Los gobernadores vuelven a ser protagonistas de la agenda legislativa. Tras convertirse en los actores que terminaron por desmoronar el capítulo de la ley de propiedad privada que elevaba los topes máximos para la venta de tierras a extranjeros, un proyecto apadrinado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta semana le marcarán la cancha al presidente Javier Milei frente a lo que consideran un incumplimiento del Poder Ejecutivo. O, más precisamente, del ministro de  Economía, Luis Caputo.

La iniciativa fue girada al Senado el 22 de mayo y, desde entonces, no registró ningún avance. Según se pudo reconstruir, las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores aliados se estancaron porque dos de los principales reclamos de las provincias quedaron sin respuesta: una reducción del costo de la energía eléctrica para las jurisdicciones más cálidas como compensación por la quita de los subsidios al gas, así como la incorporación de las distribuidoras y transportistas provinciales al esquema de regularización de deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).

En el oficialismo sostienen que esa compensación llegará una vez aprobada la ley. Los gobernadores, en cambio, pretenden que quede garantizada antes de habilitar el tratamiento en el Senado. De hecho, durante el debate en Diputados solicitaron incorporar ese compromiso en el texto de la ley, pero la propuesta fue rechazada por el Poder Ejecutivo.

La falta de definiciones llevó a los gobernadores a darle entidad propia al reclamo. El próximo 12 de agosto propiciarán una cumbre de mandatarios del Norte Grande que se realizará en Posadas. Uno de los temas centrales será el impulso de una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región, como contrapartida a la reforma del régimen de zonas frías que promueve el Gobierno.

“Para nosotros, los del norte, es muy necesario tener alguna buena  noticia respecto de la zona cálida porque somos electrodependientes. Veremos qué pasa en el Senado”, reafirmó un interlocutor habitual de una de esas provincias en el Congreso.

El segundo reclamo apunta al capítulo de regularización del mercado eléctrico mayorista. El proyecto establece un mecanismo excepcional para que las distribuidoras y transportistas federales cancelen sus deudas con Cammesa mediante compensaciones por créditos acumulados durante los años de congelamiento tarifario.

Sin embargo, las empresas provinciales y municipales quedaron fuera de ese esquema. Para ellas, la iniciativa únicamente encomienda a las jurisdicciones locales calcular los créditos correspondientes y aclara que cualquier saldo a favor deberá ser afrontado por cada provincia o municipio, sin intervención del Estado nacional.

“Hay una compensación importante para las transportistas y distribuidoras federales, pero no está claro qué pasará con las provinciales y municipales. En Diputados hicimos ese planteo, pero finalmente no quedó incorporado”, resumió un dirigente que sigue de cerca las negociaciones.

El cambio de clima quedó expuesto entre los legisladores mendocinos. Mientras los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos aliados al gobernador Alfredo Cornejo, acompañaron la media sanción en Diputados, los senadores del mismo espacio adelantaron que buscarán modificar el proyecto antes de aprobarlo.

La senadora Mariana Juri afirmó en junio que uno de sus principales objetivos fue postergar el tratamiento de la iniciativa. “Lo que no nos puede pasar es que zonas de Mendoza que tienen temperaturas más frías que algunas de la Patagonia queden afuera del subsidio”, sostuvo. Y agregó: “Quiero que esta sea una oportunidad para construir un nuevo sistema de subsidios”.

La reforma

El proyecto del Poder Ejecutivo deja atrás el esquema actual, basado principalmente en la ubicación geográfica, y lo reemplaza por otro focalizado según el nivel de ingresos de cada hogar.

En la práctica, eso implica que amplias zonas incorporadas al régimen en 2021 dejarán de recibir el descuento automático en la tarifa. Entre ellas figuran localidades del interior bonaerense, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En esas regiones, solo conservarán el beneficio los hogares que acrediten vulnerabilidad  económica.

Ese es el punto que cuestionan dirigentes como Juri. La senadora sostiene que varias localidades mendocinas con inviernos más rigurosos que otras zonas del país quedarían excluidas del subsidio automático únicamente por el nuevo criterio que propone la ley.

El proyecto mantiene, en cambio, un régimen especial para las zonas de “efectiva severidad climática”, como toda la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Allí el subsidio seguirá vigente para todos los usuarios, aunque con un alcance menor: cubrirá únicamente el precio del gas y dejará afuera los costos de transporte y distribución / La Nación

Los gremios que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales anunciaron nuevas medidas de fuerza para agosto, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional por la situación salarial y presupuestaria del sistema universitario. Las organizaciones reclaman una recomposición de los ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras advierten sobre el deterioro de las condiciones de trabajo y funcionamiento de las casas de altos estudios.

Una de las fechas anunciadas es el miércoles 12 de agosto, jornada para la que distintos sectores universitarios convocaron a un paro nacional. La medida se suma a las acciones que vienen desarrollando las federaciones y sindicatos del sector para visibilizar sus reclamos y presionar por una respuesta del Ejecutivo nacional. La convocatoria incluye a docentes y no docentes de universidades públicas.

ADIUNT reclama profundizar el plan de lucha

Entre las resoluciones adoptadas, ADIUNT estableció como mandato para CONADU Histórica la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado. El gremio tucumano sostuvo que existen condiciones para avanzar hacia una medida de mayor alcance y cuestionó la realización de paros aislados, al considerar que ese esquema puede generar desgaste sin alcanzar respuestas concretas.