Un tren de carga que transportaba azúcar en 28 vagones descarriló este martes por la tarde en una zona cercana a la localidad de Manuela Pedraza, bajo jurisdicción de la comisaría de Simoca. El conductor y el jefe de la formación no sufrieron lesiones.

El siniestro ferroviario ocurrió minutos después de las 18, sobre las vías ubicadas al oeste de la Ruta Nacional 157, aproximadamente un kilómetro al norte del acceso a Manuela Pedraza.

La formación, identificada como Tren 5004, circulaba de norte a sur cuando se produjo el descarrilamiento. El incidente comenzó en el tercer vagón y afectó hasta el octavo.

El tren era conducido por Maximiliano Castellano, acompañado por el jefe de tren Esteban Góngora. Ambos resultaron ilesos y no presentaban riesgos para su integridad física.

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Este martes 29 de septiembre se realizó una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, en la que fueron imputados Rodrigo Luciano Navarro (27), alias “Pata”, y Gregorio Benito Guzmán (48), alias “Kempes”, por su presunta participación en el tiroteo ocurrido el domingo pasado en el barrio Barrancas del Salí, donde murió una mujer de 48 años y su madre resultó herida.

En esta oportunidad, en representación del Ministerio Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, quien formuló los cargos y solicitó la prisión preventiva de ambos acusados por el plazo de tres meses, hasta el próximo 28 de diciembre.

A Navarro se le atribuyó el delito de abuso de arma. Durante la audiencia, el representante del MPF señaló además que el imputado registra antecedentes penales que incluyen condenas y fina pedidos de captura. En tanto, Guzmán fue imputado por los delitos de homicidio y lesiones leves, ambos en concurso ideal y agravados por el uso de arma de fuego. La acusación está vinculada con la muerte de Fabiana Isabel Páez (48) y las heridas que sufrió su madre, Isolina Isidora Décima (66).

La secuencia del tiroteo

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el último domingo 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en la vía pública de calle Raúl Colombres al 2000, en el barrio Barrancas del Salí (zona este de San Miguel de Tucumán), Navarro y su hermano “Sacha” mantuvieron un altercado previo con un grupo de personas conocido como “Los pericotes”, integrado por la familia Guzmán. Ante esto, “Pata” se dirigió a su domicilio, desde donde extrajo un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. y regresó hacia donde se encontraban “Los Pericotes”, efectuando intencionalmente múltiples disparos dirigidos hacia ellos. Luego los hermanos Navarro se fueron corriendo hacia su vivienda, momento en el cual se produjeron disparos.

Al oír dichos disparos, Décima y su hija Páez salieron de su casa con el fin de conocer los motivos del conflicto. En esa ocasión fueron sobrepasadas por los hermanos Navarro, quienes se dirigían hacia la esquina realizando tiros al aire mientras “Los Pericotes” los perseguían. En esa circunstancia, las personas que portaban armas de “Los Pericotes”, identificadas como “Kempes” Guzmán y sus hijos “Goyo” y un menor de 16 años, mientras perseguían a los Navarro, efectuaron disparos en dirección a donde se ubicaban las mujeres. Como consecuencia, Páez recibió un disparo en el abdomen y falleció horas más tarde (a las 20:10) en el hospital Centro de Salud. En tanto que su madre también fue alcanzada por un proyectil y sufrió una herida en la parte posterior del muslo derecho.

Medidas cautelares

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Andole, fundamentó el pedido de prisión preventiva en la necesidad de resguardar el proceso mientras se completan distintas medidas de investigación. Entre las evidencias que aún restan producir se encuentran la recolección de declaraciones testimoniales, la realización de pericias balísticas y los resultados de análisis de muestras, entre otras medidas.

Por su parte, las defensas técnicas plantearon medidas alternativas a la de mayor intensidad. La defensa de Navarro solicitó un arresto domiciliario autónomo en el domicilio de su pareja, mientras que la de Guzmán ofreció un arresto domiciliario acompañado de órdenes de restricción respecto de la víctima y los testigos.

Finalmente, la jueza interviniente avaló la totalidad de lo requerido por el Ministerio Fiscal y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por tres meses, ordenando su traslado y alojamiento en un complejo penitenciario.

Cabe recordar que ayer, lunes 28 de septiembre, en una audiencia llevada a cabo por este mismo hecho, fueron imputados Gregorio Alberto Guzmán, alias “Goyo”, de 22 años, y su hermano de 16, ambos hijos de “Kempes”. En esa oportunidad, la Fiscalía consiguió la prisión preventiva de “Goyo” por tres meses. En el caso del adolescente, por tratarse de un menor de edad, se dispuso una medida de disposición provisoria por el mismo plazo, con alojamiento en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz.

Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la fuerza de seguridad provincial tras radicarse una grave denuncia penal contra un integrante en actividad de la Policía de Tucumán. Se trata de un cabo que cumplía funciones en la Comisaría Seccional 6°, quien fue acusado formalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de encabezar un esquema de fraude y estafa piramidal que afectó a más de 120 familias tucumanas, con un desfalco económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.

Contactos políticos, falsos cupos y entregas millonarias

De acuerdo con el expediente acusatorio, el sospechoso ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda provincial, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar las adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales por cifras millonarias bajo el argumento de trámites administrativos reservados.

Colapso del engaño, encierro en una reunión y sanción interna

Pese a los reiterados desembolsos, las entregas pactadas nunca se materializaron. Ante la exigencia de respuestas y la falta de documentación respaldatoria, el acusado comenzó a dilatar las explicaciones apelando a sucesivas excusas operativas. La tensión alcanzó su punto crítico durante una reunión vecinal organizada para exigir la devolución del dinero, ámbito en el cual el cabo terminó encerrándose dentro de una habitación al verse desbordado por los reclamos de los vecinos defraudados.