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Política

Gremios docentes y funcionarios asistieron a la primera audiencia de conciliación obligatoria

En la Secretaría de trabajo, ambas partes mantuvieron el encuentro tras el llamado realizado el martes último.

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Este jueves, se desarrolló en las oficinas de la Secretaría de Trabajo de Tucumán la primera audiencia entre la Provincia y los representantes de los gremios docentes, en el marco de la medida de conciliación obligatoria vigente para negociar el acuerdo salarial del sector.

Estuvieron presentes la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el subsecretario de Trabajo, Julio Nieto; el director provincial de Trabajo, Maximiliano Paz del Cueto; el jefe del Departamento de Conciliaciones y Reclamaciones, Gustavo Martucci; el subsecretario de Gobierno, Ramón Alcaraz; el secretario de Gestión Administrativa del ministerio de Educación, Esteban Medina; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica de la cartera educativa, Franco Venditti; el director de la Unidad y Coordinación de Gestión del ministerio de Economía, Federico Sassi Colombres.

Por el sector gremial, asistió el secretario general de ATEP, Hugo Brito, en compañía de su secretaria adjunta, Nora Isabel Yenad; el secretario general de UDT, Daniel Vizcarra, junto a su secretario adjunto, Juan Carlos Aguirre. Ambos gremios (ATEP y UDT) bajo el patrocinio letrado de Raúl Moreno. Desde APEMyS, compareció la secretaria general, Isabel Ruiz, acompañada de sus secretarias Yenni Beltrán (de Actas) y Ana Carolina Bulacia Márquez (de Salud Laboral), con el patrocinio letrado de Verónica Tula.

Sobre lo abordado, la ministra manifestó: «tal cual está previsto en la prescripción legal, hoy se ha desarrollado la primera audiencia donde se constituyen quiénes van a ser las partes que van a continuar realizando la negociación. Se ha fijado una fecha formal que es el 23 de agosto para la próxima audiencia. Ello, no obstante, a las reuniones técnicas que nosotros vamos a mantener con cada uno de los sectores para seguir escuchando las propuestas de ellos y tratando de acercar posiciones».

«Nosotros ya hemos realizado una propuesta de alrededor del 40%, inclusive se suman a este porcentaje ítems que son particulares de cada uno de los sectores. Ellos han rechazado y, en el caso del Congreso de ATEP y APEMyS, han realizado otra propuesta que nos ha sido acercada el día de hoy. Como siempre lo hacemos junto a los ministros de Economía y Educación, vamos a analizar estos nuevos pedidos y una vez que los analicemos y podamos charlar con ellos, vamos a poder anticipar cuál es el esfuerzo que puede continuar haciendo la provincia dentro del marco de los números que estamos manejando, que tienen que ver con el proceso inflacionario que está viviendo el país«, detalló la autoridad.

Y continuó: «somos muy respetuosos de lo que el docente quiere y lo que pide. Siempre aclaramos que lo que intentamos hacer es hacerlo posible, prudentemente dentro de lo que son las cuentas públicas y ese es el camino en el que nos vamos a mantener para continuar el diálogo con ellos. Ha quedado para que ellos nos digan cuándo quieren reunirse para hacer las reuniones técnicas. Hemos manifestado nuevamente nuestra predisposición para hacerlo«.

Respecto a las posibles sanciones ante la medida de fuerza del sector, Carolina Vargas Aignasse explicó que «en la audiencia han planteado esta pretensión sobre no sancionar. Ha quedado reservada para discutir precisamente en este periodo de negociación, pero esto es una cuestión que tiene que tener un análisis legal. Ellos finalmente han acatado la conciliación, por lo tanto ya queda reservado al ámbito de la Secretaría de Trabajo cuál es la calidad legal de lo que ha sucedido en ese día«.

«Acá se dijo -y ambas partes lo hemos aceptado- que vamos a mantener previamente reuniones de trabajo de carácter técnico para tratar de ir acercando posiciones», concluyó la ministra.

