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Política

La Justicia federal ordenó al Gobierno que distribuya los alimentos retenidos

El juez federal Sebastián Casanello libró una orden de presentación para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y de los alimentos.

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La Justicia le ordenó al gobierno de Javier Milei que entregue los alimentos retenidos por el ministerio de Capital Humano que debían ser entregados a comedores y que presente un plan de distribución inmediata para los sectores que sufren inseguridad alimentaria.

El juez federal Sebastián Casanello libró una «orden de presentación» para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos. Según se denunció, serían más de 5 millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior.

La medida se enmarca en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el Gobierno por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios . Ahora el juez intimó a la ministra Sandra Pettovello a informar en un plazo de tres días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos.

En febrero pasado, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentó junto a otras organizaciones sociales una denuncia contra Pettovello en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público «por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina».

Grabois amplió la denuncia días atrás cuando, tras un pedido de acceso a la información pública, el medio El Destape reveló el detalle de los alimentos que estarían próximos a vencerse y acumulados en depósitos.

Según la denuncia original de Grabois, impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, Pettovello estaría «violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema».
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria «informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

Piden que el Gobierno no suspenda la entrega de alimentos a comedores

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, «no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria».

Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación «en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.

También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.

Política

La Armada pasó a disponibilidad a nueve oficiales e investiga desvíos de haberes por casi $1.000 millones

El almirante Juan Carlos Romay apartó a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial tras una auditoría interna que detectó 645 liquidaciones irregulares entre 2022 y 2026. El fraude se canalizaba mediante modificaciones manuales en los lotes enviados al Banco Nación y podría escalar hasta los $1.600 millones.

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El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, resolvió relevar de sus funciones y pasar a situación de disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, luego de que una investigación interna comprobara el cobro indebido de haberes y asignaciones suplementarias sin respaldo reglamentario. La medida administrativa, encuadrada en la Ley de Personal Militar, deja a los nueve efectivos sin destino asignado por un lapso máximo de un año mientras se sustancian los sumarios disciplinarios de rigor, en los que no se descarta la sanción de destitución.

 

 

En paralelo a las actuaciones castrenses, el caso escaló al fuero penal a partir de una denuncia formulada por el director general de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, donde se investiga una maniobra sistemática que involucra al menos 645 transferencias indebidas por un monto histórico de $981.148.567,88, ejecutadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La pesquisa judicial advierte que la cifra original abarca a 23 oficiales sospechosos, aunque la proyección pericial preliminar estima que el desvío global podría extenderse a más involucrados y alcanzar un quebranto final de entre $1.300 y $1.600 millones.

 

 

El mecanismo para burlar controles en el Banco Nación

Las anomalías fueron detectadas en febrero último tras auditarse liquidaciones de suplementos no justificados a cinco agentes. La posterior reconstrucción informática permitió determinar que las transferencias irregulares se camuflaban de manera premeditada dentro del lote mensual de liquidaciones legítimas de más de 24.000 efectivos que componen la fuerza naval.

 

 

Para eludir las auditorías automáticas, los responsables alteraban manualmente los registros y archivos una vez concluidos los controles ordinarios de liquidación y justo antes de transferir los soportes informáticos al Banco Nación. Inmediatamente después del envío bancario, los valores del sistema interno se restituían a sus parámetros originales, evitando así que los importes adicionales aparecieran impresos en los recibos oficiales de sueldo del personal.

 

 

Confesión interna, cobros a civiles y causas en curso

La auditoría acreditó además que el 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04 distribuidos en 184 operaciones) terminó en cuentas de cuatro personas sin vínculo alguno con la Armada. En esa nómina aparece María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. La mujer percibió de forma ilícita más de $152 millones. En el marco de las actuaciones administrativas previas a su relevo preventivo, el propio Atanasoff reconoció que efectuaba las cargas manuales de manera directa y discrecional para favorecer económicamente a su entorno, asegurando que actuaba sin intervención de terceros.

