Es decir, cuando se fija una meta indicativa de 1,4%, en rigor, se habla de un número concreto que equivale a esa proporción del PBI. Si la economía crece más y se obtiene un superávit más alto, lo que se toma en cuenta es el nominal que figura en el acuerdo. Algo de ello pasó en 2025. Se había acordado 1,5% del PBI, pero con 1,3% se había logrado cumplir con el compromiso. Se debe a que la economía creció más de lo previsto y la inflación fue más alta de lo proyectado.

Al respecto, Beltramore señala que «si se toma en cuenta como base el dato del INDEC de un PBI nominal de 2025 de $847 billones hay dos escenarios«.

«En octubre de 2025, con 4% de crecimiento y 16,4% de inflación, el PBI nominal era de $1.026 billones, mientras que en abril de 2026, con 3,5% de crecimiento y 30,4% de inflación, el PBI nominal es de $1.144 billones«, explicó. La paradoja es que, con un crecimiento real menor, el resultado nominal puede ser más alto por el efecto de la inflación elevada.

En base a esos datos, en octubre pasado la meta de superávit fiscal expresada en moneda local era de $22,6 billones (2,2% de $1.026 billones). Ahora, con los cambios, la meta habría descendido a unos $16 billones (1,4% de $1.144 billones).

La diferencia entre uno y otro objetivo es de unos $6,6 billones, que tomados al tipo de cambio actual serían alrededor de u$s4.700 millones.

Está claro que se trata de estimaciones. El resultado final se va a conocer en algunas semanas cuando el Board del FMI apruebe el acuerdo técnico, desembolse u$s1.000 millones y publique el Staff Report, donde figuran los datos finos.

Más allá de eso, es cierto que la reducción de la meta fiscal es un elemento fundamental para cerrar este año. Y es que, en este momento, la sanidad presupuestaria es producto de un ajuste del gasto antes que de mejora de ingresos. En vez de ser una cuestión estructural producto de una reforma del Estado, es más bien una voluntad del Gobierno. Pero la dinámica tiene límites, porque hay un punto en el que el gasto no se puede recortar más sin afectar el propio funcionamiento del Estado.

Estabilidad fiscal sin mejora estructural

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) plantea en un informe sobre el resultado fiscal de marzo que «el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $0,9 billones y un superávit financiero de $0,5 billones, acumulando en el primer trimestre un resultado primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2% del PBI«.

«No obstante, al excluir ingresos extraordinarios asociados a la privatización de activos (centrales hidroeléctricas del Comahue), el superávit primario se reduce a 0,3% del PBI, ubicándose levemente por debajo de los registros del primer trimestre de 2025 (0,5%) y del mismo período de 2024 (0,4%), lo que sugiere una estabilización del resultado fiscal más que una mejora estructural«, dice la consultora.

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Ocurre que en julio vencen más de u$s4.000 millones con los bonistas y el Gobierno no planea rollearlo por la vía tradicional, es decir, mediante la colocación de bonos en Wall Street. Ese mercado está cerrado desde principios de 2018, cuando Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri, y hoy considera que las tasas que debería pagar son aún muy elevadas.

Sí continuará con las colocaciones de bonos en dólares en el mercado local, una vía por la cual esta semana consiguió otros u$s500 millones y que seguirá explotando de forma quincenal.

El otro canal para hacerse de los dólares necesarios para pagar la deuda que utilizará Caputo es la privatización de empresas y activos del Estado, como señaló el propio funcionario.

El financiamiento del BID

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.

BID Invest priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio.

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. /Ámbito/