El Fiscal Jorge Di Lello imputó al ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis y abrió la investigación por enriquecimiento ilícito originada en la denuncia del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.
Argentina
Imputan a ex funcionario macrista por enriquecimiento ilícito
El Fiscal Jorge Di Lello imputó al ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis y abrió la investigación por enriquecimiento ilícito.
También se denunció a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien multiplicó por 25 el patrimonio que declaró al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente, según la denuncia.
Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó el caso en el fiscal Di Lello sobre la situación del ex funcionario macrista.
Según la denuncia, De Andreis comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la O.A. un patrimonio de $2.258.147 y se retiró 4 años después declarando un patrimonio neto de $13.149.190, resultante de un activo de $20.998.923,92 y un pasivo de $7.849.733,62, es decir que el mismo se habría incrementado casi seis veces.
Sus declaraciones juradas reflejan los siguientes bienes y deudas: Declara que en el año 2015 contaba con dólares ocho mil (u$s 8.000) y en el 2019 informa que poseía la suma de dólares diecinueve mil (u$s 19.000), los cuales habían ingresado a su patrimonio en el mes de diciembre del año 1969. Explicó que, más allá de lo curioso de esa fecha, su patrimonio creció en dólares once mil (u$s11.000) sin justificar dicho aumento en cuánto a los dólares ya expresados.
También, declara que en el año 2015 el funcionario tiene acciones en Boizo Investment S.A. y que las mismas ingresaron a su patrimonio en el año 2008 y en su declaración jurada de 2019 informa que las ingresó en julio de 2014, sin justificar de donde obtuvo los fondos para la adquisición de esas acciones.
En el año 2015 informa que adeuda a su esposa – María Sol Ascanope-, la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil ($417.000) y cuando termina la gestión informa que no posee deudas con la misma, pero, conforme los ingresos declarados y los gastos producidos no lograron justificar cómo o con qué abonó dicha suma.
Por otro lado, el 18 de diciembre de 2018, el funcionario incorporó a su patrimonio un departamento cuya superficie es de trecientos setenta metros cuadrados de un valor de escrituración de $31.154.880, declarando ser el titular del cincuenta por ciento (50%), si bien declara una deuda con la inmobiliaria Darwin S.A. de $7.820.000 al inicio como al cierre de 2019 no demostró como generó esos ingresos en tres años de actividad pública, además de no declarar que tipo de deuda registra con la inmobiliaria, en que moneda y por qué no realizó pago alguno.
Respecto a la propiedad del funcionario refirió que se ubica en Barrio Parque de esta ciudad, y que la cotización de la misma ascendería al valor comercial de los dólares dos millones (u$s 2.000.000).
Por otro lado, mencionó que se observan inconsistencias de lo declarado en el rubro “EVOLUCION PATRIMONIAL” en la línea titulada “Diferencia de Valuación en los mismos vienes al inicio y al final del año”, toda vez que, si se suman los activos y se restan los pasivos al inicio del año y se comparan con los mismos conceptos al final del año, surgen incrementos que no coinciden con la “DIFERENCIA DE VALUACION” denunciada en los movimientos del funcionario.
FUENTE: Ámbito Financiero
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Argentina
Declararon inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario
El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
FUENTE: Agencia NA
Argentina
El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná
La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.
El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.
El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.
Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.
Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.
El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.
Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.
Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.
Argentina
En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,66%
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono
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