Un joven de 18 años permanece internado en estado delicado tras haber sido herido de bala durante un violento episodio ocurrido en la tarde del miércoles en el barrio San Cayetano. Por el hecho, dos hombres, padre e hijo, fueron aprehendidos por disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, mientras avanzan las medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho se registró alrededor de las 19:50 en inmediaciones de los pasajes Belisario López y Miguel Figueroa Román, dentro de la jurisdicción de la Comisaría IV. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio en grado de tentativa mediante el empleo de arma de fuego.

Según informaron fuentes judiciales, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó una segunda inspección ocular en la zona con el objetivo de localizar y preservar elementos balísticos y biológicos que puedan aportar pruebas a la investigación.

De acuerdo con los primeros datos reunidos, la víctima recibió al menos un disparo que le provocó una lesión con orificio de entrada y salida en el sector derecho del torso, entre el hemitórax y la espalda. A pesar de la gravedad de la herida, el joven logró desplazarse varias cuadras antes de desplomarse en la intersección de las calles Díaz Vélez y Próspero Palazzo.

En ese lugar fue asistido por vecinos y trasladado inicialmente al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de San Cayetano. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Centro de Salud, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Durante las tareas investigativas, vecinos de la zona manifestaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en cercanías de los pasajes donde se produjo el ataque. Los peritos que trabajaron en la escena también detectaron manchas de sangre y daños compatibles con impactos de bala en la fachada de una vivienda, elementos que fueron incorporados al expediente.

Tras conocerse el ataque, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital desplegaron un operativo para localizar a los presuntos autores. Los agentes fueron alertados sobre lo ocurrido en inmediaciones de la cancha de Bienestar y se entrevistaron con la madre de la víctima, quien les manifestó que dos hombres habían disparado contra su hijo minutos antes. La mujer aportó una descripción de la vestimenta de los sospechosos y señaló la dirección en la que escaparon.

Con esa información, los uniformados realizaron un recorrido preventivo por la zona y lograron ubicar a los acusados, identificados como padre e hijo, cuando intentaban huir. Ambos fueron interceptados y detenidos en la primera cuadra de calle Ricardo Rojas.

Los sospechosos, de 23 y 46 años, fueron trasladados a la sede operativa de la unidad especial, donde permanecen aprehendidos a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas ordenadas por la fiscalía para determinar su participación en el hecho.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. En tanto, el joven herido continúa internado con pronóstico reservado.

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua. «Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».