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Internacional

Histórica condena contra Donald Trump en EEUU

Donald Trump se convirtió en el primer presidente en la historia de EEUU en ser condenado por un delito penal, luego de que un jurado lo declarase culpable de encubrir un pago de dinero para silenciar a una actriz porno.

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Los miembros del jurado declararon culpable de todos los cargos al expresidente Donald Trump, en un juicio histórico que se desarrolló en Nueva York, EEUU, por falsificar documentos comerciales para encubrir un pago de dinero a cambio de silencio a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones de 2016.

La declaración de culpabilidad podría dar un vuelco a la carrera presidencial de 2024, en la que Trump, candidato republicano, aspira a arrebatar la Casa Blanca al presidente demócrata Joe Biden en unas elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre. De todas maneras, la condena no le impedirá competir por la presidencia.

Donald Trump fue condenado por un jurado en EEUU y podría recibir hasta cuatro años de cárcel
Se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de cárcel, aunque otros condenados por ese delito suelen recibir penas más cortas, multas o libertad condicional. El encarcelamiento no le impediría hacer campaña, ni asumir el cargo si ganara.

El juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, tres días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana en la que se espera la nominación formal de Trump para la presidencia.

Merchan agradeció a los miembros del jurado su servicio. «Nadie puede obligarlos a hacer nada que no quieran hacer. La elección es de ustedes», dijo Merchan.

El 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021) fue declarado culpable de 34 cargos, acusado de falsificar documentos contables de su emporio, la Organización Trump, para ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz para evitar un escándalo sexual al final de su campaña presidencial de 2016.

La historia de Donald Trump con la actriz porno Stormy Daniels, en el foco del conflicto
El caso comenzó con un torneo de golf entre celebridades en julio de 2006 en Nevada, donde Donald Trump obtuvo el poco glorioso puesto 62. Allí conoció a la actriz porno Stormy Daniels.

En un idílico paisaje a orillas del lago Tahoe, la actriz de 27 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, y el hombre de negocios conocido por su programa de telerrealidad, de 60 años, tienen una aventura fugaz, según ella.

En aquel entonces el magnate inmobiliario, que acababa de tener un hijo con su esposa Melania, cultivaba una imagen de playboy y dejaba correr rumores sobre el «tablero de caza» de sus aventuras, reales o fantasiosas.

En los meses siguientes, Trump le prometió a Daniels un papel en su programa «El aprendiz». El contacto entre ellos se rompió cuando este proyecto fracasó, según la actriz. El contexto cambió radicalmente en 2011, cuando Trump, alentado por encuestas favorables, barajó la idea de presentarse a la nominación republicana para las elecciones de 2012 contra el entonces presidente, el demócrata Barack Obama.

Consciente del interés por su historia y de que, según ella, de todos modos saldría a la luz con su consentimiento o sin él, Daniels aceptó revelarla por 15.000 dólares a la revista «In Touch».

El periódico incluso la sometió a un detector de mentiras para que su historia fuera creíble pero el abogado personal del millonario, Michael Cohen, amenazó con demandarla y ella decidió no publicar la entrevista. Según la actriz, un desconocido se acercó a ella en un estacionamiento de Las Vegas para intimidarla en presencia de su hija de dos años y ordenarle que «se olvidara de Trump».

Al final, Trump no se presentó a la carrera presidencial, pero el problema resurgió en 2016 cuando ganó varias primarias republicanas y luego la nominación del partido.

Los medios de comunicación se interesaron de nuevo por la historia de Stephanie Clifford. Cohen volvió a comprar su silencio, como hizo antes con la exmodelo de la revista Playboy Karen McDougal. Trump, debilitado por la difusión de una antigua grabación de audio en la que se jacta de poder «agarrar» a las mujeres «por el coño», quiere evitar otro escándalo.

Previa negociación, el abogado pagó 130.000 dólares de su bolsillo a Daniels como parte de un acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado el 28 de octubre bajo los seudónimos «Peggy Peterson» y «David Dennison».

Internacional

Pedro Alliana asumirá la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

Alliana, el actual vicepresidente nació el 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Pilar asumirá la presidencia, según prevé l,a Constitución Nacional estableciendo un mecanismo de sucesión automática para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo.

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Pedro Alliana, el vicepresidente de Paraguay, es quien debería asumir el máximo cargo de esa Nación tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de la crisis financiera desatada por el caso Ueno bank y los cuestionamientos a su administración.

Alliana nació el 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Pilar, ubicada en el departamento de Ñeembucú de Paraguay. Hijo de María Nidia Rodríguez y Héctor Rubén Alliana Báez, ambos regidores departamentales de Ñeembucú. Tiene dos hermanos, Ana Lucía y Rodolfo Alliana Rodríguez; este último, ya fallecido. En 2006, se casó con Fabiana María Souto, con quien tuvo a tres de sus cuatro hijos.

