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Política

Pedicone dijo sentirse ya «fuera de la Justicia» y calificó de «toro embravecido» a Jaldo

El camarista protagonista de una polémica institucional, exigió que se realice una audiencia pública y que se acepten los audios de su celular como prueba de su denuncia contra el vocal Daniel Leiva.

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El camarista Enrique Pedicone tras protagonizar una escandalosa denuncia contra el vocal de la Corte Daniel Leiva,  dijo sentirse ya «fuera de la Justicia» y calificó al vicegobernador Osvaldo Jaldo de actuar como un «toro embravecido» y dejarse llevar por un«salvajismo jurídico» en el proceso de enjuiciamiento político en su contra que lleva adelante la Legislatura, durante un reportaje exclusivo a El Tribuno de Tucumán.

«Todo el mundo sabe que me van a cortar la cabeza, por que Jaldo así lo dispuso. Esto se sabía antes que la comisión (de Juicio Político) se junte y delibere si corresponde una audiencia pública: Jaldo dijo que no. No tenga dudas esto es un salvajismo jurídico», inició con estas palabras su entrevista el juez en la mesa de la vereda de un bar en la zona de Plaza Urquiza.

«Fíjese lo que es la ironía: la prueba de voz que a mi se me deniega se lo autorizaron en la causa que presentó en mi contra el abogado Alfredo Falú. Vamos a insistir con el pedido en la comisión de juicio político. Como (Daniel) Leiva no se puede autoincriminar le vamos pedir a periodistas y medios que nos den registros de  su voz«, puntualizó.

Para el camarista lo que hoy está sucediendo en la Justicia anómano. «Un juez que influya sobre otro para ocasionar tráfico de influencias es prácticamente como sepultar a la Justicia. Esto para nada puede considerarse una situación normal, pero yo he conseguido lo más difícil que son las pruebas. Ahora, la Corte Suprema deberá definir si está a favor de la institucionalidad, la independencia judicial y las garantías constitucionales o si está favor de las mafias que desde la política usan al poder Judicial para influir en fallos que no tienen nada que con la Constitución».

Sin embargo, Pedicone está seguro de su coartada : «según las grabaciones telefónicas (Leiva) claramente quería ´influenciar´, que es un término que las convenciones internacionales y el Tratado Anticorrupción de las Nacionales Unidas lo ha contemplado, por lo que esperamos que la justicia nos de la oportunidad de hacer una audiencia pública para que toda la sociedad se entere de lo que ha sucedido».

En este sentido, el magistrado respondió al vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien había declarado que si Pedicone pedía una audiencia pública también tendrían que estar aquellas personas que él había dejado libre. «Por supuesto – dijo- le hemos pedido que invite a las víctimas y a algunos denunciados. Yo no tengo nada que ver con las 104 causas de las que me acusan Jaldo y Leiva. En todo caso esa pregunta tendría que ir dirigida al vocal (Carlos) Caramutti  y a los jueces que estuvieron en feria». 

El magistrado aseguró a El Tribuno de Tucumán que no se encuentra de licencia: «Hoy estoy de traje y en funciones. Es la Corte la que debe decidir, aunque sabemos que hay una parte de ella que va definirse en mi contra. A mi nadie me apoya ni me tiene que apoyar lo que tiene que hacer (la Corte Suprema) es fallar de acuerdo a las pruebas que hay».

Consultado sobre el revuelo institucional generado por sus declaraciones, sostuvo que «no estoy atacando al Poder Legislativo, yo fui legislador (1995-1999). Me estoy defendiendo de la irracionalidad de Jaldo y de algunos de los legisladores asalariados del presidente de la Cámara que no quieren cumplir con la Constitución. Yo no estoy atacando a un Poder Estado del que fui parte y donde actualmente hay personas de honor y hasta destacados ex funcionarios».

Si embargo, no escatimó criticas contra el presidente de la Legislatura: «si hubiera Justicia, Jaldo tendría que esta en la cárcel . El tenía denuncias de que se hacía pagar la luz, si hubiera Justicia tendrían que investigarlo. Que me diga que yo lo obligo a violar la ley es otro salvajismo jurídico».

No obstante, Pedicone fue cauto al señalar que esperaba que el presidente de la Comisión de juicio Político, Zacarías Khoder «no se dejará influenciar» y con el gobernador Juan Manzur, (quien se abstuvo de opinar sobre el tema) al consignar que había que esperar de decida la Justicia. En cambio arremetió contra Jaldo: «me quiere ejecutar con una guillotina aquí en plaza Urquiza. Usted se da cuenta que es un toro embravecido«, cerró.

