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Internacional

Encontraron muerto a John McAfee, el fundador del antivirus

Fue hallado sin vida en una celda de Cataluña, luego de que se aprobara su extradición a EE.UU. Fuentes penitenciarias habrían apuntado a que podría tratarse de un suicidio.

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El empresario británico-estadounidense John McAfee, de 75 años, fundador de la compañía de antivirus que lleva su nombre, fue encontrado muerto en la prisión catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), poco después que la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición a EE.UU.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña habría apuntado a que podría tratarse de una muerte por suicidio. 

Funcionarios de vigilancia penitenciaria y los servicios médicos intervinieron tras encontrar el cuerpo del hombre, pero no pudieron reanimarlo y, finalmente, los sanitarios certificaron su muerte.

McAfee fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto El Prat de Barcelona, cuando intentaba viajar hasta Turquía. Desde entonces se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Sant Esteve Sesrovires a la espera de la decisión definitiva sobre su extradición.

Este miércoles había trascendido que la Audiencia Nacional española aprobó la extradición a EE.UU., país que lo requería para ser juzgado por acusaciones relacionados con la evasión de impuestos durante los ejercicios de 2016 a 2018. 

La semana pasada, a través de su cuenta en Twitter, McAfee había realizado posteos referidos a las criptomonedas.

«EE.UU. cree que he ocultado criptomonedas. Me gustaría haberlo hecho, pero la realidad es que se han disuelto a través de las muchas manos del equipo de McAfee. El resto de mis activos están incautados. Mis amigos desaparecen, tienen miedo a asociarse conmigo», posteó, al tiempo que reconoció, en el mismo mensaje, «No tengo nada, sin embargo, no me arrepiento de nada».

El magnate había manifestado ser un perseguido político de EE.UU. por sus denuncias contra la «corrupción» de la agencia tributaria de ese país. 

El multimillonario se enfrentaba a una pena máxima de 5 años de prisión por cada cargo de evasión fiscal y a una pena máxima de un año de cárcel por cada cargo de no presentar voluntariamente una declaración de impuestos, lo que en total supondría una pena cercana a los 20 años.

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Internacional

Reino Unido rechazó el reclamo de Javier Milei por Malvinas en la ONU y defendió la explotación petrolera

Tras el discurso del Presidente ante la ONU, Londres ratificó su posición sobre las islas y sostuvo que no negociará la soberanía sin el consentimiento de sus habitantes.

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El pronunciamiento también abordó uno de los ejes del discurso presidencial: el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El gobierno británico defendió la explotación de hidrocarburos en la zona y rechazó las medidas impulsadas por la Argentina contra las compañías vinculadas con esa actividad.

Qué dijo el Reino Unido sobre la soberanía de Malvinas

En el texto publicado tras la intervención de Milei, el Reino Unido afirmó que no tiene dudas sobre su posición respecto de las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a definir su futuro político y económico.

Para respaldar esa postura, Londres recordó el referéndum de 2013, donde según las cifras incluidas en su declaración, el 99,8% de quienes votaron eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar, en una elección con una participación del 92%. A partir de ese resultado, el gobierno británico insistió en que no habrá conversaciones sobre la soberanía sin la voluntad de los isleños.

La declaración cuestionó, además, la interpretación argentina de las resoluciones de la ONU. Sostuvieron que los llamados a negociar no desplazan el principio de libre determinación que invoca defender su posición sobre las islas.

Ese punto fue uno de los que Milei discutió expresamente en su discurso. El Presidente afirmó que el principio de libre determinación no corresponde al caso Malvinas, al considerar que se trata de una disputa territorial entre dos Estados. También volvió a pedir conversaciones bilaterales, en línea con el reclamo histórico argentino.

La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a la Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica. Las posiciones de ambos gobiernos difieren respecto del papel que debe tener la voluntad de los habitantes de las islas en esa discusión.

El cruce por la explotación de petróleo en las islas

La respuesta británica dedicó una parte central al desarrollo de los recursos naturales, afirmando que la explotación de hidrocarburos es una actividad autorizada por las autoridades de las islas y remarcó que se encuentra regulada por su legislación. También señaló que, desde su perspectiva, las leyes argentinas no se aplican a las empresas que operan allí.

Reino Unido calificó las acciones contra compañías vinculadas con el proyecto petrolero como un intento de ejercer jurisdicción fuera del territorio argentino. Ya la semana pasada, el gobierno británico había cuestionado públicamente las medidas dirigidas a empresas y personas que proveen bienes o servicios a las islas, incluidas las del sector de hidrocarburos.

Para la Argentina, en cambio, Sea Lion avanza sobre recursos de una zona cuya soberanía está en disputa y las actividades desarrolladas sin autorización nacional son ilegítimas. Ante la ONU, Milei afirmó que su Gobierno no se limitará a sostener el reclamo en el plano discursivo e invitó al Reino Unido a intercambiar posiciones tanto sobre la soberanía como sobre la explotación de los recursos naturales.

