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Política

Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde

El diploma tiene dictamen de rechazo de 12 de las 19 firmas. Aunque no es vinculante, el 28 de noviembre la Cámara alta votará si la senadora libertaria puede asumir o no la banca.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado definió dictaminar el rechazo del diploma de la libertaria Lorena Villaverde.

El peronismo ya había adelantado que se iba a oponer al pliego de la senadora electa por Río Negro como consecuencia de los antecedentes de una causa de compra de cocaína en los EEUU y, además, por sus relaciones con Fred Machado, el argentino extraditado para que comparezca en una causa donde se lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero.

La Comisión definió dos dictámenes de mayoría. Uno en el que figuraban los pliegos de los senadores electos, salvo Lorena Villaverde. Y un segundo dictamen de rechazo de la rionegrina.

En el caso del dictamen de rechazo de Villaverde, la oposición juntó 12 de las 19 firmas de la Comisión. A los 8 del peronismo se le sumaron Guadalupe Tagliaferri del PRO, Pablo Blanco de la UCR, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Alejandra Vigo de Unidad Federal.

Esto se tiene que definir en el nuevo recinto, del cual Romero y Tagliaferri ya no formarán parte.

La Libertad Avanza anunció que iba a presentar un dictamen de minoría aprobando el diploma de Villaverde y otro rechazando el diploma de Jorge Capitanich y Martín Soria.

Cruces discursivos

“Nuestro bloque va a votar en contra del pliego de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación”, afirmó José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria. “Ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”, agregó.

La sorpresa que terminó de definir la suerte del dictamen de la posible futura senadora estuvo a cargo del salteño Juan Carlos Romero. Enfrentado históricamente al kirchnerismo y cercano al oficialismo, Romero señaló que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”. Romero hizo referencia a que Villaverde cometió un delito de venta de droga y que le atenuaron la pena “porque entregó información” y marcó lo que es el eje de las críticas opositoras.

“Todos tenemos conocidos en diferentes sectores, pero Villaverde tiene muchos vínculos con esa gente rara que anda con las drogas. Tiene acusaciones de fraude en el sistema inmobiliario, relación de amistad con gente que trabajó con Machado. En Argentina no tiene ninguna causa, pero si hubiéramos aprobado ficha limpia, esta gente no estaría acá”, afirmó.

Respecto a las impugnaciones de Soria y Capitanich, Romero dijo que lo de Villaverde “es distinto”. “No podemos tener gente con esa red de contactos. Recordemos que en Colombia, Pablo Escobar llegó a diputado y no lo dejaron ingresar. Es una cuestión de preservación del sistema”, advirtió.

En la misma línea, el senador radical Pablo Blanco dijo: “No voy a aceptar la incorporación de esta señora. Mi consciencia me dicta que alguien que esté relacionada con el narcotráfico no puede formar parte de esta institución”.

Uno de los primeros en salir en defensa de Villaverde fue el senador del PRO, Luis Juez. “La impugnación que estamos tratando tiene dictamen judicial. Investigué y documenté si lo que se estaba diciendo era cierto y permítanme que les diga que es absolutamente mentira. No lo digo yo, lo dicen las resoluciones judiciales que investigan el tema”, dijo el cordobés. “Acá no estamos discutiendo la conducta de Fred Machado; estamos hablando de una senadora que antes fue votada como diputada y damos por sentado situaciones judiciales que no son”, expresó el cordobés.

La defensa más polémica estuvo a cargo del libertario Juan Carlos Pagotto consideró que “todo se basa en un principio de objetividad y prueba”, y recordó el artículo 55 de la Constitución Nacional: “No nos da la facultad para introducirnos en las condiciones morales de nadie, lo tenemos que hacer en el recinto con la mayoría calificada”.

El senador intentó defender a Villaverde señalando que “todos los políticos viajan en aviones privados” y que “aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra”.

