Luego de que la Legislatura provincial sancionara por unanimidad el proyecto de adecuación procesal y administrativa al marco normativo nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Leiva, ratificó la plena operatividad de la provincia para juzgar y asistir a menores en conflicto con la ley.

El magistrado llevó tranquilidad sobre los recursos institucionales locales y fue categórico:  “Yo creo que estamos en condiciones nosotros de aplicar la ley nacional. Y de hecho la estamos aplicando. La ley está vigente y, por lo que a nosotros nos corresponde como provincia, estamos en condiciones”.

Cabe señalar que la normativa fija un cambio sustancial para la franja etaria que va de los 14 a los 16 años, segmento que a partir de la vigencia de la reforma adquiere responsabilidad penal directa.

“Nosotros nos encontramos con una realidad muy especial hoy que es la implementación del nuevo régimen penal juvenil, lo cual trae aparejado un cambio total para un segmento etario. Había personas, chicos entre 14 y 16 años, que hasta hace unos días muchas de sus acciones no eran punibles porque no eran susceptibles de responder por sus actos en el ámbito penal. Hoy ya responden por sus actos, ya tienen responsabilidad penal”.

Calidad de los magistrados y un Poder Judicial «referente»

Al contextualizar este momento institucional con el Plan Estratégico 2024-2030 que lleva adelante la Corte desde hace más de siete años, Leiva subrayó el salto cualitativo en la estructura de trabajo y el nivel técnico de los tribunales tucumanos, tanto en el fuero penal como en los no penales:

“Nosotros hoy tenemos un sistema virtuoso. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero está funcionando mucho mejor que lo que funcionaba hace diez años atrás, mucho mejor que hace un mes, y esperemos que no esté tan bien como tiene que funcionar mañana o dentro de una semana, porque esto es una mejora constante. El Poder Judicial de Tucumán hoy, modestamente, comienza a ser un referente en términos de funcionamiento. Tenemos una altísima calidad de magistrados, magistrados altamente capacitados con quienes venimos trabajando en brindarles todo el apoyo sistémico para que puedan tener el mayor tiempo posible afectado a la realización de las funciones estrictamente jurisdiccionales”.

Para acompañar esta transformación, la Corte puso en marcha el  programa de «Justicia Abierta», mediante el cual magistrados y funcionarios recorren establecimientos secundarios de toda la provincia junto al Ministerio de Educación. Tras un primer encuentro en la Escuela de Comercio con directivos y supervisores, el objetivo apunta a generar un puente preventivo directo con alumnos y padres.

“Nosotros no somos un órgano de asesoramiento. Nosotros lo que hacemos es resolver conflictos, esa es la función básica que tenemos. Pero sí queremos ser parte en la construcción social en la cual necesariamente entendemos que tenemos que participar. El padre de un chico que tiene entre 14 y 16 años tiene que saber que su hijo responde por sus acciones; lo que antes podía ser tomado como una cuestión naturalizada culturalmente, hoy eventualmente ese accionar o esa omisión puede constituir un delito”.

Sin improvisaciones: Instituto Cura Brochero y la figura del supervisor

Leiva remarcó que el abordaje de los menores punibles debe trascender el mero castigo estatal y enfocarse en una atención socioeducativa integral. En ese sentido, ponderó la articulación lograda entre los tres poderes del Estado para no recurrir a resoluciones transitorias:

“Tucumán viene anticipándose a esto porque creo que fue la primera provincia que habilitó un establecimiento específico en vista a esta implementación, que es el Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz. Además, es la primera provincia con la que estamos saliendo con una normativa completa: no hicimos ningún parche, no improvisamos nada. Los tres poderes del Estado nos sentamos a ver y cada uno, dentro del campo de acción que tenemos, generamos un proyecto de ley que hoy está vigente y que contempla la fase procesal y la fase administrativa”.

Dentro del flamante esquema legal, el titular del máximo tribunal provincial destacó la creación de la figura del supervisor, un funcionario dependiente del Poder Judicial que tendrá a su cargo el seguimiento y control interdisciplinario del menor durante el desarrollo del proceso judicial y en la etapa posterior a una eventual condena.

Alerta por drogas: 40 internaciones semanales por consumos problemáticos

Al abordar el contexto social que rodea a los delitos juveniles y rechazar el abordaje simplista de viejas cárceles como «escuelas del delito», Leiva diferenció el rol de la contención familiar frente a problemáticas estructurales complejas. En ese punto, aportó una estadística que refleja el impacto de los consumos de sustancias en los tribunales locales:

“Para que usted dimensione: pasamos el año pasado de tener una media de 32 a 34 internaciones involuntarias dispuestas desde el Poder Judicial —desde el área de Familia— a 38 o 40 internaciones semanales. Ese es el volumen y la escala por consumos problemáticos. Es para que las familias dimensionen lo que está pasando, los padres atiendan lo que sus hijos hacen, los docentes presten atención y todos hablemos de la droga, porque atenta contra el entramado virtuoso que debe tener la sociedad”.

Finalmente, el magistrado contrapuso la celeridad actual del fuero penal con el viejo régimen: recordó que en 2017 se dictaban apenas 550 resoluciones anuales, mientras que a partir de la implementación plena del Código Procesal Penal adversarial en 2021 se alcanzaron más de 2.300 condenas gracias a la profesionalización y el respaldo a los magistrados. /Los Primeros/

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.

En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.

En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Huesen era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de Tucumán.

Grabois y Huesen quedaron enfrentados ante la mirada del resto de los diputados. Entre ellos estaba Eduardo Valdés, que debió intervenir junto a otros legisladores para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

No fue el único intento por contener la situación. Mientras el clima se caldeaba, el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, instaba a los presentes y al jefe del bloque de UP, Germán Martínez, “a poner orden”.

En simultáneo, la propia Bregman también intentó bajar el tono del enfrentamiento. “Pará, Juan, que me va a tener que contestar las preguntas”, le reclamaba la diputada de izquierda, que pretendía que el oficialismo respondiera a sus cuestionamientos.

Sin embargo, Grabois retomó sus críticas contra los libertarios. “¡Tienen la Corte comprada!”, acusó a los gritos. Y luego insistió: “Déjense de joder y hablar a los que están hablando. Vendepatrias, vendidos y coimeros”.

Su reacción derivó en una amenaza de Zapata de levantar el encuentro. “Les pido por última vez que traten de recuperar el orden. En estas condiciones no podemos continuar”, advirtió, alzando la voz.

Entonces, Martínez pidió la palabra e intentó encauzar la discusión. “Todos tenemos que contribuir, es un tema de relevancia, ayudémonos entre todos. Nosotros nos encargaremos de cada diputado, pero le pido al diputado Jairo Guzmán que deje de insultar permanentemente de atrás”, planteó el jefe de la bancada peronista.

Acto seguido, Bregman volvió a intentar retomar su alocución. “A pesar de la provocación quiero hablar, ustedes no pueden decidir por mí”, exigió la diputada, esta vez ante una sala en calma, que finalmente le permitió continuar con su exposición.

Inmediatamente después del escándalo, Grabois volvió a arremeter contra el oficialismo a través de un mensaje publicado en X.

“Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, sentenció el dirigente social.

El presidente Javier Milei también recurrió a las redes sociales para referirse a lo ocurrido durante el debate en comisión.

“Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, apuntó el mandatario al compartir el video del episodio publicado por la diputada libertaria Andrea Vera, quien tildó a Grabois de “maleducado, patotero y antidemocrático”.

Minutos después llegó una nueva réplica del dirigente social, esta vez contra el Presidente.

“Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”, retrucó Grabois.