Rodrigo Maximiliano Ortiz, el joven de 19 años que había recibido un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento en su domicilio, murió este jueves. El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en Manuel Estrada al 2100, en el Barrio Echeverría, en San Miguel de Tucumán. Por el hecho hay dos personas aprehendidas.

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde fue sometida a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil calibre nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento.

El episodio se produjo el martes al mediodía, cuando dos hombres llegaron a la casa de Ortiz y comenzaron a discutir con él. Según las primeras averiguaciones, el enfrentamiento habría tenido como origen un conflicto por dinero.

La discusión fue subiendo de tono hasta que se produjo una pelea física. En medio del enfrentamiento, uno de los visitantes habría sacado un arma de fuego y efectuado el disparo que impactó en la cabeza del joven.

Tras el ataque, los dos hombres escaparon en una motocicleta, mientras los familiares de Ortiz intentaban asistirlo.

Dos detenidos por el ataque

En el marco de la investigación, personal de la División Homicidios logró identificar a los presuntos involucrados: José Luciano García, conocido como El Negro, señalado como quien habría efectuado el disparo, y José Alberto Véliz, apodado Albertito, quien habría conducido la motocicleta utilizada para llegar al domicilio y escapar.

Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Gallo. En las primeras actuaciones, la Fiscalía había previsto imputar a García por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Véliz sería acusado de encubrimiento por su presunta intervención en la fuga.

Con la muerte de Ortiz, la calificación legal del hecho deberá ser revisada por el Ministerio Público Fiscal.

Las hipótesis sobre el origen de la pelea

Los investigadores manejan distintas versiones sobre el motivo del enfrentamiento. Una de ellas señala que García habría ido a reclamarle a Ortiz una deuda de entre $100.000 y $200.000, correspondiente a un préstamo que le habría realizado su pareja para comprar zapatillas.

Otra línea de investigación apunta a una posible deuda vinculada con la comercialización de estupefacientes. Según algunos testimonios, el conflicto habría estado relacionado con unos $200.000 que Ortiz no habría entregado por ventas de drogas. También surgió la versión de que el joven era comprador y mantenía una deuda por sustancias adquiridas para consumo personal.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada judicialmente.

Tres testimonios aportaron nuevos elementos que complican la situación de Felipe “El Militar” Sosa, el principal acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Durante la audiencia del miércoles, testigos confirmaron que el imputado llevó su camioneta a un lavadero para realizar una limpieza especial, retiró $57 millones de distintas entidades bancarias y adquirió una motocicleta antes de viajar a Buenos Aires, donde finalmente fue detenido.

Las declaraciones estuvieron centradas en los movimientos que realizó Sosa entre el 8 y el 9 de enero, durante los días posteriores al crimen. Para los investigadores, esas operaciones podrían aportar elementos sobre las acciones del acusado después del hecho y sobre una posible planificación de su salida de Tucumán.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que Sosa llevó una camioneta Volkswagen Amarok el 8 de enero y solicitó un servicio especial de limpieza interior.

Se trata del vehículo en el que, según la hipótesis de los investigadores, el acusado habría trasladado el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado.

“Él la llevó el 8 de enero y pagó $21.000 por el servicio que le hicimos”, declaró Graels ante el tribunal.

El testigo precisó que Sosa pidió una limpieza premium, que incluye lavado, limpieza y aspirado de los asientos y del interior del vehículo. Explicó que, cuando los clientes no solicitan ese servicio, solamente se realiza un aspirado.

El dato adquirió relevancia porque los investigadores sostienen, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que el cuerpo de la víctima habría sido transportado en la parte trasera de la camioneta, uno de los sectores comprendidos en el trabajo de limpieza solicitado.

Retiró $57 millones de distintos bancos

Otro de los testimonios que llamó la atención fue el de Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), quien analizó los movimientos bancarios de Sosa y de su ex pareja, Justina Gordillo, entre el 7 y el 16 de enero.

Según el informe presentado ante el tribunal, el 8 de enero Sosa realizó tres operaciones en diferentes bancos de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones.

Los investigadores sospechan que el dinero, proveniente de las empresas del acusado, podría haber sido destinado a financiar una eventual fuga.

En relación con Gordillo, el perito informó que solamente se detectaron dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. Durante el período analizado no recibió transferencias, sino únicamente la acreditación de los haberes que percibía del Poder Judicial.

Compró una KTM antes de viajar a Buenos Aires

La tercera declaración relevante fue la de Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motocicletas donde Sosa adquirió el rodado que utilizó para viajar a Buenos Aires.

El testigo explicó que el acusado se presentó en el comercio para retirar una llave de una motocicleta. Durante esa visita, el propietario del local le ofreció cambiar su vehículo por un modelo más nuevo y la operación terminó con la compra de una KTM.

“Entregó su moto más vieja, $4 millones en efectivo y firmó un documento de U$S 10.000 por el saldo que le quedaba por pagar y por la ropa especial que también se llevó del local. Ese documento terminó siendo cancelado por su padre, en marzo. La operación se cerró el 9 de enero”, detalló Yácumo.

El empleado también confirmó que, por pedido de Sosa, la motocicleta fue inscripta a nombre de Justina Gordillo, quien enfrenta una acusación por encubrimiento.

