Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la fuerza de seguridad provincial tras radicarse una grave denuncia penal contra un integrante en actividad de la Policía de Tucumán. Se trata de un cabo que cumplía funciones en la Comisaría Seccional 6°, quien fue acusado formalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de encabezar un esquema de fraude y estafa piramidal que afectó a más de 120 familias tucumanas, con un desfalco económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.

Contactos políticos, falsos cupos y entregas millonarias

De acuerdo con el expediente acusatorio, el sospechoso ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda provincial, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar las adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales por cifras millonarias bajo el argumento de trámites administrativos reservados.

Colapso del engaño, encierro en una reunión y sanción interna

Pese a los reiterados desembolsos, las entregas pactadas nunca se materializaron. Ante la exigencia de respuestas y la falta de documentación respaldatoria, el acusado comenzó a dilatar las explicaciones apelando a sucesivas excusas operativas. La tensión alcanzó su punto crítico durante una reunión vecinal organizada para exigir la devolución del dinero, ámbito en el cual el cabo terminó encerrándose dentro de una habitación al verse desbordado por los reclamos de los vecinos defraudados.

Una niña de 1 año y 7 meses permanece internada en el Hospital del Niño Jesús, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, luego de haber sido atacada por un perro pitbull en San Miguel de Tucumán. Pese a la gravedad del cuadro, se encuentra hemodinámicamente estable.

La directora del hospital, Inés Gramajo, explicó que la menor ingresó a la guardia y fue asistida por el equipo de emergencia y un cirujano general. Debido a la importante pérdida de sangre que había sufrido, debió recibir transfusiones y fue sometida a distintos estudios, entre ellos una tomografía.

Además, especialistas en cirugía maxilofacial evaluaron las lesiones provocadas por el ataque.

Uno de los puntos que generaba preocupación era el estado de uno de sus ojos. La niña fue examinada por el servicio de Oftalmología y se le realizó un fondo de ojos, cuyo resultado fue favorable. Los especialistas continuarán controlándola diariamente hasta que disminuya la inflamación.

“Hay que ser cautelosos y seguir acompañándola. La paciente está recibiendo todas las atenciones con los estudios y especialistas que necesita”, señaló Gramajo.

La directora destacó que el Hospital del Niño Jesús cuenta con los especialistas y recursos necesarios para atender un cuadro de esta complejidad y remarcó que la evolución de la pequeña será evaluada día a día.

Durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, por pedido del Ministerio Fiscal, se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción contra Gregorio Alberto Guzmán, alias “Goyo”, de 22 años, y su hermano de 16, ambos presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pericotes”. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale. En representación del MPF intervino el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, quien les atribuyó a los dos acusados la coautoría de los delitos de homicidio y lesiones leves, ambos en concurso ideal y agravados por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió este último domingo 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en el barrio Barrancas del Salí, en la zona este de San Miguel de Tucumán. Como consecuencia del enfrentamiento armado, Fabiana Isabel Páez, de 48 años, recibió un disparo en el abdomen y falleció horas más tarde en el hospital Centro de Salud. Su madre, Isolina Isidora Décima, de 66 años, también fue alcanzada por un proyectil y sufrió una herida en la parte posterior del muslo derecho.
Por otro lado, cabe mencionar que durante la tarde de este lunes se entregó el tercer imputado, “Kempes” Guzmán, padre de los dos acusados.

La teoría del caso

De acuerdo con la acusación presentada por el MPF, el enfrentamiento se produjo entre dos hermanos conocidos como “Sacha” y “Pata” y un grupo de personas del barrio identificadas como “Los Pericotes”, quienes portaban armas de fuego, piedras y palos. Al escuchar los disparos, Décima y su hija salieron de su domicilio para conocer los motivos del conflicto. En ese momento, “Sacha” y “Pata” pasaron junto a ellas y se dirigieron hacia la esquina siguiente efectuando disparos al aire. Mientras tanto, los integrantes de “Los Pericotes” continuaron disparando a quemarropa en dirección a los hermanos, en cuya trayectoria de los proyectiles se encontraban las dos mujeres.

En esas circunstancias, “Kempes”, “Goyo” y su hermano menor de edad habrían efectuado disparos hacia las víctimas. Como consecuencia de la balacera, Páez fue alcanzada en el abdomen, mientras que su madre recibió un impacto en el muslo. La mujer de 48 años fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde falleció horas después producto de las lesiones sufridas.

Medidas para cautelar la investigación

Durante la audiencia, el auxiliar Andole remarcó la violencia del episodio y sostuvo que “estamos ante un hecho de extrema gravedad, no solo por la consecuencia del fallecimiento de una de las víctimas, sino también por la particularidad del contexto del hecho”. En ese sentido, señaló que se trató de un grupo de personas que perseguía a otras dos y efectuaba disparos en la vía pública, exponiendo a quienes pudieran encontrarse en el lugar. “Esto evidencia un absoluto desprecio por la vida humana y por la seguridad pública”, afirmó.

El representante del MPF también hizo referencia al comportamiento de los imputados después del hecho. “Se fueron del lugar como si nada hubiera pasado para refugiarse y ocultarse en otro sitio de la zona, para recién aproximadamente ocho horas después ser encontrados”, sostuvo. Según indicó, durante ese lapso se habrían descartado prendas de vestir y armas, lo que evidencia un riesgo de entorpecimiento de la investigación.

A los fines de resguardar el proceso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de tres meses para Gregorio Guzmán. En el caso de su hermano, por tratarse de un menor de edad, requirió una medida de disposición provisoria por el mismo plazo, con alojamiento en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz. Por su parte, la defensa técnica demandó para el adolescente una disposición provisoria en un domicilio y, para el mayor de los imputados, medidas de menor intensidad o arresto domiciliario.

Finalmente, la jueza rechazó los planteos de la defensa e hizo lugar a todo lo requerido por el Ministerio Fiscal. Para Gregorio Guzmán ordenó la prisión preventiva y para su hermano la disposición provisoria en el Instituto de Menores Cura Brochero de Benjamín Paz, ambas medidas por el plazo pretendido.