El conflicto portuario continúa profundizándose y ya genera un fuerte impacto sobre el comercio exterior argentino. La medida de fuerza impulsada por los prácticos, pilotos y baqueanos mantiene paralizada la operatoria en los principales puertos del país, donde más de 140 buques permanecen sin poder ingresar o zarpar. La protesta comenzó como respuesta al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular la actividad, y ya provoca importantes demoras en las exportaciones de granos y otros productos estratégicos.

Qué reclama el sector y qué cambia el decreto

El eje del conflicto es el Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje, flexibilizando las condiciones para ejercer la actividad e incorporando mayores niveles de competencia. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del sistema portuario argentino.

Sin embargo, las entidades que representan a los prácticos rechazan la iniciativa al considerar que pone en riesgo la seguridad de la navegación y afecta el funcionamiento de un servicio altamente especializado. También cuestionan que la reforma se haya implementado sin consenso con el sector y advierten que podría deteriorar las condiciones laborales de quienes cumplen esa función en los puertos argentinos.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura respecto de la desregulación y sostiene que el nuevo esquema permitirá modernizar el sistema portuario y hacerlo más eficiente. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos en las negociaciones con los representantes del sector, por lo que el conflicto continúa abierto y mantiene en vilo a una de las actividades más importantes para el ingreso de divisas al país.