 

 

 

Política

Desbarataron una red de estafas informáticas: operaba en la Capital y Los Nogales

Detuvieron a un sospechoso y recuperaron mercadería por más de $30 millones. El grupo adquiría productos con cheques sin fondos usando sociedades fantasma y luego los ofrecía en redes sociales sin concretar las entregas.

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Una compleja organización dedicada a las estafas comerciales y digitales fue desarticulada en Tucumán tras una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de un importante cargamento de tecnología valuado en más de $30 millones. La investigación, que derivó en la detención de un hombre, dejó al descubierto una maniobra delictiva dual: la compra de equipamiento a proveedores mediante cheques sin cobertura y su posterior reventa fraudulenta a través de internet a clientes particulares.

 

 

El procedimiento fue el corolario de tres allanamientos simultáneos ordenados por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Cibercriminalidad y Estafas, ejecutados por efectivos de la Comisaría Segunda: dos tuvieron lugar en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y el restante en la localidad de Los Nogales, punto clave donde la banda mantenía acopiada la totalidad de la mercadería ilegal.

 

 

El comisario Cristian Peralta, jefe de la Zona 1 de la Unidad Regional Capital de la Policía de Tucumán, explicó la metodología con la que operaban los delincuentes. En una primera fase, tomaban contacto con proveedores de insumos tecnológicos y libraban cheques sin fondos para concretar compras de gran volumen; cuando las víctimas advertían el rechazo bancario, los sospechosos cortaban de raíz cualquier comunicación. Posteriormente, la banda publicaba los artículos en plataformas digitales y redes sociales: una vez que los compradores transferían el dinero, los estafadores bloqueaban los canales de contacto, daban de baja los enlaces web y creaban perfiles nuevos para captar nuevas víctimas.

 

 

Durante las irrupciones policiales se incautaron tres drones (uno de ellos de alta gama, con un valor de mercado superior a los $7 millones), 100 terminales de cobro electrónico (PosNet), más de una docena de teléfonos celulares sellados en sus cajas originales, diez discos rígidos, cinco CPUs, equipos de iluminación, componentes de audio y cámaras de filmación. Asimismo, los pesquisas secuestraron 495 cheques (35 de ellos anulados) y carpetas con documentación constitutiva de sociedades «fantasma», las cuales eran empleadas como fachada jurídica para simular solvencia económica ante los proveedores. Desde la fuerza policial confirmaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

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Política

El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría al proyecto de Emergencia en Discapacidad

La Libertad Avanza contó con el aval de Neuquén, San juan, Salta y Misiones para el proyecto. Provincias Unidas pidió por la prórroga.

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Una semana después del arribo de la Ley de Presupuesto 2027, La Libertad Avanza se alzó con el dictamen de mayoría del texto que propone consolidar en un marco legislativo a la declaración de Emergencia en Discapacidad. La oposición rubricó el despacho de la prórroga emplazada en el recinto y Provincias Unidas reclamó el incumplimiento del emplazamiento por tratarse de un expediente que no se mencionó en el recinto.

Además del bloque libertario, el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, acompañaron la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; y la neuquina Karina Maureira. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal amagaron con llevar un despacho propio, pero firmaron el del oficialismo en disidencia.

En contrapartida, el espectro opositor cosechó 36 firmas para la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Unión por la Patria dispuso de 29 vocales; Provincias Unidas, 5; Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La propuesta elevada por La Libertad Avanza fue titulada como “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad” y busca modificar el criterio de “transitoriedad” establecida en la declaración de Emergencia que queda sin vigencia el próximo 31 de diciembre. A grandes rasgos, esta iniciativa ratifica el valor de la pensión por discapacidad en un equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad de la mensualidad con el empleo formal de hasta 2 Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles.

Laura Rodríguez Machado fue la voz cantante del dictamen del oficialismo al que calificó como “una propuesta superadora” y luego endilgó una serie de críticas a la oposición. “A ustedes les encanta vivir en emergencia”, sostuvo en el estrado del Anexo C para luego, agregar: “Cuando la emergencia es permanente es para tapar que la política estable no funciona y estas leyes hacen falta cuando hacen mal las cosas”.

En la presentación, la cordobesa también destacó la incorporación de las partidas presupuestarias para el financiamiento de este proyecto de ley dentro del articulado del Presupuesto 2027, la fijación de un cronograma de obligación de compensaciones económicas pendientes, la capacitación obligatoria -pedido por las provincias- y la creación de un sistema público de auditorías periódicas.

