“El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en la Argentina Juan José Vásconez, con el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes”, señaló el comunicado.

Asimismo la cancillería indicó que Quito presentó una “enérgica protesta” ante Buenos Aires por los dichos de Fernández contra Moreno, lo que fue considerado como “intervención en los asuntos internos”. El gobierno ecuatoriano “rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado”, explicó otro comunicado.

En su carta de protesta, dirigida a la cancillería argentina a través de Vásconez, Ecuador indicó que “no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente” Moreno.

Esta no es la primera tensión que se registra entre la Argentina y Ecuador. En octubre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Moreno expresó su “rechazo y disgusto” por las expresiones consideradas ofensivas del entonces embajador argentino en Quito, Luis Alfredo Juez, en contra de los ecuatorianos al decir en una ocasión que se cambió de ropa para evitar comentarios de que se había convertido en un “mugriento” por haber agarrado “hábitos ecuatorianos”.

“Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo (norte). Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme”, explicó después Juez, quien tiempo después fue reemplazado.

Vicepresidente

Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, mantiene en la actualidad una fuerte pugna con el exmandatario. El presidente ecuatoriano, cuyo mandato de cuatro años concluirá el próximo 24 de mayo, llegó al cargo aupado por Correa, quien lo califica de “traidor”.

Correa, quien vive en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción y también enfrenta un juicio por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012. El exgobernante socialista, quien se considera un perseguido político del gobierno de Moreno, sostiene que enfrenta casi cuarenta procesos judiciales en el país, varios por presunta corrupción.

“El sistema de justicia del Ecuador goza en la actualidad de absoluta independencia y autonomía en todos sus actos y, el trabajo que viene realizando en la lucha contra la corrupción, tiene el único propósito de devolver el estado de derecho y la libertad de acción al poder judicial ecuatoriano”, indicó la cancillería ayer.