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El exdiputado Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión

La fiscalía había pedido 15 años de cárcel para el exlegislador Germán Kiczka, mientras que para su hermano solicitó 12 años.

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El ex diputado provincial Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián, recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió este miércoles el Tribunal Penal N°1 de Posadas, Misiones.

La acusación en el juicio estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Martín Alejandro Rau Antonio Glinka, quienes habían pedido 15 años de cárcel para el ex legislador y 12 para su cómplice.

El abogado Gonzalo de Paula se encargó de la representación del ex diputado, mientras que Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga patrocinaron a Sebastián Kiczka. Los jueces Gustavo BernieViviana Cukla César Antonio Yaya (subrogante) conforman el Tribunal Penal, responsable de hacer justicia.

El alegato acusatorio, con el que se abrió la audiencia, tuvo como fundamentos principales el material encontrado en dos computadoras y un pendrive y las contradicciones en las que incurrió Germán Kiczka durante sus distintas declaraciones.

Este miércoles se conocerá el veredicto en contra de Germán Kiczka, exdiputado de Misiones. (Foto: TN)

Este miércoles se conocerá el veredicto en contra de Germán Kiczka, exdiputado de Misiones. (Foto: TN)

Rau destacó que se trató de un juicio “histórico”. Y tras cuatro horas de exposición de argumentos y de interpretación de pruebas pidió para el ex diputado una pena de 15 años mientras que para su hermano solicitó 12 años. Para graduar las penas, la acusación se basó en el tipo y la gran cantidad de material encontrado en poder de los Kiczka.

En ese sentido, la Fiscalía marcó que en la apertura habían advertido que las defensas intentarían confundir al Tribunal. Esto se sustentaría en dos factores. El primero, la compulsión de Sebastián y su incapacidad de controlarse, por lo que sería el único responsable y que llevaría a una internación y no a una condena. El segundo, que Germán es un perseguido político. “Es un sacrificio cínico”, consideró el fiscal Rau. “Esto se fue corroborando durante las audiencias”, señaló. “Sebastián es el chivo expiatorio de la familia”, agregó más adelante Glinka.

Glinka, en tanto, se dedicó a rebatir el planteo defensivo del exdiputado de que la causa tenía connotaciones políticas. “Nunca hubo persecución política. Hubo ganas de zafar de una persona que comete delitos”, rebatió. En otro momento, Rau reforzó el argumento, recordando que se llegó a los Kiczka a partir de una investigación internacional que identificó datos y metadatos de la conexión a la web que resultó vinculada a ellos.

En ese orden, aseveró que las defensas torcieron los hechos para sostener su teoría del caso, apelando a informes “truchos”. Incluso, apuntó que los acusados cambiaron sus declaraciones indagatorias para ajustarlas a esta maniobra.

Por otro lado, pidió que se acuse de falso testimonio al diputado provincial Pedro Puerta (quien respondió por escrito las preguntas) y a Leonardo Kiczka, padre de los acusados, por haber incurrido en supuestas falsedades en su declaración.

Pasada esta instancia, los acusados tendrán la oportunidad de decir su última palabra. Cumplido la etapa, los magistrados se retirarán a deliberar. Si llegan a un acuerdo, darán de inmediato el adelanto de la sentencia.

La mayoría de las audiencias del juicio se realizaron a puertas cerradas y sin público. Esta medida se tomó en resguardo a la intimidad de las víctimas.

El ex diputado misionero alegó persecución política y negó responsabilidad en los delitos imputados. Foto: Infobae

El ex diputado misionero alegó persecución política y negó responsabilidad en los delitos imputados. Foto: Infobae

La investigación que los involucra comenzó el 16 de enero de 2024. Fue a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition – CRC).

Farrel relató que en coordinación con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés), CRC estaba trabajando en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”. El objetivo era identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. Se adjuntaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. De esta manera llegaron hasta el domicilio del ahora ex diputado misionero y a su hermano.

En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador provincial habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años.

En la primera ampliación de indagatoria que realizó ante el Tribunal, Germán Kiczka dijo que era víctima de una “persecución política”. “El Gobierno sabe que, destruyéndome a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora real de la provincia. Fui el único diputado de 40 que se opuso a leyes nefastas que el Gobierno quería implementar en detrimento de la provincia”, sostuvo.

“Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Bajo juramento, declaro que nunca en mi vida busqué o descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil, ni nada que se le parezca”, agregó.

Kiczka era diputado provincial por el Partido Activar. Tras la suspensión de sus fueros a fines de agosto del año pasado, se fugó. Fue encontrado días después en un camping de la localidad de Loreto, Corrientes. La Legislatura misionera decidió expulsarlo. La resolución fue unánime.

El Tribunal integrado por Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya dictó la sentencia. Foto: Infobae

El Tribunal integrado por Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya dictó la sentencia. Foto: Infobae

Sebastián, en tanto, intentó desvincular a su hermano de lo ocurrido en su primera declaración ante el Tribunal. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, sostuvo con la voz algo quebrada y buscando con la mirada a Germán. El dispositivo fue secuestrado durante la investigación. Y se encontró una sesión a nombre del exdiputado.

El lunes volvió a hablar. “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, alegó. Luego, relató que una noche comenzó a ver este tipo de material en una computadora en la casa de su hermano. “Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”, con material de abuso, relató. El dispositivo, identificado con el nombre Fiat, está incorporado a la causa.

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Embargos por $700 millones a dueños del emprendimiento Las Pirámides por usurpar terrenos de la UNT

El predio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la UNT desde 1948.

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El juez federal Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio en la causa por el emprendimiento inmobiliario Las Pirámides, instalado en terrenos de la Universidad Nacional de Tucumán en San Javier. La resolución también dispuso embargos de $500 millones sobre bienes del padre y de $200 millones sobre los del hijo.

Próspero Sosa, administrador del barrio, fue procesado por usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. A Marcio Sosa se le atribuyó una participación secundaria en la usurpación y en los daños. La decisión no constituye una condena y permite que ambos continúen el proceso en libertad.

El predio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la UNT desde 1948. La investigación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit analiza el loteo, la comercialización de terrenos y las intervenciones realizadas en el área durante el período 2019-2024.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la expansión de las construcciones. Una constatación de abril de 2019 registró 25 viviendas terminadas y una en obra. En abril de 2022 se detectaron 21 viviendas nuevas y un desmonte de gran magnitud; en abril de 2024 se contabilizaron 54 viviendas y, en junio de ese año, un relevamiento georreferenció 70 construcciones.

Para sostener los procesamientos, el magistrado valoró informes de la UNT, Catastro, Renaper, EDET, Enacom y otros organismos. También consideró constataciones judiciales de 2019, 2022 y 2024, relevamientos aerofotogramétricos, datos bancarios, publicaciones periodísticas y en redes sociales, además de documentación de operaciones inmobiliarias.

Respecto de la presunta defraudación, la resolución señala que se acreditó la firma de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. Por lo menos 12 de esas operaciones fueron posteriores a la medida cautelar del 3 de diciembre de 2018, que prohibía nuevas construcciones, ventas de lotes, tala y otras intervenciones en el lugar.

El incumplimiento de aquella orden ya había dado origen a otra causa. El 20 de diciembre de 2024, Próspero Sosa fue condenado a un año de prisión en suspenso y a una multa de $ 30 millones por desobediencia a un funcionario público. Esa sentencia no fue apelada y quedó firme. Las actuaciones actuales son complementarias de ese expediente.

La defensa había pedido que se aplicara el principio de cosa juzgada, al señalar que Sosa ya había sido investigado por usurpación en la causa 315/1998 y sobreseído por prescripción en 2008. La denuncia original había sido presentada por la UNT.

Díaz Martínez rechazó ese argumento porque, según explicó, Las Pirámides no existía en aquel momento. Consideró que las ventas, los desmontes y las construcciones examinados ahora son hechos posteriores y autónomos, correspondientes a 2019-2024.

Después del cierre de la primera causa, Sosa comenzó a desarrollar el emprendimiento. La Universidad volvió a denunciarlo cuando advirtió que se ofrecían lotes mediante redes sociales.

