El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y participaciones societarias de Cristina Kirchner y otros condenados. La medida se enmarca en una segunda etapa del proceso de decomiso, orientada a preservar esos bienes hasta que se resuelva cuáles deberán ejecutarse para cubrir el monto establecido en la sentencia: $685.000 millones.

El departamento de Monserrat, entre los bienes alcanzados

Uno de los inmuebles incluidos en la resolución es el departamento de la calle San José 1111, en Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente su arresto domiciliario. La propiedad pertenece a Los Sauces, la firma inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada por lavado de activos.

El tribunal aclaró que el embargo no implica un remate inmediato ni la pérdida definitiva de la propiedad para sus titulares. Según explicaron los jueces, el objetivo es evitar que los activos sean transferidos, gravados o sacados de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de decomiso. Tampoco se dispone que Kirchner deba dejar ese domicilio ni se define en esta instancia un cambio en el lugar de cumplimiento del arresto.

Una resolución firmada por tres jueces

La medida lleva la firma de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución pidió el fiscal Diego Luciani ya está bajo análisis de la Corte Suprema. En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades —20 de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis del resto de los condenados—, criterio que en febrero avaló la Cámara Federal de Casación Penal. Kirchner y Báez apelaron esa decisión, que hoy espera definición en el máximo tribunal.

Mientras tanto, el TOF 2 avanzó con una nueva lista: 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También se sumó el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.

El argumento judicial

Para fundamentar las nuevas medidas, los jueces recurrieron a lo establecido en la sentencia de Vialidad, que determinó que la maniobra en torno a la obra pública generó beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner, a partir de una «conexión  económica y comercial comprobada» entre ambas partes a través de Los Sauces y Hotesur. Con ese criterio, el tribunal sostuvo que el dinero del delito circuló y se asentó en los activos de esas sociedades, por lo que pueden quedar alcanzados los bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados entre 2003 y 2015.

Puerto Madero, Santa Cruz y el dinero de Florencia Kirchner

Entre los bienes alcanzados también figuran un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero, cuyo único inquilino fue Cristóbal López. En Santa Cruz, la lista incluye el terreno del Hotel La Aldea, en El Chaltén —usurpado desde hace más de dos años—, otras propiedades en El Calafate, y varios inmuebles familiares en Río Gallegos, entre ellos el chalet de la expresidenta sobre la costanera y propiedades en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

A esto se suma el dinero hallado en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, más de US$5 millones cuyo origen lícito, según la Justicia, la familia no logró acreditar. El TOF 2 remarcó además que el banco todavía no respondió los requerimientos judiciales sobre el estado de esos fondos ni si existen otros depósitos o cajas de seguridad vinculados a la causa.

El gobernador Osvaldo Jaldo participa este miércoles de la 24º Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que se desarrolla en el Parque del Conocimiento de Posadas, Misiones. El encuentro reúne a mandatarios del NOA y NEA con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para abordar una agenda común de desarrollo y fortalecimiento regional.

La jornada permitirá avanzar sobre temas estratégicos para las provincias del Norte Grande, con eje en el financiamiento de obras de infraestructura y las políticas necesarias para sostener el crecimiento de la región.

Entre los principales puntos de la agenda se encuentra también el fenómeno de “El Niño” y su impacto en el territorio del NOA y NEA. Los gobernadores analizarán sus efectos y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

Otro de los temas centrales será la estrategia federal energética, que contempla el análisis de nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas. La discusión apunta a fortalecer la infraestructura energética y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo de las provincias.

Frente a esa iniciativa, los gobernadores del Norte plantearán la necesidad de establecer un criterio equivalente para las provincias que afrontan elevados niveles de consumo eléctrico durante los meses de verano.

Están presentes: el anfitrión y gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero); el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Días antes de la reunón, Jaldo explicó que Tucumán acompañará los beneficios destinados a los sectores de menores recursos de las zonas frías, pero solicitará un tratamiento similar para las familias del Norte que deben afrontar mayores consumos de electricidad debido a las altas temperaturas.

“Quienes vivimos en el norte seguramente vamos a estar a favor de esa ley, seguramente queremos que todas las personas que viven en el sur del país y que son de escasos recursos tengan bonificaciones y tengan tarifas especiales en el gas para poder calefaccionarse. Nosotros, los gobernadores del norte, vamos a pedir exactamente el mismo tratamiento para los que vivimos en el norte”, expresó.

La participación de Tucumán en este ámbito permitirá sostener una agenda de trabajo conjunta con las provincias del NOA y NEA y avanzar en iniciativas vinculadas con infraestructura, energía y planificación regional.

La comisión de Infraestructura del Senado de la Nación avanzará con un pedido de informes e investigación sobre el uso de fondos del Sistema Vial Integrado para colocaciones financieras. Así lo confirmó la titular de ese espacio institucional, Beatriz Avila, quien advirtió que la decisión adoptada por el Gobierno no corresponde al tener un destino específico.

“Los argentinos pagan un impuesto a los combustibles que tiene una finalidad concreta. Si esos recursos fueron establecidos para sostener y mejorar nuestra infraestructura vial, tienen que volver a las rutas. No corresponde utilizarlos para otros objetivos mientras tenemos rutas nacionales en un estado que pone en riesgo la vida de quienes las transitan”, sostuvo Ávila.

La tucumana precisó que la discusión sobre la desinversión vial excede las pujas políticas partidarias. «La decisión perjudica a las provincias, al interior productivo y a las economías regionales. También pone en riesgo la vida de millones de personas que transitan por las rutas nacionales. El equilibrio de las cuentas públicas es importante, pero no puede construirse desatendiendo infraestructura esencial para el desarrollo del país”, advirtió.

Ávila recordó además que Tucumán viene reclamando soluciones para los aproximadamente 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia y consideró indispensable avanzar con obras y tareas de mantenimiento que permitan recuperar corredores estratégicos.

“Desde el Senado tenemos la responsabilidad de controlar, pedir información y defender el federalismo. Las provincias necesitan certezas sobre qué está ocurriendo con recursos que tienen una finalidad específica”, concluyó