Esto hizo que la senadora Guadalupe Tagliaferri le respondiera. “Me parece peligroso que entremos en un juego donde la doble vara de la moral es lo que más queda claro acá. No da lo mismo tomar un avión narco que uno no narco”, aseguró.

El actual presidente del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, señaló: “Hay senadores que están utilizando este espacio para hacer un show mediático y el elector tiene que ser respetado. No hay ninguna inhabilidad sobreviniente, los títulos son válidos, la Corte Suprema ya se expresó sobre este tema y la diputada ya es diputada”.

Pero la respuesta llegó de la senadora Anabel Fernández Sagasti, de UP, quien dijo que tienen “la oportunidad de no abrirle la puerta del Senado, al crimen organizado”. “Esta impugnación trasciende a los partidos. Yo no quiero pertenecer ni ser cómplice de una institución que por una puja partidaria no cuestione la idoneidad de esta señora”, completó.

Fuente: Infobae

Política

La Armada pasó a disponibilidad a nueve oficiales e investiga desvíos de haberes por casi $1.000 millones

El almirante Juan Carlos Romay apartó a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial tras una auditoría interna que detectó 645 liquidaciones irregulares entre 2022 y 2026. El fraude se canalizaba mediante modificaciones manuales en los lotes enviados al Banco Nación y podría escalar hasta los $1.600 millones.

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El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, resolvió relevar de sus funciones y pasar a situación de disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, luego de que una investigación interna comprobara el cobro indebido de haberes y asignaciones suplementarias sin respaldo reglamentario. La medida administrativa, encuadrada en la Ley de Personal Militar, deja a los nueve efectivos sin destino asignado por un lapso máximo de un año mientras se sustancian los sumarios disciplinarios de rigor, en los que no se descarta la sanción de destitución.

 

 

En paralelo a las actuaciones castrenses, el caso escaló al fuero penal a partir de una denuncia formulada por el director general de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, donde se investiga una maniobra sistemática que involucra al menos 645 transferencias indebidas por un monto histórico de $981.148.567,88, ejecutadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La pesquisa judicial advierte que la cifra original abarca a 23 oficiales sospechosos, aunque la proyección pericial preliminar estima que el desvío global podría extenderse a más involucrados y alcanzar un quebranto final de entre $1.300 y $1.600 millones.

 

 

El mecanismo para burlar controles en el Banco Nación

Las anomalías fueron detectadas en febrero último tras auditarse liquidaciones de suplementos no justificados a cinco agentes. La posterior reconstrucción informática permitió determinar que las transferencias irregulares se camuflaban de manera premeditada dentro del lote mensual de liquidaciones legítimas de más de 24.000 efectivos que componen la fuerza naval.

 

 

Para eludir las auditorías automáticas, los responsables alteraban manualmente los registros y archivos una vez concluidos los controles ordinarios de liquidación y justo antes de transferir los soportes informáticos al Banco Nación. Inmediatamente después del envío bancario, los valores del sistema interno se restituían a sus parámetros originales, evitando así que los importes adicionales aparecieran impresos en los recibos oficiales de sueldo del personal.

 

 

Confesión interna, cobros a civiles y causas en curso

La auditoría acreditó además que el 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04 distribuidos en 184 operaciones) terminó en cuentas de cuatro personas sin vínculo alguno con la Armada. En esa nómina aparece María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. La mujer percibió de forma ilícita más de $152 millones. En el marco de las actuaciones administrativas previas a su relevo preventivo, el propio Atanasoff reconoció que efectuaba las cargas manuales de manera directa y discrecional para favorecer económicamente a su entorno, asegurando que actuaba sin intervención de terceros.