A su turno, Ruiz sostuvo que «en esta primera reunión nos presentamos las partes. Hemos presentado también el petitorio nuestro, con todos los planteos salariales y demás, que en muchos casos hace referencias a concursos de cargos directivos, la designación de personal, etc. Nos dijeron que la próxima reunión va a ser el 23 de agosto, en el caso nuestro nos recibirían a las 8:30 de la mañana. Mientras tanto, vamos a ir analizando desde las dos partes -tanto del gobierno como de nosotros- los puntos planteados, porque creemos que en lo salarial se tiene que seguir trabajando los números«.

Y agregó: «vamos a buscar con el Gobierno alguna estrategia para poder ir subsanando el traspaso que hemos tenido desde las partes. Tenemos la mejor de las intenciones del diálogo para llegar lo más pronto posible, y si se llega antes a un acuerdo, seguramente que eso se va a comunicar a la Secretaría de Trabajo y se va a poder avanzar con el salario, que es lo fundamental«.

Entre las demandas sostenidas, la referente de APEMyS precisó: «nosotros planteamos la situación de los profesores que viajan, es también muy importante el boleto gratuito; es muy importante que se cubran cargos; que también se trabaje mucho en lo salarial. Por ejemplo, un nuevo decreto para que a aquellas personas que se están por jubilar, se les contemple la situación de todas las cifras en negro. Hemos presentado el petitorio a la Secretaría, hemos presentado petitorios puntualmente a los representantes del Ministerio para que ellos queden la copia para la Secretaría y mientras tanto ellos vayan trabajando con todos nuestros planteos«.

Al cerrar, precisó: «tenemos que tener ahora paciencia, buscar de ambas partes lo mejor para la docencia, para que nuestros alumnos estén en clase, para que los docentes recuperen su salario y para que podamos vivir en una provincia en paz».

Política

Hubo incidentes en la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso

Hubo piedras, gases y detenidos sobre el final de la tarde, Se reportaron uniformados y manifestantes heridos. También hubo detenciones.

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Organizaciones sindicales, educativas y políticas concretaron este jueves la 5° Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, que finalizó con incidentes entre un grupo de manifestantes y personal de las fuerzas de seguridad.

La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedras hacia los efectivos que respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba.

Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos y también detenciones.

Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.

El documento firmado en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia» por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.»

En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.

Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales.

También advirtieron acerca del «riesgo institucional» por el que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por «Decretos de Urgencia«: «Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU«, agregaron.

Por otra parte, reivindicaron «los pilares históricos del modelo universitario argentino» como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.

En otro orden, denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al proyecto oficial.

También, mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.

En la misma línea, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar, que quedaron paralizadas en $35.000 desde el año 2024; la desinversión en las Becas Manuel Belgrano; y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), al que calificaron como una política de «deserción forzada«.

Cerca del final, denunciaron un «ataque» al salario docente y nodocente y repudiaron la «asfixia» salarial y la negativa del Gobierno a convocar a paritarias libres, además de señalar «la pérdida constante» de poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de trabajo y el «desconocimiento» de temas clave como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias.

«Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles», concluyeron.

Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos» , además de «desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada».

FUENTE: Agencia NA

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Financiamiento, turismo y protección de usuarios: los principales temas aprobados por la Legislatura

Entre los temas sancionados se destacan la creación de la Fiduciaria de Tucumán y el Fondo de Garantía (FOGATUC), la regulación de los alojamientos turísticos temporarios, la prórroga de la suspensión de ejecuciones prendarias para ahorristas y nuevas herramientas vinculadas con los derechos de los usuarios, la educación y el desarrollo productivo.

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La Legislatura de Tucumán llevó adelante una nueva sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, en la que aprobó un conjunto de iniciativas que abarcan distintas áreas de interés, con proyectos vinculados al desarrollo económico, la protección de los consumidores, la energía, el turismo, la educación, la salud y los derechos de distintos sectores de la sociedad.

Entre las principales leyes sancionadas se encuentra la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), una herramienta destinada a facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías para operaciones crediticias.

