La formuló un grupo de economistas, que incluye a varios argentinos, que consideran que el Fondo pierde credibilidad con el continuo incumplimiento de las metas de varios gobiernos; qué alternativa sugirió
Con 22 acuerdos firmados -y en su mayoría incumplidos- con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nueve defaults en su historia, la Argentina es un país “excepcional” y no por buenos motivos. Tal vez por esta razón, el FMI le bajó hoy el pulgar a la propuesta de un grupo de economistas para que países como la Argentina, que suelen incumplir sus acuerdos con el organismo, puedan refinanciar sus deudas sin nuevas exigencias, a cambio de pagar una tasa mayor que otras naciones.
El Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF), que incluye a economistas de alto nivel y exministros de Hacienda formuló esta idea, según informó la agencia Reuters. El grupo incluye a tres argentinos: el ex ministro Roque Fernández, al ex viceministro Pablo Guidotti y al experto académico Guillermo Calvo.
La idea, afirmó, limitaría el costo de credibilidad que afecta al Fondo por el incumplimiento serial de países como la Argentina de las metas acordadas en sus programas. De hecho, el Gobierno ahora pretende renegociar las metas del primer trimestre que no cumplió y también las del resto del año, porque afirma que la sequía le impedirá cumplirlas.
Pero la vocera del FMI, Julie Kozack, no tuvo demasiadas contemplaciones en la conferencia de prensa habitual que brinda desde Washington.
“La estamos analizando, pero en general cuando pensamos en la situación reciente y las dificultades de los últimos años, el FMI respondió de manera ágil. De hecho, aprobamos 300 mil millones de dólares en financiamiento para nuestros países miembros”, explicó. El Fondo tiene 190 países socios sobre 194 reconocidos como tales por la ONU.
“Llevamos a cabo diferentes mecanismos, la asignación de DEG, programas de emergencia por la pandemia que brindaron gran liquidez, el fondo fiduciario para la resiliencia, creamos el mecanismo para las crisis alimentarias que se dio por la invasión rusa a Ucrania y permitimos más agilidad en los programas. Fuimos muy ágiles y esa es la metodología que vamos a mantener”, aseguró.
Por otro lado, Kozack reiteró la habitual fórmula diplomática para referirse al estado de las conversaciones con el Gobierno sobre la posibilidad de recibir más recursos: “Hay negociaciones constructivas”, indicó, sin dar detalles, pese a la ansiedad del Gobierno por los vencimientos que operan este mes y las reservas netas negativas del Banco Central.
El CLAAF indicó que “en el caso de un programa fallido, como el caso de Argentina, el FMI se enfrenta a una elección difícil. Para refinanciar un préstamo existente, el FMI puede verse obligado a aceptar un mal programa y ser excesivamente indulgente al otorgar sucesivas exenciones por el incumplimiento de los objetivos del programa”.
De lo contrario, “si no se acuerda un nuevo programa, el FMI no tiene más opción que obligar al país deudor a caer en mora con la institución. Ambas alternativas están lejos de ser óptimas. La primera erosiona la credibilidad del FMI, mientras que la segunda es una especie de “opción nuclear” que puede agravar considerablemente la inestabilidad económica del país involucrado y puede conducir a disturbios sociales y políticos”.
Según este grupo, “para permitir la refinanciación de un préstamo fallido sin obligar al FMI a aceptar programas débiles o inconsistentes, el Comité considera que los préstamos relacionados con programas fallidos deberían ser refinanciados con un recargo (surcharge) de interés, pero sin requerir un nuevo programa del FMI. El FMI debería tener la capacidad de refinanciar, por solo una vez, un préstamo relacionado con un programa fallido mediante un nuevo préstamo con alargamiento de plazos (por ejemplo, con un vencimiento a 10 años), pero sin involucrar un nuevo programa”.
“El recargo de interés representa un costo para el país deudor, pero también es un incentivo para negociar en el futuro un nuevo y adecuado programa. Cuando se acuerda un nuevo programa, el recargo de interés debe ser eliminado”, aclararon.
Además, el grupo le solicitó al FMI que cree un Fondo de Mercados Emergentes de 300.000 millones de dólares que pueda realizar recompras temporales de deuda soberana de países seleccionados con fundamentos sólidos.
En este sentido, los expertos afirmaron que el FMI carece actualmente de las herramientas, la financiación y la flexibilidad necesarias para hacer frente a un contagio financiero, que podría extenderse a los países con buena saluda en una economía mundial inestable, en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania y las tensiones entre EEUU y China.