El fallo también desestimó, en esta etapa, la explicación de una posesión derivada de una herencia familiar. Recordó que Catastro rechazó en 2009 un plano de mensura presentado por Sosa para una prescripción adquisitiva y sostuvo que, durante los hechos investigados, no tenía título ni resolución judicial que le reconociera dominio o posesión sobre Las Pirámides.

En cuanto al daño agravado, el juez identificó desmontes, tala indiscriminada, apertura de caminos y modificaciones de la morfología del área protegida. Esas alteraciones, indicó, surgen de las inspecciones judiciales y de la comparación de fotografías aéreas incorporadas al expediente.

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Batalla campal en Los Pocitos: heridos de bala, 13 detenidos y fuga armada

Una violenta disputa vecinal y familiar en el barrio Hipólito Yrigoyen derivó en un feroz tiroteo frente a una escuela. La Policía aprehendió a tres sospechosos de los disparos y a diez personas por atacar a los efectivos.

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Una violenta disputa entre facciones vecinales desató momentos de pánico este domingo en la localidad de Los Pocitos, departamento Tafí Viejo. El enfrentamiento a tiros y armas blancas dejó como saldo tres personas heridas —dos por impactos de bala y perdigonadas, y una mujer apuñalada en el rostro—, además de un cuarto lesionado por una mordedura canina. Tras un amplio despliegue conjunto de fuerzas de seguridad, 13 personas resultaron aprehendidas: tres vinculadas de forma directa con la balacera y otras diez por intentar linchar o entorpecer el accionar de los uniformados.

El grave episodio se desató pasadas las 15:00 sobre la calle Campaña del Desierto al 1100, frente a la Escuela Lina Velárdez, en inmediaciones del barrio y asentamiento Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una discusión entre miembros de las familias Orellana y Yapura escaló rápidamente hasta que se extrajeron armas de fuego y comenzaron a efectuar disparos a mansalva en plena vía pública.

El estado de los heridos

La balacera movilizó a varios móviles de emergencia hacia distintos centros asistenciales:

Un joven de 26 años: Fue alcanzado por perdigonadas en la región lumbar y la zona de la cadera. Tras ingresar inicialmente al Hospital Avellaneda, fue derivado al Centro de Salud y finalmente al Hospital Padilla, donde permanece internado en observación bajo evaluación neurológica, fuera de peligro.

Un joven de 21 años: Presentó lesiones superficiales de arma de fuego en su brazo y hombro. Recibió curaciones en el Hospital Centro de Salud y fue dado de alta médica durante la misma tarde.

Una joven de 28 años: Ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda con una herida cortante en el pómulo derecho. Fue suturada y se retiró con alta médica.

Un cuarto involucrado: Se presentó por sus propios medios en el Centro de Salud con una lesión provocada por una dentellada de perro durante la trifulca, recibiendo asistencia ambulatoria.

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Mató a su vecino de una puñalada en el barrio El Salvador

La víctima fue identificada como Matías Ignacio Jiménez de 25 años. Desde la Fiscalía interviniente se informó que hay dos aprehendidos.

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Por un hecho de sangre donde murió Matías Ignacio Jiménez en el barrio El Salvador, desde la Fiscalía interviniente se informó que la víctima presentaba una herida cortopunzante compatible con arma blanca y dos sujetos quedaron aprehendidos (de 21 y de 23 años).

El hecho tuvo lugar este lunes, al mediodía, y tomó intervención la Unidad Especializada de Homicidios I, al mando de Pedro Gallo, que recibió la información sobre el ingreso sin vida de un masculino, de 25 años, al CAPs ubicado en calle Marina Alfaro y pasaje Einstein de esta ciudad, por heridas con arma blanca a la altura del corazón.

En estos momentos, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se encuentra realizando las pericias correspondientes en el domicilio sito en barrio El Salvador. Participan de las tareas efectivos de la comisaría IV y la división de homicidios.

Según los primeros testimonios víctima y agresor se conocían y que el motivo de la discusión aparentemente habría sido por un trabajo por el cuál se lo quería remunerar mediante repuestos.

El fallecido se desempeñaba como mecánico de motos. El sospechoso habría actuado en complicidad con otros al momento de abordar al occiso en su inmueble.

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