El cuerpo legislativo prestó acuerdo para la designación de la Dra. María Paula Bellomio como fiscal en lo Penal para la Niñez y la Adolescencia de la I Nominación del Centro Judicial Capital.

En materia de protección de los consumidores, se aprobó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la suspensión de los procesos judiciales, secuestros y ejecuciones prendarias contra ahorristas que suscribieron planes de ahorro en la provincia. También se modificó la Ley de Procedimiento Administrativo para establecer que los recursos presentados por empresas prestadoras de servicios públicos contra actos que reconozcan derechos o beneficios a usuarios residenciales no suspendan su cumplimiento.

La actividad turística también formó parte del temario, con la aprobación de un marco regulatorio para la prestación, comercialización y fiscalización de los alojamientos turísticos temporarios en Tucumán. La iniciativa busca establecer condiciones generales para el funcionamiento de esta actividad en la provincia.

En el área energética, se declaró de interés provincial la promoción de acciones destinadas al proyecto y construcción de plantas de generación de energía fotovoltaica y aprovechamiento solar en los Valles Calchaquíes, entre Colalao del Valle y Amaicha del Valle.

La Cámara aprobó además un régimen legal para regular el acceso, la colecta, el uso y el aprovechamiento de los recursos biológicos, genéticos y bioquímicos situados en el territorio provincial.

También, dio luz verde a la creación de la plataforma digital “Tucuestiones”, un espacio público y gratuito que centralizará información institucional, cultural, turística, educativa, social, deportiva y de servicios de Tucumán. La propuesta surgió de una iniciativa de estudiantes del Instituto JIM en el marco del programa impulsado por la Legislatura, “Hackear Tucumán”.

Entre las iniciativas vinculadas con la inclusión y el reconocimiento social, se aprobó la creación del Programa de Formación Obligatoria en Perspectiva de Vejez “Buen Trato Tucumán” y el reconocimiento del Newcom como actividad física y deportiva de interés provincial, promoviendo su práctica en todos los niveles y categorías.

En materia educativa, se estableció el 18 de mayo como Día Provincial de los Museos Escolares y se aprobaron nuevas denominaciones para establecimientos de la provincia: la Escuela Secundaria de la localidad de Benjamín Paz llevará el nombre “Dr. Benjamín Paz”; la Escuela de Educación Especial de Trancas, “Dolores Lola Mora”; y la Escuela de Nivel Inicial del barrio 470 Viviendas de San Andrés, departamento Cruz Alta, “Profesora Rosario Antonia Gómez”.

El vicegobernador Miguel Acevedo realizó un balance de la sesión y destacó la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear la Fiduciaria de Tucumán y el Fondo de Garantía. “El espíritu es brindar crédito a aquellos microemprendedores y empresas que tienen algunas dificultades con el sistema financiero, ponerlo a disposición de estas empresas y emprendedores”, explicó.

Sobre la decisión de establecer un nuevo instrumento financiero, señaló que la iniciativa busca preservar las funciones sociales de la Caja Popular de Ahorros y ampliar las herramientas destinadas al sector productivo. “El gobernador decidió ampliar el espectro, preservar a la Caja con su logística para que vea todo el aspecto social, y esto, que es mucho más financiero, empresarial y demás, ponerlo en manos de otro fondo fiduciario”, expresó.

Acevedo también puso el foco en la situación económica de las empresas y las dificultades para acceder al crédito. “La macro se acomodó, pero la micro cada vez se complica más, el consumo disminuye y las empresas están comprometidas, las pequeñas y medianas en mayor medida todavía”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el fondo busca generar condiciones para sostener actividades y crear empleo: “Era necesario intervenir en este aspecto para poder ver si podemos sostener, generar nuevas fuentes de empleo, que es lo que nos está haciendo falta en estos momentos y lo que queremos con el gobernador Jaldo”.

