El presidente Alberto Fernández, recibirá en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a los gremios y empresarios para tratar los precios y salarios.
Este miércoles, desde las 11, el Gobierno nacional recibirá a los representantes de los trabajadores en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en tanto que el jueves, serán los empresarios quienes se sienten a la mesa de diálogo que impulsa el presidente Alberto Fernández.
Las reuniones tienen por objetivo generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios para lograr una recuperación del ingreso que impulse la reactivación de la economía.
La convocatoria obedece a poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica del gobierno.
El esquema integral de política macroeconómica que lleva adelante el gobierno, se compone por la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. El objetivo es alinear políticas y expectativas con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de la Nación.
Por el gobierno estarán presentes, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el Presidente del BCRA, Miguel Pesce; el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
En representación de los gremios, el miércoles estarán presentes: Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA); Carlos Acuña, del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE); Andrés Rodríguez, de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN); Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS); Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Jose Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS); Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA); Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Argentino Geneiro, de la La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA); Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones; Ricardo Pignanelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA); Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Claudio Marín, de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA); Yamile Socolovsky, Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
FUENTE: Agencia NA
La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.
El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.
El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.
Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.
Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.
El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.
Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.
Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono
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