Roque Fernández, Pablo Guidotti y Guillermo Calvo, los economistas que impulsaron el pedido al Fondo Monetario
“Los mercados emergentes fueron golpeados durante y después de la pandemia. Aunque por el momento hemos pasado lo peor, la lección de la pandemia es que el FMI necesita más potencia de fuego para estar preparado ante la próxima crisis o conmoción mundial”, afirmó Liliana Rojas-Suarez, que lidera el grupo y dirige la Iniciativa para América Latina del Centro para el Desarrollo Global.
Reuters destacó que “la propuesta se conoce en un contexto de creciente tensión entre el FMI y la Argentina, que intenta reestructurar su programa de 44.000 millones de dólares con el organismo con una inflación de casi el 109% y unas reservas de dólares cada vez menores. Los economistas también han advertido del riesgo que suponen los niveles récord de deuda soberana en otras economías emergentes”.
Según el CLAAF, el nuevo fondo “debería ser gestionado por el FMI, pero tener su propio balance, capitalizado con 300.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 20% del total de la deuda soberana internacional pendiente de los mercados emergentes”.
“El capital podría estar respaldado por líneas swap de los principales bancos centrales de los países ricos”, afirmaron.
En este sentido, indicaron que el FMI “sólo debería intervenir en situaciones en las que la probabilidad de una interrupción súbita y sistémica de las entradas de capital en los mercados emergentes sea muy alta y así ayudaría al Fondo a proporcionar liquidez rápidamente en caso de crisis”.
“Con demasiada frecuencia, el FMI tiene las manos atadas ante una crisis financiera. Este nuevo fondo le permitiría desempeñar las funciones de prestamista internacional de última instancia y proporcionar rápidamente la liquidez que necesitan los mercados emergentes”, expresó Rojas-Suárez.
Cabe recordar que el Gobierno firmó el actual programa de facilidades extendidas en marzo del 2022, en lugar del stand by que había negociado el presidente Mauricio Macri en 2018 por USD 57.000 millones.
Apenas asumió, Alberto Fernández suspendió el programa anterior cuando el FMI había desembolsado USD 44.000 millones.
Paradójicamente, ante la sequía y la falta de liquidación de dólares del agro por la alta brecha cambiaria, ahora el Gobierno le reclama al FMI que le otorgue una suma similar a la que rechazó hace cuatro años, cercana a los USD 12.000 millones.
Yacyretá abrió sus compuertas por la crecida del río Paraná
La represa inició maniobras para atenuar el impacto del aumento del caudal, que ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo y podría seguir creciendo en los próximos días.
La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió este lunes sus compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento del caudal del río Paraná. Se trata de maniobras que realizan las autoridades de la represa para atenuar los efectos del incremento del volumen de agua ocasionada por las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.
El Ing. Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, explicó que la tendencia creciente en los caudales afluentes se mantiene tal como habían alertado los organismos especializados en sus pronósticos hidrológicos, y las lluvias ocasionadas por el fenómeno “El Niño”.
A su vez, precisó que con las precipitaciones que se están registrando entre el domingo y este lunes, el caudal afluente está en alrededor de 28.000 m³/s a la altura de Yacyretá, y que todo indica que irá aumentando en los próximos días.
A la par, explicó que la cuenca del río Iguazú, de aporte directo al embalse de Yacyretá, las lluvias superaron cinco veces la cantidad pronosticada, lo que aumentó el caudal de 1.500 m³/s a 9.000 m³/s más 19.000 m³/s de Itaipú significa que están llegando alrededor de 28.000 m³/s a Yacyretá.
En ese sentido, el incremento del caudal del río Iguazú -que se triplicó en menos de 48 horas- obligó a Parques Nacionales y la empresa concesionaria a suspender este lunes el ingreso de visitantes a las Cataratas del Iguazú. Los registros de esta mañana indicaban que por los 275 saltos caían más de 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que representa casi nueve veces el caudal promedio.
El jefe técnico añadió que las inundaciones no se pueden atribuir a la apertura de las compuertas, sino al contrario con las maniobras se está tratando de atenuar el impacto de este fenómeno. “Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto”, indicó.
El Departamento Técnico, a través del área de Hidrología, seguirá monitoreando permanentemente la situación hidrológica del río Paraná, a fin de mantener informada a la sociedad civil y a las autoridades para que puedan tomar las acciones necesarias, indicaron a través de un comunicado.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná
La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.
El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.
El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.
Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.
Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.
El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.
Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.
Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.