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Internacional

La Casa Blanca denunció boicot de la prensa, cerró acceso a cadenas críticas y lanzó «Trump TV»

La señal oficial transmitirá discursos y actos las 24 horas por YouTube. El estreno se produjo en simultáneo con la suspensión del pool periodístico y la demanda judicial presentada por CNN, MS NOW y Politico.

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En medio de una escalada sin precedentes en su confrontación con el periodismo, el gobierno de los Estados Unidos lanzó este lunes su propia plataforma de transmisión continua: “TRUMP TV: The Essentials Station”. El canal, que emite de manera ininterrumpida a través de la cuenta oficial de YouTube de la Casa Blanca, recopila discursos presidenciales, anuncios de gestión y actos de campaña, permitiendo a la administración difundir sus mensajes sin intermediación periodística las 24 horas del día.

El lanzamiento se concretó horas después de que las principales cadenas televisivas del país —ABC, CBS, CNN, NBC e incluso Fox News— tomaran la determinación inédita de suspender la cobertura compartida del pool de prensa presidencial. La medida de protesta colectiva se activó luego de que el mandatario vetara el ingreso a la sede gubernamental a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, impidiendo de forma deliberada que CNN cubriera su turno rotativo de transmisión.

Como respuesta al bloqueo, los tres medios excluidos radicaron una demanda judicial conjunta contra el gobierno federal, denunciando la violación directa a la Primera Enmienda (que garantiza la libertad de expresión y de prensa) y a la Quinta Enmienda (debido proceso). «Esta prohibición constituye el ataque más flagrante contra nuestros principios constitucionales fundamentales», advirtieron los demandantes. La causa recayó en el despacho del juez federal Timothy Kelly, el mismo magistrado que intervino en 2018 durante la recordada disputa por la credencial del cronista Jim Acosta.

Desde el Poder Ejecutivo ratificaron la censura a las cadenas señaladas. El vicepresidente J.D. Vance justificó la medida al sostener que el Estado no debe otorgar «acceso especial a organizaciones que hacen propaganda», alegando que el 92% de la cobertura de dichos medios hacia la gestión es negativa. Por su parte, el presidente insistió en que el acceso a las conferencias de la Casa Blanca constituye un «privilegio» y no un derecho, profundizando su estrategia de comunicación directa que ya encabeza a través de la red social Truth Social.

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Internacional

Italia prohibirá el uso del velo islámico en las escuelas

El paquete escolar propone tope de alumnos extranjeros, obligación para padres de aprender italiano y la proscripción del velo islámico, según la primera ministra

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La primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció un paquete escolar que, dijo, incluirá la prohibición del velo islámico en las aulas, un tope legal de alumnos extranjeros por curso y la obligación de que los padres de chicos con graves problemas de inserción aprendan italiano. La medida se presentó en Fénix.

“Está a punto de llegar al Consejo de Ministros una medida que establece por ley el número máximo de alumnos extranjeros por clase y una medida que introduce la obligación para los padres de estudiantes extranjeros con graves problemas de inserción escolar de aprender italiano y que introduce la prohibición del burka y del hiyab en la escuela”.

 
Las medidas realizadas por Giorgia Meloni

“Llamar a todo esto integración es otra mentira, una mentira cómoda para quienes viven de ideología, para quienes nos dan lecciones de moral desde los salones y luego envían a sus hijos a escuelas en las que este problema no existe”. Dijo que así los italianos quedarían en minoría en el aula.

Italia prohibirá el uso del velo islámico en las escuelas como parte de un paquete de medidas sobre los extranjeros

En el mismo acto afirmó que “en Italia nadie, en nombre de una tradición verdadera o presunta, puede decidir que una joven deba ocultarse” y sostuvo además: “La paridad entre hombre y mujer no es negociable. No lo es en nuestras calles, no lo es en nuestras escuelas”. Añadió que un solo alumno puede integrarse, pero cuando el grupo crece “ya no es integración, es abandono”.

 
Antecedentes en Italia

El anuncio suma pasos ya iniciados: en agosto el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, propuso abordar el velo islámico mediante una enmienda a un proyecto de seguridad, y en julio Futuro Nazionale impulsó una resolución contra el velo integral. La Liga, por su parte, busca revisar la ley Reale de 1975.

Desde 2010 existe una circular de Mariastella Gelmini que fijó el 30% como tope por aula, aunque se aplicó de forma desigual. La Fondazione ISMU calcula 11,6% de estudiantes sin ciudadanía en el país, con focos urbanos donde la cifra es mucho mayor. Si se vuelve ley, sería la primera norma así en la UE. /RadioMitre

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