Yácumo aclaró que esa modalidad no resulta inusual en el rubro. “Es muy común que las personas que adquieren motocicletas de alta gama las pongan a nombre de su pareja o de la empresa de la que son dueños”, explicó.

La compra se concretó un día antes de que Sosa emprendiera su viaje a Buenos Aires. Según la hipótesis del fiscal Pedro Gallo, ese desplazamiento habría tenido como objetivo evadir el accionar de la Justicia. La adquisición de indumentaria especial para viajar en motocicleta también fue considerada un elemento relevante para esa teoría.

La situación de Justina Gordillo y las diferencias entre las partes

Durante la audiencia también declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motocicletas usadas. El testigo confirmó que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para que cotizara una moto que Sosa quería vender.

Vidal explicó que conocía a Gordillo porque era amigo de la infancia de su ex marido y sostuvo que sabía que la motocicleta pertenecía a Sosa.

“Nunca me enteré de que ella era una aficionada a andar en moto y mucho menos de que tuviera una. Sabía que el bien era de su nueva pareja”, manifestó.

Los abogados defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, consideraron que las declaraciones respaldaron su postura.

“Fue una jornada muy positiva porque se incorporaron evidencias que respaldan nuestra postura”, expresaron.

Sobre la limpieza de la Amarok, los defensores destacaron que el propietario del lavadero identificó a Sosa como la persona que llevó el vehículo y solicitó el servicio. “No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, argumentaron.

También remarcaron que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias provenientes de las empresas del imputado hacia Gordillo durante el período investigado.

En cuanto a la KTM, insistieron en que fue Sosa quien compró, retiró y utilizó la motocicleta, aunque estuviera registrada a nombre de su ex pareja.

La estrategia defensiva busca descartar que Gordillo haya actuado con fines de lucro, una circunstancia relevante para determinar si podría beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados supuestos de encubrimiento.

La querella sostiene que los testimonios no modifican la acusación

Desde la acusación realizaron una interpretación diferente de las declaraciones escuchadas durante la jornada.

El fiscal Pedro Gallo evitó profundizar sobre el contenido de la audiencia. “No puedo hablar, sólo decir que todavía faltan otras declaraciones”, manifestó.

Por su parte, Carlos Garmendia, representante legal de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que los testimonios no desvirtúan la acusación contra Gordillo.

“En ningún momento se dijo que ella llevó la camioneta, sino que la retiró. Los informes bancarios son parciales, falta que hablen otras personas”, señaló el abogado querellante.

Cuándo continuará el juicio

El debate se reanudará el próximo miércoles, luego de una interrupción vinculada con cuestiones de agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, además de un día inhábil.

En la próxima audiencia comenzarán a declarar los peritos que realizaron tareas consideradas clave durante la investigación del femicidio de Érika Antonella Álvarez.

Por convocatoria del Ministerio Fiscal, ayer miércoles 11 de noviembre se realizó una audiencia en la que la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, requirió la elevación a juicio oral y público de la causa contra Darío Pascual Cabrera (35). El acusado está imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.

La pretensión punitiva del MPF es de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. El auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez intervino en representación de la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el sábado 28 de marzo de 2026, alrededor de las 17:40, cuando Cabrera conducía una camioneta Toyota Hilux por avenida América, en sentido sur-norte, acompañado por su pareja, de 32 años, y sus dos hijas menores, de 16 y 10 años. Durante el trayecto se produjo una fuerte discusión luego de que la mujer le manifestara su intención de separarse.

Al pasar frente a una garita policial, la víctima gritó pidiendo auxilio. El imputado la sujetó violentamente del cuello y de la ropa, mientras le advertía que no gritara porque iría preso. Inmediatamente después, giró bruscamente por pasaje Houssay hacia pasaje Aragón y aceleró a gran velocidad hasta estrellar intencionalmente la camioneta, de manera frontal, contra una vivienda ubicada al 800 de esa última arteria.

El impacto provocó importantes daños en la propiedad, cuya dueña es una mujer de 81 años. Pero la agresión no terminó con el choque. Mientras permanecían dentro del habitáculo, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos con la intención de quitarle la vida. No logró concretar el ataque debido a la intervención de sus hijas, quienes forcejearon con él para que soltara a su madre. La mujer consiguió liberarse, abrir la puerta de la camioneta y caer al suelo fuera del vehículo. Posteriormente fue trasladada al hospital Padilla por personal del servicio de emergencias 107.

Las pruebas que llegarán al debate

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal enumeró los elementos probatorios que el MPF presentará durante el juicio. Entre ellos se encuentran las declaraciones de testigos presenciales, el informe accidentológico, los informes médicos y psicológicos y el testimonio de las hijas de la pareja, que será incorporado mediante entrevistas en Cámara Gesell. También se incorporará un registro de una cámara de seguridad que captó el momento en que la camioneta impactó contra la vivienda.

Al inicio de la audiencia, la jueza rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa. En tanto que, finalmente, hizo lugar al requerimiento de apertura a juicio presentado por la Fiscalía. Asimismo, Ybáñez solicitó la prórroga por 90 días del arresto domiciliario que viene cumpliendo Cabrera, a los fines de cautelar el desarrollo del debate oral. La magistrada concedió el pedido, con vencimiento el 9 de febrero de 2027.