“Creemos en el derecho de las personas con discapacidad, pero estos beneficios se politizaron y tuvieron controles muy laxos”, cruzó Rodríguez Machado, quien culminó: “Permitir esto, hizo que a los que les corresponde este derecho, tengan menos presupuesto y ustedes -señalando a la bancada de Unión por la Patria- perjudicaron al colectivo de la discapacidad que juran defender”.

La insistencia con la prórroga de la Emergencia

El primer reclamo al oficialismo fue de la diputada jujeña María Inés Zigarán de Provincias Unidas, quien manifestó: “Llama la atención el giro hasta con el lenguaje, pero que no han tenido con el colectivo de la discapacidad”. Luego, hizo hincapié en que este expediente firmado por el oficialismo y los aliados no fue emplazado en la sesión especial del pasado 9 de septiembre en la Cámara de Diputados. “Estaríamos incumpliendo el reglamento”, advirtió.

En esa línea, recordó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el 2025 y criticó que el dictamen se haya trabajo “en secreto”, mientras que se realizaban los sucesivos plenarios entre las comisiones de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch.

Vicepresidente de la Comisión, Juan Marino de Unión por la Patria remarcó que la insistencia en la prórroga de la Emergencia en Discapacidad “es un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones de y para las personas con discapacidad”. En línea con el espectro opositor se mostró desconfiado de la ejecución real de la propuesta de oficialismo al recordar el veto, el escándalo en la ANDIS y la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, recordó que la Ley 27.793 fue votada cinco veces y acusó al oficialismo de «negar la palabra ‘Emergencia’ porque están disociados de la realidad». Reclamó la ausencia de personas con discapacidad en el plenario y cerró con un fuerte mensaje: «En vez de decirnos que nos den los ovarios de firmar este dictamen, ójala les den los ovarios y las pelotas de caminar por la calle y poder mirar a las personas con discapacidad».

La desconfianza en el Gobierno

Minutos antes del inicio del plenario, diputados dialoguistas mencionaron a parlamentario.com que aún persisten las dudas respecto al cumplimiento del Poder Ejecutivo sobre este texto. “Luis Caputo está en Nueva York y capaz al regreso no avale este proyecto y volvamos atrás”, dejaron trascender.

Lógicamente, el escepticismo surge a partir del envío de la Ley de Presupuesto 2027 que en su Capítulo VI propone derogar la movilidad de las pensiones por discapacidad y propone dejarlas sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Según relataron desde el bloque oficialista, sería eliminado el capítulo entero antes de comenzar las reuniones informativas del próximo 13 de octubre.

Esta mirada es compartida por los integrantes del espectro opositor, quienes agregaron que el propósito de esta propuesta “superadora” tiene como objetivo enmascarar el ajuste en el área de discapacidad ante la llegada del Papa León XIV y la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione en Claypole que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

La propia institución fue la que alzó la voz en los últimos días para reclamar por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. Cabe recordar que este texto tuvo el aval de la reunión de Mesa Política de este martes, donde estuvieron ausentes el ministro de Economía y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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Política

Tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

En una resolución unánime, el Tribunal de Ética consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de modo irreparable el decoro del foro y rechazó todos los planteos de nulidad.

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El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán resolvió la exclusión del abogado Gustavo Morales por el término de cinco años, cancelando formalmente su matrícula profesional tras la condena penal firme en su contra, informó el periodista Juan Manuel Montero para La Gaceta.

Los fundamentos del fallo unánime y los delitos admitidos

La medida quedó plasmada en la Resolución N° 86/2026 con la firma unánime de los vocales Carmen Fontán, María Belén Ramayo Hernández y Juan Manuel López Márquez. En este sentido, los magistrados éticos determinaron la caducidad de la matrícula N° 3.924 luego de que Morales reconociera en un juicio abreviado la autoría de delitos graves. De esta manera, las actuaciones acreditaron maniobras de instigación a la sedición policial, falsos testimonios reiterados, desobediencia judicial y la difusión indebida del informe psicológico de una menor víctima.

El órgano colegiado consideró que las conductas vulneraron de forma irreparable el decoro del ejercicio abogadil.

Desestimación de recursos y depuración de los padrones profesionales

El tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad, nulidades y recusaciones articulados por la defensa del sancionado. En este sentido, los vocales remarcaron que el proceso respetó las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Asimismo, las autoridades señalaron que la instigación al alzamiento de las fuerzas de seguridad atentó contra el propio sistema democrático.

En consecuencia, el Colegio de Abogados notificó la resolución a los estrados provinciales y dispuso la inmediata depuración del matriculado de todos los padrones públicos.

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