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Economía

El Gobierno congelará los alquileres por dos meses más

Además de congelar el valor de los alquileres, también se prohibirán los desalojos. El decreto 766/2020 se extenderá hasta el 31 de marzo.

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El decreto 766/2020 que congeló el valor de los alquileres a marzo de 2020 y prohibió los desalojos para los inquilinos que no pudieran abonar el alquiler por más de 2 meses en el contexto de la pandemia de coronavirus no ser desalojados será prorrogado por 60 días. Así, regirá el DNU hasta el 31 de marzo.

Durante la pandemia, la enorme mayoría de las familias argentinas tuvieron recortes salariales. Sólo en en área metropolitana (Gran Buenos Aires y Capital Federal), la mitad de los hogares vieron reducidos sus ingresos mientras que el 40% sufrió algún tipo de problema laboral, como despedidos o suspensiones, de acuerdo a un estudio del Indec. Previendo este panorama desolador que sufrirían las familias, el Gobierno decretó a fines de marzo de 2020 el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos.

El DNU regía hasta el 30 de septiembre pasado, pero se prorrogó luego hasta el 31 de enero de 2021. Muñoz manifestó la necesidad de que se extienda más allá del 31 de enero próximo el decreto que congela los alquileres al valor de marzo 2020 a la vez que posibilita el no pago de la renta sin desalojo para aquel inquilino que perdió su empleo o vio reducido drásticamente su ingreso.

En ese sentido, a fin de 2020 durante una reunión que mantuvo con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, acercó seis propuestas que pretenden solucionar el problema de acceso a la vivienda en alquiler.

En primer lugar, la extensión al menos hasta el 31 de marzo próximo del decreto 766/2020, que ordena el congelamiento de alquileres al valor de marzo 2020 y la suspensión de desalojos. Asimismo, solicitaron la reglamentación de los contratos de alquiler ante AFIP; promover una campaña de difusión de la nueva ley de alquileres y el decreto; la creación de un organismo de control; la prohibición de oferta en dólares de los inmuebles; y la generación de subsidios para la cancelación de pagos de alquileres atrasados.
«En principio, la extensión del decreto y el cumplimiento de la ley de alquileres son los puntos más urgentes, pero también es fundamental empezar a trabajar en medidas de fondo. Confiamos en que aquí comienza una nueva etapa para los inquilinos», sostuvo Muñoz.

El referente de los inquilinos subrayó que «a más de 6 meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos. La respuesta será una convocatoria a Plaza de Mayo».
A nivel país, unos 9 millones de argentinos alquilan, de los cuales 1,1 millones son porteños. Según un informe de la Federación de Inquilinos, hasta diciembre último el 58,5% de los inquilinos acumula deudas de dos meses o más, lo que significa que 786.240 hogares están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto que prohíbe los desalojos.

QUÉ DICE EL DNU

El Gobierno dispuso el 29 de marzo de 2020 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago, el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus (Covid-19).

La norma suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria.

También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se cancele cuando caduque el DNU en hasta 6 pagos iguales y consecutivos a partir del pago de la primera cuota.

El pago de la diferencia no incluye intereses compensatorios, pero sí quienes adeuden el total del alquiler. En esos casos, deberán liquidar la deuda en 6 pagos iguales y consecutivos más una tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
La norma también prevé que quedará exceptuado del pago aquel locador que acredite que depende del monto que destina para el alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente.

Los alquileres alcanzados por el DNU son: inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; e inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.
Asimismo, incluye a inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; e inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

El decreto alcanza además a inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

Los inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Inaes están también abarcados en el DNU.

FUENTE: Minuto Uno

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Economía

Las reservas del BCRA superaron los u$s50.000 millones y anotaron un nuevo máximo desde 2019

El stock bruto subió u$s417 millones y alcanzó los u$s50.059 millones, impulsado principalmente por la fuerte suba del oro. En cambio, la compra oficial fue de apenas u$s8 millones, el menor monto desde el inicio del programa de acumulación.

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Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) superaron este miércoles 5 de agosto la barrera de los u$s50.000 millones y alcanzaron un nuevo máximo desde 2019. En concreto, el stock bruto subió u$s417 millones y cerró en u$s50.059 millones, en una rueda en la que la mejora respondió mucho más al efecto de valuación que a las compras oficiales en el mercado de cambios.

El principal impulso vino del oro, que saltó 3,80% impulsado por señales de una posible tregua en Medio Oriente y habría aportado cerca de u$s300 millones al valor contable de las tenencias del Central, según informaron fuentes oficiales a Ámbito. Además, el movimiento se dio en un contexto de debilitamiento global del dólar, con una baja de 0,15% en el índice DXY, mientras que el euro avanzó 0,16%, la libra subió 0,11% y el yuan se apreció 0,05%. En cambio, el yen retrocedió apenas 0,03%.

A pesar del hito para la entidad monetaria, la composición del aumento mostró que el salto diario no estuvo explicado por una aceleración en la compra de divisas, sino por la revalorización de los activos de reserva, sujeto a la volatilidad del mercado y al contexto externo.

