“Acá hay deliverys narcos y todos sabemos quiénes son”, expresó Ramón Pizarro, uno de los vecinos del barrio Manantial Sur, en donde hace sólo unos días se realizó un allanamiento por narcomenudeo. “Encantado iría y les patearía la puerta para sacarlos de acá de una buena vez, pero no se puede… tengo familia y ¿quién los va a cuidar? Acá no podes hablar ni hacer nada”, razonó.

En el sector suroeste de la provincia está enclavado el segundo complejo habitacional más importante de la provincia. Allí se edificaron 2.500 casas para solucionar el problema de vivienda a muchos tucumanos, pero nadie se imaginó que con el correr de los años se transformarían en un centro de acopio o de venta de drogas. Allí la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía y la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal desarticularon “quioscos”, lugares donde ocultaban sustancias y hasta un centro de estiramiento de cocaína.

Los vecinos del barrio dijeron estar cansados no sólo de la inseguridad que padecen, sino también de las familias narco que residen allí y de que las autoridades no les brinden una solución. “Queremos que el Instituto Provincial de la Vivienda haga algo con esto. No podemos seguir conviviendo con narcotraficantes. Además hay varios acá que compraron varias casas y eso está prohibido. Te entregan una casa y nada más”, dijo Pizarro. “Hay muchas casas deshabitadas. A algunos les otorgan la casa y ellos las alquilan o venden, entonces los vecinos no sabemos con qué nos encontraremos. Podés tener a otro narco al lado y no sabés. No confiás en esa persona”, agregó.

En Manantial Sur se instalaron dos clanes que están sospechados de dedicarse al narcomenudeo. Los Farías, una de las familias del barrio Juan XXIII (”La Bombilla) que al igual que otras de “El Sifón”, “El Triangulito”, “El Chivero” y “Villa Piolín”, fueron ubicados allí a partir de 2014 con la idea de descomprimir zonas rojas. Pero la estrategia no dio buenos resultados. Los Reyna (otro de los grupos que pugnaban por el dominio territorial en “La Bombilla”) adquirieron casas y también se instalaron allí. Los enfrentamientos a balazos no tardaron en llegar. En este barrio, Emanuel “El Gordo” Reyna, según el expediente judicial, se presentó una tarde de junio pasado y asesinó a balazos a Fabio Farías. El crimen, que tuvo un inconfundible tufillo a venganza, ocurrió días después de que el grupo familiar del supuesto homicida fuera detenido acusado de comercialización de droga.

Lugar apto

“Mary”, una comerciante del barrio (quien pidió que no se publicara su identidad) contó que hace cuatro años reside allí y dijo: “vivimos aislados”. Remarcó que carecen de CAPS y que el destacamento policial que allí funciona aún no recibe denuncias ni dispone de la cantidad de policías para que custodien el barrio.

“Todos nos enteramos del allanamiento que hubo el otro día en la casa de un vecino. Sé que vive toda una familia, pero ni le conozco la cara al hombre. Quizá manejan su negocio en otro lado porque acá sólo se ve movimiento de noche, vienen muchos autos y camionetas. Sí sabemos que manejan droga, es un mercado negro realmente y que, aparte de que cansa, te da terror convivir con gente narco y que además traen gente de afuera del barrio”, añadió.

El barrio Manantial Sur tiene varias de las cualidades que los narcos necesitan para desarrollar el negocio ilícito. Es un lugar de fácil acceso por las avenidas que lo rodean y está en una ubicación clave, ya que está conectado con rutas y caminos que llevan a los cuatro puntos cardinales de la provincia. El complejo habitacional se encuentra en la jurisdicción de la seccional 8ª, ubicada a unas 40 cuadras y, según declararon los habitantes a LA GACETA, sólo de vez en cuando se observa algún móvil del 911 dando vueltas. Por diferencias entre las autoridades municipales, provinciales y nacionales, gran parte del vecindario no cuenta con sistema de alumbrado público y la oscuridad se termina transformando en una aliada para la actividad que pueden llegar a desarrollar.

Diferencias

Al caminar por el complejo, se descubren cuatro tipos de viviendas. Las que están deshabitadas; las que no se les hizo ninguna modificación; las que tienen algunas reformas y las que las transformaron totalmente y cuentan con enormes medidas de seguridad (portones con chapas que resisten hasta balas y verjas que las hacen impenetrables) y cuentan con cámaras de seguridad externa e interna. Un tal “Leo”, integrante de la banda desarticulada el lunes, sería el dueño de tres casas de este tipo

Pizarro hizo hincapié en que desde la provincia deberían brindar una solución a este problema. “¡Cómo puede ser que yo haya esperado 10 años para recibir mi casa, una sola propiedad después de toda una investigación y ellos compraron tres propiedades! ¿Quién controla eso?”, se quejó. “Todos sabemos de quiénes estamos hablando. Acá hay arreglos y quizá hasta con la misma Policía”, agregó.

“Hace algunos días le allanaron la casa a otra chica acá en el barrio y es familiar de esos otros quienes fueron visitados por los federales. O sea que toda la familia anda en el negocio. Uno está ajeno a eso ¿no? Pero te afecta porque son tus vecinos… convivir con ese tipo de gente es horrible”, destacó “Mary”.

Los detalles de algunas de las viviendas allanadas son otras características de las casas que son ocupadas por supuestos narcos. El domicilio donde ubicaron el centro de estiramiento era de dos pisos; fue reformado con materiales y productos de muy buena calidad y tenía instalados al menos cuatro equipos de aire acondicionado. Supuestamente, las personas que pueden acceder a estos hogares no deben superar la suma de dos sueldos mínimos, es decir, más de $30.000.

Según dijo la comerciante, las viviendas de ese barrio fueron entregadas mayormente a policías y ahora muchos de ellos están mudándose por esta problemática. “Me da pena porque a esas casas uno las espera por mucho tiempo, y por estos narcos uno tiene que irse”, añadió.