado del edificio donde reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer semidesnuda.

Además, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según informó el titular del servicio, Alberto Crescenti— permaneció internada durante varias horas.

Candela Arizaga declaró ante la Fiscalía

Al declarar ante la Justicia, Arizaga negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte del sindicalista y sostuvo que sufrió un “brote psicótico” luego de haber consumido cocaína.

Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Se encuentra en libertad, aunque la fiscalía dispuso una serie de medidas: una restricción de acercamiento de 300 metros a la víctima, la prohibición de contacto, la fijación de un domicilio y la obligación de presentarse ante todas las citaciones judiciales.

El viernes, la Justicia porteña rechazó su pedido para levantar la perimetral, pese a que Arizaga le quitó responsabilidad por lo sucedido e insistió en recuperar el vínculo.

Según fuentes cercanas al caso, la titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez, rechazó la solicitud del exlegislador debido a la “falta de medidas de prueba”.  /La Nación

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Extorsionaban desde la cárcel a uno de los acusados por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán

Tres integrantes del clan Caro, alojados en el penal de Villa Urquiza, habrían exigido 25.000 dólares y una camioneta a Marcos Nacif, señalado como el conductor de la Toyota Hilux que transportaba el cargamento. La Justicia allanó una celda y secuestró teléfonos celulares.

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Una nueva línea de investigación se abrió en torno a la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán. Tres integrantes del denominado clan Caro, que se encuentran detenidos en el penal de Villa Urquiza, fueron acusados de haber extorsionado a otro de los procesados en el expediente para evitar que sufriera represalias mientras permaneciera alojado en prisión.

 

La presunta víctima es Marcos Nacif, señalado por la Justicia como el conductor de la Toyota Hilux en la que era transportado el millonario cargamento de droga. Según la denuncia, a través de sus hijos habría recibido las exigencias de los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro, quienes le habrían reclamado 25.000 dólares y una camioneta Renault Oroch.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían utilizado su situación dentro del establecimiento penitenciario para ejercer presión sobre Nacif. La condición planteada habría sido el pago del dinero y la entrega del vehículo a cambio de evitar posibles ataques o represalias durante su permanencia en la cárcel. La Justicia busca ahora determinar cómo se concretaban las comunicaciones y qué otras personas podrían haber intervenido.

 

Allanaron una celda y secuestraron celulares

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó una medida dentro del penal de Villa Urquiza. El procedimiento se concentró en una celda que, según la información publicada, era considerada una dependencia de condiciones privilegiadas, donde fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El análisis de los dispositivos será clave para los investigadores, ya que se buscará establecer si desde esos teléfonos se realizaron las comunicaciones utilizadas para amenazar o extorsionar a Nacif. También se intentará determinar si existieron cómplices fuera del establecimiento penitenciario y quiénes serían los destinatarios del dinero y del vehículo reclamados.

La nueva denuncia se suma a una causa de gran relevancia para la Justicia Federal tucumana, que intenta determinar quién era el verdadero propietario y proveedor de los 470 kilos de cocaína secuestrados y cuál era el alcance de la organización que habría participado del traslado del cargamento. La investigación principal continúa con varios detenidos y distintas líneas abiertas.

El caso vuelve a poner el foco en la capacidad de determinados grupos delictivos para mantener vínculos y ejercer presiones incluso desde establecimientos penitenciarios. Mientras avanzan las pericias sobre los celulares, la Justicia deberá establecer si las acusaciones por extorsión pueden ser acreditadas y qué relación tienen los hechos denunciados con la estructura investigada por el cargamento de cocaína.

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Un incendio fue controlado en una sucursal del Banco Macro en el centro

Este domingo por la tarde, en la sede de Maipú 70, personal policial y bomberos del 911 trabajaron en el lugar tras un episodio cuya naturaleza aún se investiga.

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Un principio de incendio se registró este domingo por la tarde en la sucursal del Banco Macro ubicada en Maipú 70, en San Miguel de Tucumán.

La alerta se activó alrededor de las 16.40, cuando el personal de la entidad informó a efectivos policiales sobre la detección de un incendio en el interior del edificio. En respuesta, se trasladaron al lugar agentes de la Comisaría Primera y una dotación de bomberos de la Policía de Tucumán para verificar la situación.pr

Al arribar a la sucursal, los efectivos constataron la presencia del incidente y solicitaron la intervención de bomberos, cuya dotación logró controlar el principio de incendio. Según el informe de la Dirección de Visualización y Monitoreo 911, el episodio se habría originado por un desperfecto eléctrico en el segundo piso del edificio.

Hasta el momento, el reporte policial no informó sobre personas heridas ni precisó si se produjeron daños materiales de consideración. La investigación sobre el origen exacto del desperfecto eléctrico y la evaluación de los daños continúa en curso. /Los Primeros

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