La compra oficial fue la más baja del programa

En el mercado oficial, el BCRA compró apenas u$s8 millones, el menor monto desde el comienzo del programa de acumulación de reservas en 2026. A su vez, la rueda tuvo un volumen operado de u$s515 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió solo el 2% del total negociado, un porcentaje inferior al nivel objetivo que suele seguir el mercado.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s54 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.381 millones. Así, el Central encadenó seis ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque el ritmo de intervención quedó muy por debajo del desempeño de julio.

De hecho, el promedio diario de agosto se ubicó en u$s18 millones, frente a los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el dato dejó una lectura mixta: las reservas alcanzaron su nivel más alto en casi siete años, pero la capacidad de compra directa del BCRA volvió a mostrar una marcada moderación.

El dólar mayorista se mantuvo cerca de $1.500

En cuanto al frente cambiario, el dólar mayorista subió apenas 0,03% y cerró en $1.496,50 para la venta. Así, la cotización volvió a quedar cerca de la zona de $1.500, que en las últimas ruedas apareció como una referencia sensible para el mercado.

La dinámica se dio luego de que el spot avanzara 0,7% el lunes y volviera a subir en forma marginal el martes. En ese marco, el mercado volvió a preguntarse si existe una barrera informal en torno a los $1.500, ya que cada vez que la cotización se acercó a ese nivel aparecieron señales de mayor oferta de cobertura cambiaria oficial.

En particular, el volumen operado en el mercado secundario de instrumentos dólar linked volvió a acelerarse. La letra D31G6, con vencimiento a fines de agosto, negoció u$s229 millones, el mayor volumen desde los u$s403 millones registrados el 28 de julio en ese mismo instrumento. Además, el interés abierto en futuros aumentó u$s55 millones, con movimientos relevantes en septiembre y noviembre.

Menor brecha y futuros en baja

Entre las cotizaciones financieras, el MEP bajó 0,16% hasta $1.518,45, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,20% hasta $1.579,74. En tanto, el dólar blue cayó 0,32% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se comprimió hasta 2,91%, mientras que el canje terminó en 4,04%.

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. De esta forma, agosto cayó 0,13%, septiembre retrocedió 0,13%, diciembre bajó 0,18% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,19%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,47% mensual, equivalente a 17,64% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 22,94% a 23,13%, mientras que la BADLAR avanzó de 21,44% a 22,31%.

Así, la rueda dejó una señal potente en términos de stock, pero más débil en términos de flujo. Las reservas superaron los u$s50.000 millones y marcaron un nuevo máximo desde 2019, aunque el BCRA compró apenas u$s8 millones. Por eso, el dato central fue la mejora del balance por valuación, mientras que la acumulación genuina en el mercado oficial quedó todavía en niveles muy moderados.

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La pobreza volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA

El indicador llegó al 30% en los primeros tres meses del año. La indigencia mostró un incremento de 6,5%.

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En un contexto de deterioro de los ingresos y aceleración inflacionaria, la pobreza subió al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia al 6,5%, lo que implica que la pobreza dejó de bajar y que se produjo una reversión de la tendencia evidenciada desde fines de 2024.

Así surge de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. En la comparación interanual, en cambio, se advierte un descenso en ambas mediciones, ya que en los primeros tres meses de 2025 la pobreza se ubicaba en 31,4% y la indigencia en 6,9%.

Por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se observaron en Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

La indigencia alcanzó sus valores más elevados en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Así, la cantidad de argentinos en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, períodos que resultan comparables porque no tienen el efecto del aguinaldo.

Para Agustín Salvia, director del ODSA, hay seis motivos que explican el deterioro durante los primeros meses del año:

* Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento de 11,6% y la Total de 9,6%, mientras que el índice salarial total lo hizo en 8,6%. Los salarios registrados crecieron todavía menos (7%). De este modo, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia

* Debilitamiento del mercado de trabajo como factor de reducción de la pobreza. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación subió 1,1 puntos y la informalidad, 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas

* Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. En términos nominales, exhibieron un alza de 35,6% interanual, algo por encima de las canastas, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442. La mejora promedio no se distribuyó de manera homogénea y resultó insuficiente para muchos hogares vulnerables

* Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 —en buena medida por la comparación con la fuerte recesión de comienzos de 2024— a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%. El crecimiento continuó, pero a menor ritmo y sin traducirse en una expansión generalizada de los ingresos laborales

* Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como servicios públicos— quedan subrepresentados

* Mayor presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales y de ingresos

El ODSA sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento se traduzca en empleos productivos, protegidos y mejor remunerados.

De momento, no hay señales de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, en un marco en que la economía está “partida”: mientras el agro, la energía y la minería presentan avances mes a mes, el comercio, la industria y la construcción, sectores intensivos en mano de obra, continúan anotando retrocesos.

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Autorizaron un nuevo aumento en el precio del bioetanol

La Secretaría de Energía fijó nuevos precios para el bioetanol de caña y maíz, vigentes en agosto.

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó nuevos valores mínimos de adquisición para el bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con nafta, en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles.

Según la Resolución 189/2026, publicada este 3 de agosto en el Boletín Oficial, el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se estableció en $1.061,878 por litro, mientras que el bioetanol producido a partir de maíz quedó en $973,244 por litro. Ambos valores regirán durante el mes de agosto y hasta la publicación de un nuevo precio que los reemplace.

Además, la resolución establece que el plazo de pago para las operaciones de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de la factura correspondiente.

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