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Política

Marcha Federal Universitaria: exigieron al Gobierno que cumpla con la ley

Rectores, docentes y estudiantes marcharon por “el derecho a la educación” y aseguraron que el Estado tiene la “obligación” de financiar la universidad pública.

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Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita» que el Gobierno Nacional siga «incumpliendo» con la aplicación de la normativa.

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades «no ha superado«, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023«.

«El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho«, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias«; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades «no es solo presupuestaria«, porque como ciudadanos «deben denunciar con dolor y firmeza» la «ruptura del acuerdo democrático» de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables»: «Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo«, añadieron.

«No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia«, concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvuieron muchos representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan «una situación límite«, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la «recomposición salarial para docentes y nodocentes» y la aplicación del «presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios«.

FUENTE: Noticias Argentinas

Política

Javier Milei confirmó su intención de buscar la reelección en 2027

Durante la inauguración de una muestra histórica en el Museo de la Casa Rosada, el Presidente ratificó sus planes electorales y trazó paralelismos entre su programa económico y el legado de Manuel Belgrano.

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El presidente Javier Milei ratificó su voluntad de competir por un segundo mandato en las elecciones previstas para 2027. La confirmación tuvo lugar este fin de semana en el Museo de la Casa Rosada, durante el acto de apertura de la muestra titulada Belgrano, la revolución de las ideas, desarrollada en el marco de la Noche de los Museos. Ante el auditorio, el mandatario despejó las dudas sobre su continuidad política y afirmó con énfasis que se encuentra trabajando en pos de su reelección.

El evento contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, quien estuvo a cargo de la curaduría de la exposición. Esta actividad marcó la primera participación del jefe de Estado en este tipo de jornadas culturales desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. La muestra, abierta al público con entrada gratuita, se propone rescatar las facetas menos exploradas del prócer nacional, enfocándose en su rol como intelectual, economista y su visión previa a la Revolución de Mayo, más allá de su figura como militar o creador de la bandera.

Un programa económico inspirado en el prócer

Durante su discurso, el Presidente utilizó la figura de Manuel Belgrano para sustentar los pilares de su actual política económica. Milei describió al prócer como el primer economista moderno del Río de la Plata y un pionero en la difusión de ideas liberales, destacando su oposición histórica al monopolio y su defensa del comercio, la propiedad privada y el mérito. Según el mandatario, el pensamiento de Belgrano se alinea con los objetivos de desregulación y apertura que impulsa su administración.

En ese sentido, el Ejecutivo nacional contrastó los resultados de su gestión con el modelo aplicado por el gobierno anterior. El Presidente sostuvo que la Argentina había experimentado un empobrecimiento sistemático debido a una tendencia al aislamiento comercial. De acuerdo con sus datos, el país pasó de comerciar con el 10% del planeta al inicio de su mandato a un 30% en la actualidad, gracias a la firma de diversos acuerdos internacionales. La meta fijada por el gobierno es alcanzar un nivel de integración global del 90% para 2031, lo cual iría acompañado de una política de reducción impositiva destinada a devolver a los contribuyentes sumas equivalentes a la deuda total del Estado.

Perspectivas y gestión

El jefe de Estado defendió las medidas de desregulación adoptadas en los últimos meses, citando como ejemplos la eliminación del denominado barril criollo, la modificación de la ley de glaciares y la derogación de la ley de alquileres. Según el Presidente, estas acciones forman parte de un plan integral que busca fomentar la producción y el crecimiento económico. Al cerrar su intervención, reiteró que la hoja de ruta para los próximos años consiste en profundizar este esquema de libertad económica, bajo la consigna de retomar las ideas que, a su entender, representó originalmente el creador de la bandera.

La muestra presentada se encuentra disponible en el Museo de la Casa Rosada y busca ampliar el conocimiento histórico sobre el prócer, evitando reducir su figura a la estatuaria tradicional. A través de este espacio, la administración nacional pretende reforzar la narrativa de su programa de gobierno, vinculándolo con los orígenes del pensamiento liberal en el país, mientras establece las coordenadas políticas que guiarán la gestión hacia el próximo proceso electoral.

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Política

Causa $LIBRA: dos alternativas judiciales buscan reabrir la investigación sobre presunta estafa

Planteos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de un grupo de inversores damnificados intentan revertir el sobreseimiento de los once imputados, entre quienes se encuentran Javier Milei y Karina Milei.

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El proceso judicial iniciado para determinar responsabilidades en la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA mantiene abiertas dos instancias legales para evitar su archivo definitivo. Pese a la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó el sobreseimiento de las once personas investigadas —entre ellas el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, existen recursos en trámite que buscan reactivar la recolección de pruebas.

El expediente se concentra en presuntas maniobras vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital. Ante la decisión fiscal de dar por terminada la pesquisa, surgieron dos vías procesales diferenciadas: por un lado, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con el fin de asumir la acción penal; por el otro, la solicitud de inversores particulares que buscan recuperar su condición de parte querellante.

El pedido de la fiscalía anticorrupción

La primera alternativa corresponde a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. El organismo presentó a finales de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para objetar la decisión de Taiano de desvincular a los imputados y archivar las actuaciones.

