Coimbra fue detenido esta tarde y estaba siendo trasladado a La Paz.

Más tarde, la propia Áñez, que hasta esta tarde no había sido detenida, deploró por esa red social el accionar de la justicia al subrayar que «la persecución política ha comenzado».

«El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores sino libertad y soluciones», criticó la exgobernante de facto en su cuenta de Twitter.

En un segundo y último tuit, sostuvo que la persecución representa «la práctica socialista» y agregó que «mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos», a la vez que reiteró su postura de que «no fue un golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral».

«Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable HUYÓ!», exclamó en alusión a Morales.

La acción contra Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

La legisladora acusó a Luis Fernando Camacho, actual gobernador electo de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado, ganadas por Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las graves revueltas y la salida de Morales.

Camacho, también a través de twitter, instó a Arce a dejar «de hacer la vista gorda» y a cesar «el amedrentamiento y la persecución».

Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo (salió tercera), estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención, según medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra, afectaba a varias personas: Áñez, cinco exministros y seis jefes militares, aunque no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos previos de detención.

Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.

Tras la denuncia de Coimbra, la red privada Unitel reportó que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea llevado a La Paz.

«Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron», relató a Unitel la esposa de Guzmán.

Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable una declaración oficial de esa oficina sobre el caso en las próximas horas.

Al mediodía, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su presunta vinculación con el caso de «terrorismo y sedición» cuando se produjeron las protestas opositoras contra el golpe de Estado que dejaron 36 muertos y más de 800 heridos.

Guzmán fue detenido en inmediaciones de su domicilio, pese a que sostuvo que nunca fue notificado para que comparezca ante la justicia.

El caso de «terrorismo y sedición» fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.

Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.

En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman sugirió la renuncia del entonces presidente Morales en el marco de lo que parecían preparativos para un golpe de Estado.

Ayer, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.

Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en «asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil».  Ambito