 

 

El peritaje contable también detectó incompatibilidades graves entre el personal en servicio: el oficial Roberto Eduardo Castro figuraba percibiendo simultáneamente sueldos en el exterior y en el país pese a estar inhabilitado por sistema para cobrar el tramo local, mientras que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, cobró acreditaciones mientras usufructuaba una licencia sin goce de haberes. Hasta el momento de la presentación en tribunales se logró la restitución de $42.574.267,63, quedando pendiente un perjuicio no resarcido superior a los $938 millones, al tiempo que la conducción naval reforzó la segregación de funciones entre los equipos de liquidación, pago y conciliación bancaria.

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El proyecto de ley de Biocombustibles se debatirá este jueves en el Senado

La iniciativa impulsada por el oficialismo sufrió modificaciones en el biodiesel y se debatirá en el recinto en una sesión que comenzará a las 11 horas.

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Tras el dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo llegará este jueves al recinto del Senado. La sesión comenzará a las 11, aunque la iniciativa será uno de los últimos temas incluidos en el orden del día.

La definición se dio este miércoles, luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque determinaron el temario de la sesión prevista para este jueves, donde según pudo saber Clarín Rural, realizaron «cambios mínimos» al dictamen firmado en las comisiones. Cabe recordar que la semana pasada, el oficialismo no había logrado reunir los acuerdos necesarios para convocar a una sesión.

Las conversaciones impulsadas por los senadores Patricia Bullrich, Pablo Cervi y Flavia Royón buscaban ampliar el respaldo al proyecto antes de su llegada al recinto. “Están buscando acuerdo con la mayor cantidad de sectores, alguno va a tener que ceder un poco”, señalaron fuentes consultadas sobre las negociaciones que se mantienen durante estos días, principalmente con senadores de las provincias de Santa Fe, La Pampa y San Luis.

Las entidades industriales del Norte Grande elevaron una carta a los senadores nacionales de las provincias de la región para reclamar la aprobación de la iniciativa. La UNINOR, Uniones Industriales del Norte Grande, sostuvo que el proyecto permitirá fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo y avanzar hacia una política energética “moderna, federal y sustentable”.

Las entidades remarcaron especialmente la posibilidad de agregar valor en origen a materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera. Según plantearon, su transformación en energía permite reducir el impacto del costo de la distancia sobre las producciones regionales y, al mismo tiempo, generar actividad económica, sustituir combustibles y aditivos importados y ampliar el uso de combustibles renovables.

El principal cambio para destrabar el conflicto está concentrado en el biodiésel, puntualmente en el artículo 38. La iniciativa modifica el esquema vigente de cortes obligatorios y de participación de las empresas en el mercado interno, especialmente en el caso de las compañías no integradas, las pymes, que actualmente cuentan con el cupo del 7,5%, mientras que las empresas integradas no participan de ese segmento.

El dictamen establece que el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiésel, porcentaje que subirá al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas mantendrán asignado el total del mercado correspondiente al corte obligatorio. Cuando el corte alcance el 10%, su participación será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre.

El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031, siendo este último porcentaje el cambio que introduce el nuevo dictamen en lugar del 3% que contemplaba la versión previa.

Además, el artículo 39, además, mantiene límites específicos para la asignación de ese volumen: cada empresa no integrada no podrá superar el 10% del biodiesel comercializado anualmente, con un tope de 50.000 toneladas, mientras que un grupo económico relacionado tampoco podrá superar el 10%. También se establece que el volumen asignado no podrá exceder la capacidad instalada registrada de cada planta.

Mientras que en el bioetanol hubo acuerdo entre el sector de la caña de azúcar y del maíz, con un corte obligatorio en las naftas del 12% (50% para cada actividad) y un 3% de libre competencia, alcanzando el corte al 15%.

FUENTE: Clarín

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Santilli recibió a Jaldo y otros gobernadores del Norte

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”

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Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, comentó el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores -en la que participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo- con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

Además de Jaldo, participaron por Catamarca, Raúl Jalil; por Corrientes, Juan Pablo Valdés; y por Salta el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobernador también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal«.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos».

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

En ese sentido Jaldo dijo: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El encuentro comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

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