El juez federal Sebastián Casanello libró una «orden de presentación» para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos. Según se denunció, serían más de 5 millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior.

La medida se enmarca en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el Gobierno por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios . Ahora el juez intimó a la ministra Sandra Pettovello a informar en un plazo de tres días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos.

En febrero pasado, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentó junto a otras organizaciones sociales una denuncia contra Pettovello en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público «por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina».

Grabois amplió la denuncia días atrás cuando, tras un pedido de acceso a la información pública, el medio El Destape reveló el detalle de los alimentos que estarían próximos a vencerse y acumulados en depósitos.

Según la denuncia original de Grabois, impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, Pettovello estaría «violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema».
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria «informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

Piden que el Gobierno no suspenda la entrega de alimentos a comedores

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, «no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria».

Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación «en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.

También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.