En relación con la protección de los consumidores, destacó la prórroga de la ley que suspende los procesos judiciales y ejecuciones prendarias vinculadas a los planes de ahorro automotor, proyecto abordado junto con la Defensoría del Pueblo. “Hay muchos usuarios, vecinos, que han accedido a esos planes automotrices y que lo tienen realmente muy complicado. No está la definición de fondo en manos de Tucumán, depende de Congreso de la Nación, pero sí desde la Legislatura podemos ir preservando a estos consumidores”, manifestó.

Por otra parte, valoró la aprobación de iniciativas surgidas de espacios de participación ciudadana, en este caso de jóvenes en la elaboración de un proyecto ley que hoy fue sancionado: “Unos jóvenes nos trajeron una propuesta para hacer una página digital donde se puedan mostrar todos los lugares que tenemos para visitar en Tucumán y también las actividades que se realizan los fines de semana”. En ese sentido, explicó que la iniciativa surgió de estudiantes del Instituto JIM, en el marco de Hackear Tucumán, un programa impulsado por la Legislatura.

Por último, destacó el reconocimiento del Newcom como deporte: “Es un reconocimiento y hoy se transforma en ley, sancionada por unanimidad en esta Legislatura. Hoy más que nunca decimos que la Legislatura está abierta y con participación de los ciudadanos”.

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La Corte Suprema ordenó revisar si un sanatorio tucumano despidió por tener VIH a un trabajador no registrado

El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

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La Corte Suprema ordenó que la justicia de Tucumán revise si A.I., un trabajador de salud no registrado, sufrió un despido discriminatorio después de que un sanatorio conociera que tenía VIH. El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

La decisión dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Justicia provincial y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron que se desestimara el planteo de discriminación sin evaluar el testimonio de una responsable del área preocupacional.

La testigo había afirmado: “Yo descubro que él tiene VIH porque tengo el análisis en mis manos; yo manejaba el análisis de los prelaborales”. Para la Corte Suprema, el tribunal provincial ignoró esa declaración e incluso negó que existiera.

Una relación laboral no registrada durante más de dos años
 

A.I. demandó al sanatorio tras denunciar que había trabajado allí durante más de dos años sin estar registrado. La empresa negó la existencia de ese vínculo, que finalmente fue acreditado en el expediente.

El trabajador sostuvo que la desvinculación tuvo carácter discriminatorio porque se produjo cuando la firma se enteró de su condición de persona con VIH. Los análisis habían sido solicitados por el propio sanatorio y sus resultados eran conocidos por el personal del área preocupacional.

La Sala III de la Cámara del Trabajo de Tucumán admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa a pagar haberes adeudados y diferencias salariales. Sin embargo, rechazó los reclamos por indemnización por antigüedad, registración irregular, daños por trato discriminatorio y otros conceptos.

La Cámara consideró que el vínculo se había extinguido mediante un despido indirecto con causa. Esa conclusión se basó en que el trabajador había enviado varios telegramas para exigir que se aclarara y registrara su situación laboral, que cesara el supuesto trato discriminatorio y que se abonaran los salarios pendientes, bajo apercibimiento de considerarse despedido ante el silencio o una negativa.

 

La prueba sobre los análisis médicos
 

La Corte de Justicia provincial confirmó ese criterio al rechazar el recurso del trabajador. También descartó que hubiera existido discriminación, al entender que el testimonio invocado no demostraba de manera suficiente que el empleador hubiera conocido previamente y de forma efectiva el diagnóstico.

El máximo tribunal provincial afirmó que la declaración de la responsable preocupacional no incluía referencias a los hechos denunciados. Por esa razón, consideró razonable que la Cámara hubiera descartado esa prueba como indicio de que el sanatorio conocía la condición de salud de A.I.

La Corte Suprema sostuvo que esa valoración fue arbitraria. Señaló que la desvinculación laboral fue contemporánea a la comunicación de los resultados de los estudios por parte de profesionales del establecimiento y que ese planteo exigía una respuesta específica.

“El fallo recurrido no tomó en cuenta esa declaración, negando incluso su existencia”, indicaron los jueces. También concluyeron que el tribunal omitió evaluar prueba decisiva y responder agravios del trabajador que podían definir la solución del litigio. /Infobae

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