La figura de Alliana no surge de improvisadas alianzas, sino de una larga y estructurada carrera dentro de los pasillos de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado) y de los diferentes estamentos del Estado paraguayo. Nacido en la ciudad de Pilar (departamento de Ñeembucú) el 19 de febrero de 1974, los primeros pasos públicos de Alliana estuvieron vinculados tanto al deporte —llegando a integrar la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991— como a la actividad comercial en su comunidad natal.

Su incursión formal en la política partidaria se dio en el año 2006 con su candidatura a la intendencia de Pilar. Aunque aquel primer intento electoral no resultó favorable, el dirigente supo consolidar su capital político en la región sur del país. Dos años después, en 2008 y con apenas 33 años, se consagró Gobernador del Departamento de Ñeembucú, cargo que ejerció hasta 2013.

La trayectoria de Alliana se encuentra estrechamente ligada al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes. Bajo esa línea interna, Alliana dio el salto al legislativo nacional al ser electo diputado por Ñeembucú en los periodos 2013-2018 y 2018-2023, llegando a presidir la Cámara Baja durante cuatro periodos consecutivos entre 2015 y 2022.

Paralelamente, su peso dentro del Partido Colorado se blindó al asumir la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en abril de 2016, un rol directivo que mantuvo durante dos periodos consecutivos hasta enero de 2023, consolidando la maquinaria electoral del partido oficialista.

En las elecciones generales de abril de 2023, integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña bajo la bandera del Partido Colorado, asumiendo como vicepresidente de la República el 15 de agosto de ese mismo año. Desde esa posición, Alliana combinó la gestión institucional con un rol activo de articulación política dentro del oficialismo.

En 2020, fue mencionado junto a Luis Castiglioni, José Alderete y Javier Zacarías Irún como parte de un grupo denominado por algunos medios como el «nuevo Cuatrinomio de Oro», en referencia al sector de aliados más cercanos a Alfredo Stroessner durante su dictadura y que en 1987 asumió el control del Partido Colorado.

Alliana fue señalado por presunto nepotismo debido a la presencia de varios familiares en cargos dentro del sector público paraguayo. Las críticas se agravaron tras la revelación de que su hija, Montserrat Alliana, había sido contratada en la Cámara de Diputados de Paraguay sin contar con un título académico registrado para desempeñarse en una oficina de coordinación.

Otras personas vinculadas a Alliana que ocupan cargos públicos incluyen a su esposa, Fabiana Souto Ortiz, quien se desempeña como diputada, su cuñado, Rodrigo Daniel Souto Ortiz, director en la Vicepresidencia de la República; su primo, Ricardo Rodrigo Torres Alliana, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá; y su primo Carlos Zarza Alliana, también funcionario de la EBY.

Qué pasará con el cargo de vicepresidente

La renuncia de Peña también abre un interrogante constitucional: ¿Qué ocurriría con la Vicepresidencia si Alliana asume en su reemplazo?

La Constitución Nacional establece un mecanismo de sucesión automática para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo. En caso de destitución, renuncia, muerte o incapacidad declarada del presidente, el vicepresidente ocupa su lugar y completa el periodo constitucional.

Por lo tanto, tras la renuncia de Peña, Alliana no necesitaría una nueva elección ni una designación del Congreso para asumir la Presidencia. Su juramento como mandatario produciría, a su vez, una vacancia definitiva en la Vicepresidencia.

Es precisamente en ese segundo escenario donde entra en funcionamiento el procedimiento especial contemplado en el artículo 234 de la Carta Magna.

La regla

El artículo 234 establece dos escenarios distintos para cubrir una vacancia definitiva en la Vicepresidencia: Si ocurre durante los tres primeros años del periodo constitucional, debe convocarse a elecciones para que la ciudadanía elija a un nuevo vicepresidente.

Si ocurre durante los dos últimos años, el Congreso Nacional tiene la atribución de designar directamente a quien completará el mandato, mediante mayoría absoluta de sus miembros.

En el caso del actual periodo presidencial, iniciado el 15 de agosto de 2023 y previsto hasta el 15 de agosto de 2028, la renuncia de Peña se produce dentro de los últimos dos años de mandato.

Por tanto, no correspondería convocar a elecciones populares para elegir al reemplazante de Alliana en la Vicepresidencia. La decisión quedaría en manos del Congreso Nacional, reunido en sesión conjunta de ambas cámaras.

El nuevo vicepresidente sería designado por mayoría absoluta de los integrantes del Congreso. Considerando su composición constitucional de 45 senadores y 80 diputados, esa mayoría equivale a 63 votos.

Es decir, los parlamentarios tendrían que acordar un nombre y reunir los votos suficientes para designar a quien ocuparía la Vicepresidencia hasta agosto de 2028.