 

 

El peritaje contable también detectó incompatibilidades graves entre el personal en servicio: el oficial Roberto Eduardo Castro figuraba percibiendo simultáneamente sueldos en el exterior y en el país pese a estar inhabilitado por sistema para cobrar el tramo local, mientras que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, cobró acreditaciones mientras usufructuaba una licencia sin goce de haberes. Hasta el momento de la presentación en tribunales se logró la restitución de $42.574.267,63, quedando pendiente un perjuicio no resarcido superior a los $938 millones, al tiempo que la conducción naval reforzó la segregación de funciones entre los equipos de liquidación, pago y conciliación bancaria.

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El proyecto de ley de Biocombustibles se debatirá este jueves en el Senado

La iniciativa impulsada por el oficialismo sufrió modificaciones en el biodiesel y se debatirá en el recinto en una sesión que comenzará a las 11 horas.

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Tras el dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo llegará este jueves al recinto del Senado. La sesión comenzará a las 11, aunque la iniciativa será uno de los últimos temas incluidos en el orden del día.

La definición se dio este miércoles, luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque determinaron el temario de la sesión prevista para este jueves, donde según pudo saber Clarín Rural, realizaron «cambios mínimos» al dictamen firmado en las comisiones. Cabe recordar que la semana pasada, el oficialismo no había logrado reunir los acuerdos necesarios para convocar a una sesión.

Las conversaciones impulsadas por los senadores Patricia Bullrich, Pablo Cervi y Flavia Royón buscaban ampliar el respaldo al proyecto antes de su llegada al recinto. “Están buscando acuerdo con la mayor cantidad de sectores, alguno va a tener que ceder un poco”, señalaron fuentes consultadas sobre las negociaciones que se mantienen durante estos días, principalmente con senadores de las provincias de Santa Fe, La Pampa y San Luis.

Las entidades industriales del Norte Grande elevaron una carta a los senadores nacionales de las provincias de la región para reclamar la aprobación de la iniciativa. La UNINOR, Uniones Industriales del Norte Grande, sostuvo que el proyecto permitirá fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo y avanzar hacia una política energética “moderna, federal y sustentable”.

Las entidades remarcaron especialmente la posibilidad de agregar valor en origen a materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera. Según plantearon, su transformación en energía permite reducir el impacto del costo de la distancia sobre las producciones regionales y, al mismo tiempo, generar actividad económica, sustituir combustibles y aditivos importados y ampliar el uso de combustibles renovables.

El principal cambio para destrabar el conflicto está concentrado en el biodiésel, puntualmente en el artículo 38. La iniciativa modifica el esquema vigente de cortes obligatorios y de participación de las empresas en el mercado interno, especialmente en el caso de las compañías no integradas, las pymes, que actualmente cuentan con el cupo del 7,5%, mientras que las empresas integradas no participan de ese segmento.

El dictamen establece que el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiésel, porcentaje que subirá al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas mantendrán asignado el total del mercado correspondiente al corte obligatorio. Cuando el corte alcance el 10%, su participación será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre.

El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031, siendo este último porcentaje el cambio que introduce el nuevo dictamen en lugar del 3% que contemplaba la versión previa.

Además, el artículo 39, además, mantiene límites específicos para la asignación de ese volumen: cada empresa no integrada no podrá superar el 10% del biodiesel comercializado anualmente, con un tope de 50.000 toneladas, mientras que un grupo económico relacionado tampoco podrá superar el 10%. También se establece que el volumen asignado no podrá exceder la capacidad instalada registrada de cada planta.

Mientras que en el bioetanol hubo acuerdo entre el sector de la caña de azúcar y del maíz, con un corte obligatorio en las naftas del 12% (50% para cada actividad) y un 3% de libre competencia, alcanzando el corte al 15%.

FUENTE: Clarín

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Santilli recibió a Jaldo y otros gobernadores del Norte

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”

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Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, comentó el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores -en la que participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo- con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

Además de Jaldo, participaron por Catamarca, Raúl Jalil; por Corrientes, Juan Pablo Valdés; y por Salta el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobernador también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal«.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos».

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

En ese sentido Jaldo dijo: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El encuentro comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

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