La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.

Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.

Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.

En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Las pericias sobre el teléfono de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP” y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no pudo establecerse el contenido de estas últimas. En paralelo, se analizaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, registros de ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para acreditar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.

El expediente también incluyó un pedido de congelamiento de 44.593.888,562 USDC que habían sido identificados en una billetera vinculada con movimientos del equipo de $LIBRA. El fiscal solicitó cooperación a las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo indicó que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos, por lo que cerró ese trámite de cooperación.

Martínez de Giorgi sostuvo finalmente que el dictamen fiscal estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. El magistrado también aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, pero que esa circunstancia no impedía dictar su sobreseimiento. La resolución menciona además la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA, por lo que el cierre de estas actuaciones no equivale, por sí solo, a la finalización de todas las causas relacionadas con el caso. / TN

El Hall central de la Legislatura de Tucumán fue escenario esta mañana del segundo encuentro provincial de presidentes de centros de estudiantes, una iniciativa destinada a fortalecer la participación juvenil y generar un espacio de intercambio entre estudiantes de distintos puntos de la provincia.

La actividad se enmarca en los principios de la Ley Nacional N.º 26.877, que reconoce a los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación y participación de los alumnos.

El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente segundo, a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Alfredo Toscano; la ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo; la legisladora Adriana Najar, impulsora de la iniciativa; la directora de Nivel Secundario, profesora Rosa Casares; el director ejecutivo de la Fundación León, el psicólogo Federico Díaz Marino; y el legislador Hugo Ledesma.

Durante la apertura, Toscano destacó la presencia de los más de 250 representantes estudiantiles y valoró su compromiso con la vida democrática. “Es una gran apuesta recibir a más de 250 representantes de centros de estudiantes de la provincia. Quiero resaltar fundamentalmente que ellos se quieran involucrar, porque lo importante es que sean protagonistas”, expresó.

Por su parte, Montaldo subrayó el papel de la escuela en la formación ciudadana y la importancia de generar oportunidades para que los alumnos puedan expresar sus inquietudes. “Uno de los ejes del trabajo en educación es formar ciudadanos, y la única manera es que presenten sus proyectos e ideas y sean debatidos”, sostuvo.

La legisladora Adriana Najar, en tanto, explicó que los estudiantes trabajaron junto a sus docentes en la elaboración de distintas propuestas que serán puestas en consideración durante la jornada. “Tenemos una expectativa muy grande. Los alumnos vienen a presentar sus proyectos y debatirlos para encontrar puntos en común. Esto los va a preparar para afrontar diferentes desafíos el día de mañana”, señaló.

Como uno de los disertantes y moderadores, Federico Díaz Marino destacó la necesidad de reconocer a los jóvenes como actores del presente y no solamente como protagonistas del futuro. En ese sentido, valoró la articulación con la Legislatura y remarcó la importancia de brindar herramientas para que puedan incidir en su comunidad y contribuir a transformar la sociedad.

La jornada también tuvo como protagonistas a los propios estudiantes, quienes compartieron sus expectativas y los temas que consideran prioritarios. Lucía Pérez, representante de una escuela de Graneros, valoró la posibilidad de participar del encuentro y conocer las experiencias de otros establecimientos. “Es una experiencia muy linda. Que nos den la oportunidad de estar acá es un montón. Como jóvenes, podemos ver cómo construir y aportar a la sociedad, conocer los gobiernos y las políticas, y compartir nuestras ideas y opiniones con chicos de otras escuelas”, manifestó.

En la misma línea, Gonzalo Guijarro, representante del Colegio Sagrado Corazón, expresó su expectativa de dar a conocer sus iniciativas, pero también de escuchar otras voces para alcanzar acuerdos. Entre sus inquietudes, mencionó un proyecto vinculado con la salud mental.

De esta manera, el segundo encuentro provincial se consolidó como un ámbito de intercambio entre estudiantes, docentes y autoridades, con la mirada puesta en promover nuevas formas de participación y acercar las inquietudes de los jóvenes al ámbito legislativo.

Este viernes comenzó el juicio oral y público en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, un debate unificado que sienta en el banquillo a 19 imputados. Entre las figuras centrales se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner —quien enfrenta su tercer proceso oral por hechos de corrupción— y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, en su primera instancia ante los tribunales en calidad de acusado, según informaron Noticias Argentinas y Los Primeros.

El proceso se lleva a cabo en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso la realización conjunta de ambos expedientes con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar, según detalló Los Primeros. El tribunal está integrado por los magistrados José Antonio Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.

Modalidad virtual y plazos procesales

Los jueces permitieron que los imputados participaran de manera telemática en la primera audiencia para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, de acuerdo con Noticias Argentinas y Los Primeros. La decisión contó con el aval de Michilini y Machado Pelloni, mientras que Palliotti votó en disidencia, según precisó Noticias Argentinas.

Los fundamentos para esta excepción incluyeron las labores parlamentarias de Máximo Kirchner y, en el caso de la expresidenta, evitar el operativo de seguridad para su traslado desde su domicilio, según Noticias Argentinas. No obstante, el tribunal remarcó que se trata de una medida excepcional y que las siguientes audiencias serán estrictamente presenciales los lunes, viernes y sábados, debiendo concurrir los abogados defensores de forma obligatoria. Asimismo, se prevé utilizar fechas en la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 para asegurar la continuidad del debate.

Durante la primera jornada, una de las defensas planteó que no se cumplieron los plazos procesales de diez días hábiles necesarios para ejercer la defensa en Hotesur, cuyo juicio estaba previsto para marzo de 2027. Ante esto, el juez Michilini indicó que este viernes se leyeron las acusaciones de Los Sauces y que la fiscalía entregará en los próximos días el resumen correspondiente a Hotesur para cubrir los plazos requeridos.

La acusación fiscal

En la lectura de la elevación a juicio, la fiscalía sostuvo que los hechos habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con el fin de sustraer y apropiarse de fondos públicos de la obra pública vial mediante el pago de dádivas.

Según la fiscalía, existió una asociación ilícita de carácter estable y permanente entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. De acuerdo con los portales, a Cristina Kirchner se le atribuye ser jefa de asociación ilícita y lavado de activos en el tramo Los Sauces, además de lavado de activos en Hotesur, mientras que a Máximo Kirchner se le imputa el rol de organizador y blanqueo de capitales.

La tesis de la acusación señala que las maniobras no se limitaban a beneficiar a empresarios allegados, sino que involucraban un sistema para transferir y disimular ganancias ilícitas al patrimonio familiar a través de préstamos, compra de propiedades y alquileres de complejos hoteleros e inmobiliarios.

Los imputados y el alcance de la causa

El listado de 19 enjuiciados incluye, además de los Kirchner, a Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Ricardo Albornoz, Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz. Por su parte, Florencia Kirchner resultó excluida del proceso al contar con un sobreseimiento firme dictado por Casación, según consignó Los Primeros.

En cuanto a las pruebas, la fiscalía hace foco en firmas como Valle Mitre, vinculada a Lázaro Báez, por contrataciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, y en giros monetarios a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. Originalmente, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para dotar de celeridad al debate.