El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al presidente del Colegio Médico, Héctor Sales, y su secretaria general, Celia Valdés, para dialogar sobre la recomposición de valores prestacionales.

“Vinimos en representación de todos los médicos tucumanos, con el objeto de cumplir con una recomposición de los valores prestacionales, tanto de consulta como de prácticas médicas, en lo que representa al trabajo mayoritario de los profesionales que es la atención de los afiliados de la obra social Subsidio de Salud (IPSST)”, indicó Sales.

Asimismo, el presidente del Colegio Médico expresó “estar conforme” luego de la reunión “por haber tenido una buena respuesta por parte del Gobernador, quien se comprometió a resolver la situación por medio del Ministerio de Economía de la Provincia”.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes un encuentro con representantes de distintos gremios nucleados en la CGT Tucumán, donde se dialogó sobre la situación actual de cada sector. Lo acompañaron los ministros Regino Amado de Gobierno y Justicia, Daniel Abad de Economía y Darío Monteros de Interior.

Entre los representantes gremiales presentes estuvieron César Torres, César González (UTA), David Acosta (UOCRA), Luis Diarte (SMATA) y Alejandro Medina (SUTERH).

El ministro Regino Amado destacó la disposición del Gobierno para trabajar en conjunto con los sectores gremiales: “Cada gremio nos contó sobre sus actividades y los alcances de algunas medidas que ha tomado el Gobierno nacional. Algunas favorecen, otras no tanto, pero siempre nos ponemos a disposición para trabajar por la provincia”.

Amado subrayó además la gestión de Jaldo en materia de transporte: “El gobernador ya lo demostró con el tema del transporte, que está en una crisis complicada. Se adquirieron colectivos para mejorar el servicio, se implementaron las tarjetas SUBE incluso en el interior, y esto posibilitó que, en el caso de UTA, alrededor de 3.500 trabajadores mantengan sus empleos”.

A su turno, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó que la pérdida del valor adquisitivo en los salarios, planteada por los representantes gremiales, “es una preocupación generalizada, pero se está recuperando el salario real”, y destacó “las cinco recomposiciones que realizó el Gobierno de la Provincia para los estatales durante el año pasado”.

Por su parte, David Acosta, representante de UOCRA, valoró las acciones del gobierno provincial en un contexto adverso para la construcción: “La reunión ha sido muy fructífera. Quiero agradecer al gobierno de la provincia por recibirnos y siempre escucharnos. En 2024, el Gobierno nacional tomó la decisión de no hacer obra pública, lo que provocó despidos y paralización de obras. Pero en Tucumán, el gobernador Jaldo decidió priorizar la obra pública este año con proyectos como el Procrear, El Bracho – Villa Quintero, obras viales y de saneamiento”.

Acosta también resaltó el impacto positivo de estas políticas en la generación de empleo tras la pérdida de más de 6.000 puestos en 2024: “La obra pública en Tucumán ha sido clave para sostener el empleo en nuestro sector” y remarcó: «En la gestión que lleva el Gobierno de la provincia en el sector de obra pública dio más de 2.000 puestos de trabajo.

Por su parte, Luis Diarte, referente de la CGT en Tucumán y secretario general de SMATA, dijo: “Planteamos la problemática del trabajador y queríamos escuchar de boca del gobernador la preocupación que él tiene también con respecto a toda la actividad nuestra; hoy estamos abocados a cuidar el puesto de trabajo de todos los trabajadores de distintas actividades, pero también estamos preocupados por el poder adquisitivo, porque el consumo dentro de cada actividad y cada familia es menor”.

Sin embargo, destacó la política del Gobernador de “un Estado Presente” y remarcó: “Es muy importante lo que está haciendo Jaldo en Tucumán para mantener la paz social; en este marco, cada uno de nuestros compañeros plantearon las necesidades y las inquietudes que tiene cada actividad”.

