El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios públicos sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Carolina Olivera, actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quedó en el centro de la escena tras conocerse que en octubre de 2025 obtuvo un préstamo por poco más de 500 millones de pesos. Según los registros actuales, su deuda con el banco estatal ya supera los 565 millones de pesos.

Esta nueva filtración se conecta con la información conocida a comienzos de abril, cuando se reveló que un grupo selecto de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a líneas del Banco Nación por montos de hasta 350 mil dólares. Aunque desde la entidad bancaria aseguran que se cumplieron los requisitos habituales sin excepciones, la magnitud de las cifras generó un fuerte rechazo social.

En la lista de beneficiarios con los montos más elevados aparecen Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, ambos con créditos de 350 mil dólares. También figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase (276 mil dólares), y el director de YPF, Emiliano Mongilardi (más de 200 mil dólares), junto a otros nombres vinculados a la comunicación oficial.

Los legisladores beneficiados y el pedido de informes

La polémica no solo alcanza al Ejecutivo. Diputados como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde también accedieron a estos créditos por montos que oscilan entre los 200 mil y 240 mil dólares. Ante esta situación, el diputado opositor Esteban Paulón solicitó formalmente que el Banco Nación aclare si existió algún trato preferencial o condiciones especiales para los funcionarios de la actual gestión.

El presidente Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni, luego de que Patricia Bullrich lo instara a presentar la declaración jurada lo antes posible en medio del escándalo por la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. «Ni en pedo se va Adorni», dijo el Presidente desde Los Ángeles, antes de regresar a la Argentina.

«Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado», dijo el mandatario sobre la declaración jurada del jefe de Gabinete. Dijo que el funcionario tomó la decisión «por las estupideces que se debaten públicamente». El plazo para presentarla vence el 31 de julio.

«Hay una cuestión de tiempos de justicia y está hablando para poder presentarlo antes», insistió el Presidente en declaraciones por teléfono a LN+. «Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder», comentó Milei sobre los dichos previos de la senadora.

«¿Le parece justo ejecutar a una persona honesta?», preguntó a los periodistas en el estudio, Luis Majul y Esteban Trebucq. Y fue contundente al asegurar: «No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dijo la verdad, que son solo periodistas. Si ustedes se sintieron tocados por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a ejecutar a gente honesta».

“El periodismo no puede violentar el principio de inocencia, se ponen por encima de la Constitución”, resaltó y también opinó sobre Matías Tabar, el contratista que el lunes declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo por reformas en la casa del barrio cerrado Indio Cua. “Le dan entidad a un mentiroso, es un kirchnerista y es dudoso su prontuario. Hablaban de cascada y eran dos cañitos. Todo este ruido viene de una mentirosa”, dijo.

Milei fue consultado también respecto al futuro del proceso judicial que enfrenta Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y qué pasaría si la Justicia lo encuentra culpable. “Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. He ejecutado a todos los que tenían una posible mancha. No tuve reparos con ninguno, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática», respondió.

«Estoy confiado de que las cosas de Adorni están en orden, si yo viera que hay cosas que no me cierran, no tengo problema en ejecutar a nadie. A mí me consta que es alguien que está limpio”, insistió en su defensa al jefe de Gabinete.

«Ni en pedo se va Adorni», subrayó Milei de forma enfática y dijo que las cosas que le presentó respecto al aumento de su patrimonio «estaban en orden». «A mi me consta que es alguien que está limpio», apuntó sobre su jefe de Gabinete y ex vocero.

A su vez, Milei dijo que a él no le importa el desgaste político por la situación de Adorni. «No me importa porque trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente», afirmó.

“Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia y es lo que estoy haciendo, no voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. De última, el año que viene los argentinos decidirán si quieren cuatro años más de Milei. Si en el medio se deteriora la imagen por hacer las cosas que se tienen que hacer, no voy a dejar de hacer las políticas que están bien porque son justas. No ejecuto a inocentes, aun cuando les moleste la inocencia de esa persona al periodismo que se siente herido en el ego”, analizó el Presidente.

“Los argentinos decidirán si quieren un modelo que nos va a llevar a ser potencia o un modelo cavernícola para ser Cuba. No tenemos problema, volvemos al sector privado”, continuó en su análisis.

Milei aclaró que no está enojado con Bullrich por las fuertes declaraciones de la senadora, apenas una hora antes. La senadora de La libertad Avanza (LLA) le pidió al jefe de Gabinete que presente la declaración jurada de sus bienes. «Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido», dijo.

«Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible», expresó a A24.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la convocatoria a la marcha federal para el martes 12 de mayo en reclamo de que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización fue confirmada en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de distintas casas de estudio del país.

La situación más urgente, según el rector, es la salarial. Bartolacci señaló que el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente constituye “lo más angustiante, lo más dramático” del escenario actual, y advirtió que la falta de actualización de los programas de apoyo estudiantil pone en riesgo la continuidad de muchos alumnos en sus carreras.

El reclamo llega después de un largo recorrido institucional que, según describió Bartolacci, incluyó gestiones ante las autoridades nacionales, presentaciones ante el Congreso en dos períodos legislativos consecutivos y acciones judiciales. La ley fue aprobada por mayoría agravada luego de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la vetara en su totalidad, y resistió también un intento de derogación en el marco de la discusión presupuestaria de diciembre pasado para el ejercicio 2026.

“Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina”, sostuvo Bartolacci en referencia a la norma, que fue defendida en dos instancias parlamentarias distintas. A pesar de ello, el rector señaló que el PEN optó por no acatar lo aprobado por el Legislativo, lo que llevó a las universidades a recurrir a la Justicia. Hoy, según indicó, existen fallos que ordenan al Ejecutivo cumplir con la ley, pero tampoco esa vía produjo respuestas concretas.

Ante ese panorama, el presidente del CIN justificó la convocatoria a la movilización como un paso necesario frente al agotamiento de los canales formales. “Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”, afirmó. En esa línea, llamó a que la marcha exceda a la comunidad universitaria y convoque a la sociedad en su conjunto, bajo el argumento de que el acceso a la educación pública de calidad es una garantía que el Estado debe ofrecer a cualquier joven, independientemente de su condición.

La conferencia de prensa reunió a autoridades de varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro. En representación del sector gremial participaron seis agrupaciones: la Federación de Docentes Universitarios, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, entre otras. También estuvo presente la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes a nivel nacional.

Bartolacci cerró su intervención con una referencia explícita al frente judicial abierto por las universidades: “Tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas que la razonabilidad que el Poder Ejecutivo Nacional debería tener, hoy todavía no aparecen”. / Infobae