Los antecedentes

Paraguay ya tiene dos antecedentes importantes de aplicación de este mecanismo constitucional. El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante juicio político y Federico Franco, hasta entonces vicepresidente, asumió la Presidencia.

La vicepresidencia quedó vacante y, como el país atravesaba los últimos dos años del periodo constitucional 2008-2013, correspondió al Congreso designar a un reemplazante. El 28 de junio, el ex senador liberal Óscar Denis Sánchez fue elegido con 84 votos en total: 26 en el Senado y 58 en Diputados.

En el 2018, el entonces vicepresidente Juan Afara renunció el 11 de abril de ese año para postularse al Senado. La vacancia se produjo durante los últimos meses del periodo de Horacio Cartes.

El 9 de mayo, el Congreso designó a la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta como vicepresidenta, con 81 votos: 27 senadores y 54 diputados. Fue la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de la República. Permaneció en el cargo hasta el 15 de agosto de 2018. /Clarín

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Internacional

El presidente de Paraguay Santiago Peña renunció en medio de escándalo bancario

El mandatario comunicó su decisión a través de un mensaje publicado en X y aseguró que busca preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves por el colapso de un banco en medio de la crisis política, económica y social por el Ueno Bank, luego de que los ahorristas no puedan acceder a sus depósitos.

Peña anunció la dimisión a través de su cuenta oficial de X.

La decisión se conoció después de dos jornadas consecutivas de protestas en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar la devolución de su dinero y exigir la salida del mandatario. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios. La entidad concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país.

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El escándalo también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

En paralelo, diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación apunta al presunto mal desempeño de sus funciones y a posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco.

La oposición cuestionó además las decisiones regulatorias del Gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.

Peña había asumido la presidencia en agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028. Su eventual salida abre un nuevo escenario institucional en Paraguay, que deberá resolver la sucesión presidencial de acuerdo con lo establecido en su Constitución. /TN

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Crisis bancaria en Paraguay: qué hay detrás de la intervención de Ueno Bank

El episodio también abrió un escenario de cuestionamientos políticos por los vínculos del banco con el entorno del presidente Santiago Peña.

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La situación financiera de Paraguay atraviesa un momento de fuerte incertidumbre tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central. La medida, anunciada durante la madrugada del martes, generó preocupación entre millones de clientes que quedaron con dificultades para acceder a sus depósitos y utilizar los servicios de la entidad. El episodio también abrió un escenario de cuestionamientos políticos por los vínculos del banco con el entorno del presidente Santiago Peña.

El periodista y politólogo paraguayo Leo Rubín explicó que la situación tenía antecedentes y recordó que, aproximadamente un mes antes, el Senado había solicitado información al Banco Central sobre la solvencia de la entidad. “El banco estaba ligado al presidente Santiago Peña, que de hecho era accionista hasta el año pasado. Tenía un montón de fondos públicos. Se calcula más o menos mil millones de dólares”, señaló. Según sostuvo, esos recursos habrían sido destinados también a financiar empresas vinculadas al mismo grupo económico.

Los cuestionamientos al Banco Central

Al profundizar sobre el funcionamiento de la entidad, Rubín mencionó advertencias internas que, según indicó, se habían realizado durante junio y julio. “Muchas de esas empresas no tenían ninguna solidez y recibían préstamos millonarios de 40, 50 o 60 millones de dólares. A veces hacían una calesita”, explicó. También cuestionó la relación entre las autoridades del organismo de control y el banco: “El presidente del Banco Central había sido anteriormente presidente del banco. La puerta giratoria era de manual”.

En ese contexto, el entrevistado consideró que lo ocurrido representa un retroceso para la institucionalidad financiera paraguaya. “En los últimos 20 años, aproximadamente desde 2005, Paraguay empezó a tener una estabilidad económica. Construyó esa estabilidad en base a tener un Banco Central independiente. Y eso se fue destruyendo en este período de Santiago Peña”, manifestó.

La preocupación de los ahorristas y el impacto político

Sobre las consecuencias para la población, Rubín remarcó que Ueno había conseguido incorporar a muchas personas al sistema financiero, especialmente a través de sus servicios digitales. La imposibilidad de utilizar las aplicaciones, tarjetas y cuentas afectó principalmente a trabajadores que tenían depositados allí sus salarios. “La gente se acostumbró mucho a usar la aplicación electrónica, no usa efectivo. Hay gente que no tiene el efectivo ni siquiera para ir al supermercado”, describió. Además, explicó que el Congreso avanzó con medidas para acelerar la devolución de los depósitos y permitir que los clientes con montos menores puedan disponer de su dinero.

Finalmente, Rubín se refirió a las consecuencias institucionales de la crisis y al pedido de juicio político presentado contra Santiago Peña. “La oposición pide la cabeza al presidente y al vicepresidente”, señaló.

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