Organismos de Derechos Humanos preparan una serie de actividades en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán para conmemorar el inicio del plan sistemático de secuestros, torturas, desaparición y asesinatos ordenados a través del decreto 261 firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975, un año antes del golpe militar. ¿Las consecuencias? Más de 800 víctimas y 80 centros clandestinos de detención. 

“Lo dijeron las víctimas. Fue sentencia de la justicia. Es historia. Operativo independencia, el comienzo del genocidio”. Bajo esta consigna familiares y víctimas del Terrorismo de Estado, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán, el Municipio de Tafí Viejo, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Tucumán y la Legislatura de Tucumán impulsan una serie de actividades para conmemorar los 50 años del inicio del Operativo Independencia. 

El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto N° 261 que ordenaba la ocupación militar de Tucumán con el objetivo de “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos”. Días después, llegaron a la provincia alrededor de 5.000 efectivos del Ejército, Gendarmería y Policía Federal que militarizaron la provincia y pusieron en marcha una política sistemática de desaparición de personas.

El Operativo Independencia se publicitó como  una iniciativa contra la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pero fue mucho más que eso: representó el inicio de un plan genocida dirigido contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas de distintas orientaciones ideológicas y con diferentes horizontes de cambio. En particular, se atacó de forma sistemática a los trabajadores azucareros y sus representaciones gremiales, hecho que permitió profundizar una serie de transformaciones económicas, productivas, laborales y sociales cuyas consecuencias llegan hasta hoy.

Durante ese período, se registraron en Tucumán aproximadamente 80 espacios de detención clandestina, incluidos grandes centros como la Escuelita de Famaillá y las Bases Militares en el Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules y Ex Ingenio Santa Lucía y otros más pequeños. En estos sitios, más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas y sometidas a violencia extrema. Cabe destacar que, al inicio de la dictadura, la provincia ya había sufrido el secuestro de la mitad de las víctimas registradas entre 1975 y 1983.

El Operativo Independencia marcó un hito en la historia argentina porque dio inicio a la implementación sistemática de la desaparición forzada de personas y a la instalación de un sistema de centros clandestinos de detención. Tucumán se convirtió en un lugar de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de las políticas que aplicarían en todo el país tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El reconocimiento histórico y social de estos hechos ha sido respaldado por los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la provincia, como las causas Operativo Independencia I y II, desarrolladas entre 2016 y 2020, que evidencian el alcance y la gravedad de los crímenes cometidos durante este período.

En un contexto en el que el negacionismo es política de Estado, en el que se desarmaron y desarticularon políticas de memoria y derechos humanos y en el que el oficialismo impulsa un nuevo relato de la historia que reivindica los peores crímenes del Terrorismo de Estado, conmemorar el Operativo Independencia es seguir construyendo memoria y una historia crítica de nuestro pasado reciente.

ACTIVIDADES

La conmemoración del OI incluirá actividades en distintas localidades. El miércoles 5 de febrero, aniversario del decreto que dio inicio al Operativo, se realizará un acto público en la Escuelita de Famaillá, sitio donde funcionó el primer Centro Clandestino de Detención de la Argentina. La actividad incluirá música, muestras fotográficas y la palabra de familiares y sobrevivientes.

El viernes 7 de febrero la sede será Tafí Viejo, donde la represión apuntó principalmente contra trabajadores de los Talleres Ferroviarios. El sábado 8  de febrero el epicentro será en la localidad de Santa Lucía donde el Ejército estableció una de sus bases de operaciones en el ex ingenio Santa Lucía, que había cerrado durante la dictadura de Onganía en 1966. 

Finalmente, el 17 de febrero la sede de la conmemoración será la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Miguel de Tucumán, donde los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes y familiares de desaparecidos exigirán además que se fije fecha para el inicio de juicio contra los exdirectivos del Ingenio La Fronterita acusados por la responsabilidad que tuvieron en delitos de lesa humanidad que se cometieron en esa fábrica. “Los sobrevivientes y familiares de víctimas se están muriendo sin justicia y los empresarios mueren impunes. Rechazamos este punto final biológico y exigimos que se realice el juicio”, reclaman los organismos.