En su presentación, la procuraduría especializada calificó el cierre como prematuro y sostuvo que la investigación no se encuentra agotada. Desde su óptica, el expediente todavía requiere la realización de diligencias clave, tales como peritajes técnicos sobre dispositivos electrónicos, el análisis exhaustivo de las comunicaciones entre las personas investigadas y la reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones financieras ejecutadas con la criptomoneda. El organismo remarcó además que los elementos reunidos hasta la fecha exhiben señales compatibles con una concertación defraudatoria, por lo que solicitó continuar con la instrucción penal.

La respuesta del fiscal del caso

La pretensión de la procuraduría fue rechazada por el fiscal Taiano mediante una presentación formal realizada el 11 de noviembre. El representante del Ministerio Público Fiscal ratificó su posición inicial en favor de los sobreseimientos y defendió el cierre de la causa al considerar que la intervención de la procuraduría resultaba desacertada.

Taiano cuestionó que el organismo hubiera tenido acceso a los pormenores de las actuaciones y señaló que los fundamentos esgrimidos por Rodríguez se apoyaban en afirmaciones antojadizas, más cercanas al estilo de un debate televisivo que a las constancias reales del expediente. La resolución de este conflicto de criterios se encuentra ahora bajo análisis del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En caso de que el magistrado no haga lugar al reclamo de la procuraduría, el organismo ya interpuso una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal evalúe la situación.

El reclamo de los inversores damnificados

La segunda alternativa procesal está encabezada por un grupo de inversores que denuncian haber sido perjudicados económicamente por la operatoria del activo digital. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados del expediente por disposición judicial luego de un planteo promovido por Mauricio Novelli, uno de los señalados como creador del proyecto promocionado en su momento por Milei.

Frente a esa exclusión, los abogados de los damnificados recurrieron a instancias superiores. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió a principios de noviembre la revisión del apartamiento de estos cinco denunciantes. Asimismo, el tribunal habilitó el tratamiento de un reclamo semejante presentado por dos damnificados de origen bielorruso que también pretenden intervenir en el expediente.

Esta determinación del tribunal de Casación no implica un reingreso automático de los particulares a la causa. No obstante, abre la posibilidad de que, si obtienen un pronunciamiento favorable, puedan volver a actuar como querellantes legítimos. Desde ese rol procesal, los inversores quedarían facultados para recurrir los sobreseimientos dictados y proponer la producción de nuevas medidas probatorias en el expediente.

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Política

Paula Omodeo iría como vice de Catalán y Roberto Sánchez sería el candidato por LLA en Concepción

El anuncio, que se realizaría el próximo martes, definiría el acuerdo en Concepción para evitar una competencia entre Sánchez y el actual intendente, Alejandro Molinuevo, que también forma parte del espacio libertario.

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La Libertad Avanza prepara un anuncio para este martes. En una conferencia de prensa, Lisandro Catalán presentaría el esquema electoral que negocia para 2027: Paula Omodeo iría como candidata a vicegobernadora y Roberto Sánchez sería el postulante a intendente de Concepción.

El anuncio formalizaría un acercamiento entre Catalán y la exdiputada, cuya relación política había quedado rota en septiembre, cuando ella, Sebastián Murga y Gustavo García dejaron de integrar el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza tras una discusión interna.

El resurgimiento de Omodeo habría sido impulsado por la Casa Rosada.

Como diputada, Omodeo tuvo actuación destacada en el recinto defendiendo las políticas de Javier Milei,

El acuerdo en Concepción buscaría evitar una competencia entre Sánchez y el actual intendente, Alejandro Molinuevo, que también forma parte del espacio libertario. En la negociación, Molinuevo encabezaría la lista de legisladores por la sección Oeste, junto con la legisladora Raquel Nievas. La distribución de esos lugares sería parte del entendimiento que Catalán presentaría.

Sánchez fue intendente de Concepción, diputado nacional y candidato a gobernador. Su regreso a la disputa municipal se produciría con el respaldo de La Libertad Avanza, aunque mantendría su identidad radical. Molinuevo, por su parte, dejaría de buscar la reelección municipal para integrarse al armado legislativo.

La negociación también ampliaría el frente opositor en el sur provincial. Uno de los aspectos que se analizarán será el aporte de CREO, el partido de Omodeo. En las elecciones legislativas de octubre de 2025 obtuvo 8.509 votos en toda la provincia, menos del 1%, y no logró renovar la banca de la exdiputada.

El acercamiento también podría modificar la relación entre CREO y Mariano Campero. El partido había acompañado una acción judicial contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que cuestiona la posibilidad de una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo. En los últimos días, CREO habría decidido dejar de participar de ese planteo.

El movimiento tendría consecuencias internas para el partido. Sebastián Murga, fundador de CREO y apartado del grupo libertario junto con Omodeo, estaría disconforme con el acuerdo y evaluaría alejarse de la actividad política.

La eventual fórmula Catalán-Omodeo se conocería en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich y el Gobierno nacional, que también repercuten en la estrategia política de La Libertad Avanza en las provincias.

La incorporación de Omodeo también puede abrir un debate sobre la obra pública. La empresa Omodeo S.A., vinculada a su familia, ejecutó obras en Tucumán durante distintos períodos, entre ellas proyectos de vivienda e infraestructura. Omodeo además fue asesora de Carlos Zannini en la Secretaría Legal de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner.

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